Un juez de la Audiencia Nacional no descarta un ciberataque pese a la negativa de Red Eléctrica
El juez de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, ha decidido abrir una investigación de oficio para esclarecer si el apagón en la red eléctrica española durante la jornada de este lunes, que tuvo repercusión en todo el país, pudo deberse a un sabotaje informático dirigido contra infraestructuras críticas nacionales. En un auto recogido por Europa Press, el magistrado subraya que, aunque por el momento se desconoce el origen del suceso, "el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles" opciones, lo que justifica la apertura de una investigación judicial. Asimismo, se requiere al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración un informe cada uno para que en un plazo improrrogable de 10 días indiquen las causas del inesperado apagón. Además, el juez Calama solicita a la Jefatura de Información de la Policía Nacional la presentación de un informe preliminar sobre los hechos ocurridos este lunes en todo el territorio español, también en un plazo de diez días. El juez detalla que el incidente tuvo lugar sobre las 12:30 horas y afectó a los sistemas tecnológicos que respaldan servicios esenciales como la sanidad, la energía, la industria o el transporte, provocando "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos". En el auto se menciona la información proporcionada por el Gobierno, que indicó que durante cinco segundos se produjo una pérdida repentina de 15 gigavatios de energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 % de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás". Riesgos de "seguridad en cascada" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recuerda que el artículo 573 del Código Penal contempla como terrorismo los delitos informáticos cuya intención sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o alterar el funcionamiento de servicios esenciales. El instructor, en su resolución, analiza el marco legal nacional y europeo sobre protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo, destacando que España incorporó estos riesgos en su legislación antiterrorista. En particular, en el artículo 573.2, en el que inicialmente encajarían los hechos "en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal". Además, Calama ha destacado que "la sociedad se basa cada vez más en un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general". "Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer", explica. Y es que, el magistrado ha asegurado en su resolución que "este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población". Finalmente, el juez recuerda que "el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017...
El juez de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, ha decidido abrir una investigación de oficio para esclarecer si el apagón en la red eléctrica española durante la jornada de este lunes, que tuvo repercusión en todo el país, pudo deberse a un sabotaje informático dirigido contra infraestructuras críticas nacionales. En un auto recogido por Europa Press, el magistrado subraya que, aunque por el momento se desconoce el origen del suceso, "el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles" opciones, lo que justifica la apertura de una investigación judicial. Asimismo, se requiere al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración un informe cada uno para que en un plazo improrrogable de 10 días indiquen las causas del inesperado apagón. Además, el juez Calama solicita a la Jefatura de Información de la Policía Nacional la presentación de un informe preliminar sobre los hechos ocurridos este lunes en todo el territorio español, también en un plazo de diez días. El juez detalla que el incidente tuvo lugar sobre las 12:30 horas y afectó a los sistemas tecnológicos que respaldan servicios esenciales como la sanidad, la energía, la industria o el transporte, provocando "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos". En el auto se menciona la información proporcionada por el Gobierno, que indicó que durante cinco segundos se produjo una pérdida repentina de 15 gigavatios de energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 % de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás". Riesgos de "seguridad en cascada" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recuerda que el artículo 573 del Código Penal contempla como terrorismo los delitos informáticos cuya intención sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o alterar el funcionamiento de servicios esenciales. El instructor, en su resolución, analiza el marco legal nacional y europeo sobre protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo, destacando que España incorporó estos riesgos en su legislación antiterrorista. En particular, en el artículo 573.2, en el que inicialmente encajarían los hechos "en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal". Además, Calama ha destacado que "la sociedad se basa cada vez más en un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general". "Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer", explica. Y es que, el magistrado ha asegurado en su resolución que "este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población". Finalmente, el juez recuerda que "el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017...
