Autolesiones en un centro de menores migrantes inseguro: los problemas de la red canaria de acogida se enquistan

La aprobación en el Congreso del traslado obligatorio de menores migrantes a la Península ha apaciguado el debate político sobre la acogida. Sin embargo, las deficiencias del sistema de protección en Canarias siguen sumando ejemplos. El Gobierno autonómico ha ordenado el cierre de un centro instalado en Playa Honda, Lanzarote, por no reunir los requisitos mínimos de habitabilidad. Se trata del segundo dispositivo clausurado en la isla en menos de un año. Los dos estaban dirigidos por la misma persona y, en ambos casos, se concluyó que no se trataba de espacios seguros para los jóvenes, entre los que se detectaron casos de autolesiones y problemas de salud mental.

La entidad responsable del recurso es la Asociación SOS Emergencias Canarias Sociosanitaria Volcán Timanfaya. La Dirección General de Protección a la Infancia le adjudicó el último contrato en marzo de 2025 por 791.370 euros a ejecutar en seis meses. El contrato establecía la obligación de la entidad de ofrecer atención inmediata a los menores, alojamiento, manutención, atención 24 horas para urgencias y apoyo personal. La asociación también tenía el deber de dar apoyo individualizado a los jóvenes, regular su documentación, enseñarles español y favorecer su autonomía. Estas obligaciones plasmadas en el papel contrastan con lo que los jóvenes aseguran haber vivido en el dispositivo.

Según ha revelado un escrito remitido a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, estos requisitos no se cumplían. El documento, elaborado a raíz del testimonio y las imágenes mostradas por un usuario y a las que ha tenido acceso este periódico, advirtió de una posible situación de desprotección infantil en el centro Volcán de Timanfaya. El joven enseñó varios vídeos que evidencian el mal estado de las instalaciones del centro y episodios de autolesiones entre los menores. 

En ellos puede verse a un menor con cortes y sangre en los brazos, ausencia total de agua en los baños, puertas rotas, paredes agujereadas y cables sueltos. “Infringe abiertamente las obligaciones de la acogida de los menores migrantes, sin que el centro reúna las condiciones de un entorno seguro”, alertó el escrito elaborado por una abogada de Lanzarote.

Desde la Dirección General de Protección a la Infancia han confirmado a este periódico que todos los menores acogidos en Volcán de Timanfaya ya han sido reubicados en otros recursos de Canarias. Asimismo, aseguran que la orden del cierre fue anterior a estos vídeos y que se acordó “a raíz de una inspección propia” del Ejecutivo autonómico. 

El contrato firmado en marzo con esta organización especificaba que la vigencia del contrato quedaba condicionada “a la permanencia de la declaración de emergencia”. Preguntadas por si la entidad tendrá que devolver el dinero, fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia aseguran que el dinero para la atención de los menores no acompañados se paga “mes a mes”. 

Un mismo director 

El director de este recurso también fue responsable de la conocida como Casa del Mar. En verano de 2024, con la red de acogida saturada, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a cerrar este centro abierto por la vía de emergencia. Dos abogadas presentaron también ante la Fiscalía una denuncia por desprotección infantil ante el mal estado y la suciedad de las instalaciones, la distribución de ansiolíticos entre los menores de edad y los episodios de violencia física y verbal sufrida por parte de algunos trabajadores de la Fundación SAMU. 

La Casa del Mar tenía capacidad para 25 personas, pero llegaron a hacinarse en el edificio 64 menores en 20 habitaciones. La calidad de la comida era “pésima”, los baños estaban sucias, las ventanas rotas y había cables pelados y sueltos por encima de las literas. En las paredes había pintadas que decían “comida mala” o “SAMU, por favor, dame papeles”. Los testimonios de trabajadores y usuarios recogidos entonces subrayaron que algunos jóvenes mezclaban ansiolíticos como Rivotril o Diazepam con bebidas energéticas y alcohólicas como mecanismo de evasión, sin que la dirección tomara ninguna medida al respecto. 

“No se entiende cómo se premia la pésima gestión de un centro denunciado por insalubridad”, critica el escrito enviado a la Fiscalía por el caso de Volcán de Timanfaya. Este texto informó al Ministerio Público de que había problemas de salud mental entre los niños, adicciones que no estaban siendo tenidas en cuenta, depresiones agudas, autolesiones y casos de diabetes. En el centro tampoco se promocionaba el acceso a las actividades lúdicas, formativas, deportivas ni culturales. “Se incumple reiteradamente la obligación de prestar atención integral a los menores, educativa y sanitaria”, especifica.

El Volcán de Timanfaya se suma a la lista de centros de emergencia abiertos en las islas sin garantías. Esta herramienta permite crear nuevos recursos de acogida con rapidez, pero obstaculiza los controles y la fiscalización del dinero. Las denuncias por una acogida deficiente “implican la falta de un adecuado control o de inspección del funcionamiento de los mismos por parte de las administraciones competentes”, valoró Amnistía Internacional en su último informe, publicado en marzo.

La organización de derechos humanos aboga por el traslado de jóvenes a la Península para aliviar el colapso de la red canaria. Sin embargo, insta a las autoridades a mejorar los procedimientos propios mientras se cristaliza este acuerdo político. La reubicación de menores en todas las comunidades autónomas, a través de la reforma de la Ley de Extranjería, ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. 

Uno de los flecos pendientes pasa por debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la redistribución. Estas claves se fijarán en la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que están representadas todas las autonomías. Estaba prevista para este lunes, pero fue aplazada por el gran apagón que sacudió a la Península.