Apagón eléctrico y ocaso político

El apagón eléctrico del lunes pasado ha venido a poner de relieve la creciente y cada vez más insoportable crisis de gobernabilidad de nuestro país y viene  a anunciar un ocaso político tan evidente como probable y deseablemente próximo. Una clara característica del socialismo del siglo XXI ha venido siendo la renuncia a los razonables modos de gobernar -no a sus defectos que también los tuvo-  de la época de Felipe González, para regresar a los vicios radicales del PSOE prosoviético de principios del siglo XX.

Hacia mediados del pasado siglo, un famoso economista socialista norteamericano, John Galbraith, publicó con  éxito,  un libro titulado El nuevo estado industrial (1967), en el que brindaba a la literatura económica un nuevo, interesante y vigente  concepto, la tecnoestructura, aunque su proyección social y política -tal y como la desarrollaba- fue desmentida por los hechos. La tecnoestructura galbraithiana, estaba integrada por los profesionales de diversas especialidades -ingenieros, economistas, abogados, etc…– que conformaban la gestión de las grandes empresas. Desde entonces se fue asumiendo que la calidad de las tecnoestructuras determina el éxito de las empresas, para más tarde trasladarse dicho supuesto también a la gestión pública.

Reducir el tamaño del Estado a lo verdaderamente necesario y fortalecer su gestión mediante equipos que contaran con la máximas competencias profesionales

Ante el impresionante despertar de economías asiáticas como Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, volvió a ponerse de moda el papel de las tecnoestructuras -ahora públicas-  para explicar el éxito de las naciones. Al efecto, dos grandes expertos de la economía internacional -exeditor y exdirector de The Economist-  J. Michkethewait  y A. Wooddrie, publicaron un ensayo, La cuarta revolución: La carrera global para reinventar el Estado (2015) en la que exponían la necesidad de -imitando las buenas prácticas de países como Singapur, Suecia y Canadá- reducir el tamaño del Estado a lo verdaderamente necesario y fortalecer su gestión mediante equipos que contaran con la máximas competencias profesionales.

En España resulta evidente, porque salta a la vista, que las más brillantes etapas de desarrollo económico y social estuvieron vinculadas a la calidad meritocrática de las tecnoestructuras de la gestión pública. Es de común conocimiento que el nivel profesional de la gestión pública comenzó a decaer con Zapatero para alcanzar con Sánchez niveles tan bajos como desconocidos en la España contemporánea. La confianza -ciega- al partido y sobre todo a su líder, el pago de favores y las meras relaciones familiares y personales  han sustituido a cualquier criterio de idoneidad profesional para ocupar y ejercer puestos de responsabilidad en las administraciones públicas. Los perfiles académicos y profesionales de la mayor parte del gobierno -incluido su presidente- y altos, medios y bajos  cargos de la administración del Estado, nunca han sido tan mediocres como ahora, ni la simulación de currículos, más común.

El Tribunal Constitucional -libre de electricistas, por ahora- sí está integrado por profesionales del Derecho al servicio del presidente del Gobierno y alejados de cualquier inciativa de  libertad para actuar en conciencia

¿Sabrá, hoy mismo, la presidenta de Red Eléctrica de la existencia e incluso la fórmula de la Ley de Ohm, que desde hace más de dos siglos es la gran ley de la electricidad? Sí se sabe que, como registradora de la propiedad, es docta en leyes que nada tienen que ver con el objeto principal de su actual responsabilidad. Puesto que en Red Eléctrica recae la responsabilidad central, máxima e indelegable de nuestro sistema eléctrico -cuya importancia no hace falta reseñar- ¿no sería tan necesario como lógico, que por decencia y respeto al ciudadano, recayera en profesionales competentes y reconocidos como tales? ¿Sería lógico o mínimamente serio que una gran institución, como el Tribunal Constitucional, estuviera presidido por un ingeniero electricista?

La característica más sobresaliente del actual gobierno es la mediocridad académica y profesional de la mayor parte de sus miembros, lo que explica los pésimos resultados de su gestión: los peores, con  datos en mano,  de nuestra historia en tiempos de paz. Si embargo se dan algunas excepciones; por ejemplo,  el Tribunal Constitucional -libre de electricistas, por ahora- sí está integrado por profesionales del Derecho, eso sí, al servicio de las órdenes del presidente del gobierno y alejados de cualquier libertad para actuar en conciencia profesional.

Al estilo de la Constitución rusa

Y si resulta pésimo que la administración del Estado esté en manos indocumentadas, no es mejor que ciertos  supuestos servidores muy documentados también lo estén. Cabe recordar que el muy docto y reconocido jurista Jiménez de Asúa utilizó su saber hacer para redactar la Constitución de nuestra 2ª República mediante un corta y pega de la soviética, la revolucionaria de México y la búlgara. Su sabiduría no alcanzó a tomar en consideración la más importante constitución escrita de la historia, la de EEUU, como una referencia a tener en cuenta. Y el resultado de su “docta” labor no pudo ser más desastroso.

El apagón de la semana pasada ha venido a poner de manifiesto que cuando la mediocridad se apodera de la política y las escasas capacidades profesionales afines que pueden existir están dedicadas obsesivamente a cuestionar el Estado de Derecho a las órdenes de un presidente del Gobierno, autodeclarado autócrata, al despreciar públicamente tanto el poder legislativo como el judicial, estamos ante un evidente ocaso de la política, entendida como el arte de gobernar para el bien común.

Sortear permanentemente el Estado de Derecho, mediante un tribunal constitucional al servicio de concesiones insostenibles a declarados enemigos, mayormente confesos culpables de grave delitos,  de  las leyes y la Constitución

La actual etapa de gobierno, liderada por Sánchez, se está cateterizando por la conjunción simultánea de tres perversas políticas, a cada cual peor: la socialización de la economía, la mediocridad de la gestión pública y el desprecio al Estado de derecho. La primera no deja de cosechar pésimos resultados en renta per cápita, empleo y endeudamiento público. La segunda contribuye  muy eficazmente al deterioro -frente a las grandes mejoras del  pasado- de las infraestructuras y recursos públicos, con el “apagón eléctrico” como singular epítome; así  como a las consabidas corruptelas con familiares, afiliados y allegados que incapaces de buscarse la vida dignamente, no solo viven del Estado, sino que además encima lo perjudican. La tercera trata de sortear permanentemente el Estado de Derecho, mediante un Tribunal Constitucional al servicio de concesiones insostenibles a declarados enemigos, mayormente confesos culpables de grave delitos,  de  las leyes y la constitución.

Todo lo dicho prefija dos horizontes finales, a cual peor: nuestra democracia republicana fallida del pasado siglo y la Venezuela del presente, tan bien vista y tratada por nuestro socialismo del siglo XXI.

Tres baluartes defensivos

Afortunadamente, frente a los citados tres frente políticos que están asolando España, gozamos de tres baluartes defensivos infranqueables: una Constitución resistente a su demolición, una Unión Europea en la muchos de nuestros desmanes no encajan y una opinión pública que, en unas próximas elecciones -si se moviliza cívicamente- debería hacer imposible una nueva alianza frankenstein como la de ahora.

Es muy triste reconocer que lo descrito, incluidas las crecientes y abrumadoras  corruptelas de todo tipo, mayormente muy próximas  -familiar y políticamente- al presidente del Gobierno, sigan contando -al parecer- con  muchos potenciales votantes; pero, seguramente insuficientes para evitar el ocaso político que ha venido a proclamar el apagón eléctrico.