Así impactará la reducción de jornada: más en las islas, Cataluña y Madrid que en el resto de España

La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas aprobada este martes entra ahora en el Congreso sin apoyos garantizados. El Gobierno quiere que las empresas adapten sus convenios este año para que entre en vigor ya en 2026, afectando a un "más de 12 millones de trabajadores del sector privado", pero su impacto será desigual por sectores y regiones. 

BBVA Research estima un mayor impacto del cambio de normativa en la industria y la construcción especializada, por ser los sectores donde más horas se trabajan, así como en aquellos con problemas para encontrar trabajadores, que a día de hoy cada vez son más. En todo caso, serán las regiones especializadas en servicios las más afectadas.

En particular, se espera un afectación superior en las islas (Baleares y Canarias), Madrid y Cataluña, donde, según los cálculos de BBVA Research, se concentran una mayor proporción de trabajadores con jornadas más largas. En estas comunidades el porcentaje de asalariados que trabajan más de 37,5 horas supera la media nacional, ubicada en el 54%.

En concreto, calcula que en Baleares y Canarias el 60% de los asalariados declaran una jornada semanal de trabajo mayor que 37,5 horas, tanto efectiva como pactada; mientras que en Cataluña y Madrid oscila entre el 58% y el 57%. También señala que el "grueso" de los asalariados que trabajan más de 37,5 horas están entre 38,5 y 40 horas semanales.

BBVA Research ya lo advertía en sus últimas proyecciones para estas regiones. En la presentación de las de Madrid, recientemente actualizadas, Miguel Cardoso, economista jefe para España en el servicio de estudios de la entidad financiera, advirtió de que puede ser una de las regiones que "más se vea afectada por los cambios en la jornada laboral". 

Golpe a la pequeña empresa

Además, Cardoso señaló que "puede afectar particularmente a las empresas pequeñas, donde sea difícil aumentar la productividad para compensar el aumento de costes laborales". Fedea también alertó de mayores efectos adversos en las empresas más pequeñas, "donde las indivisibilidades son más importantes" y "los márgenes de beneficio más ajustados".

En Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, preocupa esa mayor afectación, especialmente en sectores como las actividades inmobiliarias, la hostelería o el comercio, donde "más del 90%" de los asalariados superan las 37,5 horas. Por el contrario, señalan que en la administración pública y las finanzas y seguros solo se reducirá la jornada a menos del 10% de los asalariados.

En un informe publicado el pasado año sobre la reducción de la jornada planeada por el Gobierno, Fedea destacaba las dificultades en determinados sectores como el turismo, la hostelería y el comercio, en los que "la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar".

Finalmente, las empresas que operan en mercados globales "pueden afrontar desventajas competitivas si su coste laboral aumenta en comparación con aquellos en países con jornadas laborales más largas", advertía la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

Impacto en empleo y PIB

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, advirtió hace un año de que imponer la reducción de la jornada laboral “sin suficiente flexibilidad para las empresas” puede tener “repercusiones en sus costes laborales, en su competitividad y en su dinámica de creación de empleo futuro”.

Desde Funcas también señalaron hace ya meses de que reducir la jornada por ley produce un incremento de costes laborales al mantener los salarios que, en algunos sectores tensionados donde no se encuentran trabajadores, puede generar problemas. En este contexto, las empresas ya han hecho un uso récord de las horas extra en el último año.

CEOE estima un incremento de costes de entre 21.000 y 23.000 millones de euros como consecuencia de la reducción de la jornada. Cardoso explica que hay distintas formas en que las empresas pueden absorberlo: con menos empleo, con una bajada de los salarios, o con cargo a sus márgenes. En este sentido, los economistas apuntan a la primera opción.

Los expertos han advertido de que la medida amenaza con frenar la creación de 200.000 nuevos empleos el próximo año. Asimismo, han alertado de que esto tendrá un impacto negativo de unas seis décimas en el crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

'Descafeinar' en el Congreso

Los empresarios, representados por CEOE, defienden que "una reducción de la jornada acordada en la negociación colectiva puede ofrecer beneficios equilibrados, permitiendo una adaptación más suave y efectiva a las necesidades tanto de empresas como de personas trabajadoras". 

El anteproyecto de ley plantea la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores no sólo para cambiar el máximo legal de jornada laboral hasta las 37,5 horas, sino también para reforzar los derechos a la desconexión digital y el registro horario, y para endurecer el régimen sancionador, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

También aplica a los empleados a tiempo parcial, pues aquellos que trabajen 37,5 horas o más deberán ser considerados asalariados a tiempo completo y a todos se les aplicará un incremento proporcional de su salario o, en su defecto, una reducción proporcional de jornada manteniendo el sueldo.

En este sentido, desde el Gobierno asumen que se introducirán cambios relevantes en el texto una vez entre en el Congreso, como las ayudas a las empresas y la flexibilidad que los expertos recomiendan, al entender que será la forma de acercar posturas y recabar los apoyos necesarios para aprobar definitivamente la norma.

Economía ya aseguró en enero que "el Gobierno es consciente de que, en la tramitación parlamentaria, el texto podrá someterse a modificaciones para tener en cuenta la realidad parlamentaria y de las empresas, especialmente de las pymes, siendo oportuno barajar medidas de flexibilidad y acompañamiento para que la reducción de jornada sea una realidad efectiva cuanto antes". 

El Gobierno tendrá que negociar fundamentalmente con Junts, para que apoye o al menos se abstenga en la votación de la reducción de la jornada. Si Junts se niega a apoyarlo o abstenerse, la única alternativa que tendría el Ejecutivo para sacar adelante la medida sería la abstención del PP.