«Ha dicho en la cárcel que…»: Patricia, madre de Gabriel Cruz, revela la estremecedora amenaza de Ana Julia

Una madre que clama justicia.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha vuelto a alzar la voz ante los medios para denunciar lo que considera un abandono por parte de las instituciones judiciales y penitenciarias. Acompañada por la indignación y el dolor, ha señalado posibles irregularidades en la cárcel de Brieva, donde Ana Julia Quezada —condenada por el asesinato de su hijo— cumple cadena perpetua revisable. Ramírez sostiene que no solo está en riesgo su seguridad, sino también la dignidad de las víctimas, al permitir situaciones que, según afirma, vulneran sus derechos.

La madre asegura que desde mayo ha recibido información sobre “relaciones irregulares” dentro del penal, además del uso indebido de “teléfonos y el dinero que se le entregaron en los vis a vis” por parte de Quezada. Denuncia que estos recursos podrían haber sido empleados para continuar con un documental sobre su hijo sin su consentimiento.

“Desgraciadamente a nuestros asesinos se les ha convertido en famosos y fruto de ello estamos teniendo las consecuencias que nos acontecen”, señala, aludiendo al dolor añadido que genera esta exposición mediática. Convencida de que su papel es resistir, afirma: “como madre de Gabriel… defenderé siempre” los derechos que siente que les están siendo negados.

Amenazas desde el encierro.

El pasado 31 de diciembre, Ramírez presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras enterarse de que Quezada habría expresado intenciones de venganza en su contra. Según su relato, la interna habría dicho que “me quiere matar” por haber detenido el avance del polémico documental. La madre ha hecho público su temor ante posibles represalias no solo de la condenada, sino también de personas vinculadas a su entorno.

Ramírez asegura que no cesan las amenazas. “Las amenazas las profiere quién se llevó por delante a mi hijo”, declaró visiblemente afectada. Aterrada ante la posibilidad de ser localizada, incluso a través de terceros, justifica su denuncia por la necesidad urgente de sentirse protegida. “No vivo, no me dejan vivir”, expresó entre lágrimas, describiendo el impacto psicológico que estas circunstancias le generan.

Una red de favores y secretos.

Las sospechas no terminan en las amenazas. Ramírez menciona que fuentes cercanas le han revelado pagos y posibles relaciones íntimas dentro de la cárcel que podrían haber facilitado el uso de teléfonos móviles. “Espero que la Fiscalía me llame… estaré gustosa de darle la lista de fuentes y todos los documentos que tengo”, aseguró. Aunque subraya que la vida privada de la reclusa no es su preocupación, sí exige que cualquier consecuencia que afecte a las víctimas sea investigada hasta el final.

Además, solicita que se reformen las leyes para proteger a quienes han sufrido delitos violentos fuera del marco de la violencia de género. “Aunque yo no sea víctima de violencia de género, pueden hacerme el mismo daño”, reclama. Su llamado no es solo por ella, sino por todas las víctimas que sienten que el sistema no las ampara debidamente.

Impunidad disfrazada de espectáculo.

Esta comparecencia se da tras conocerse que dos funcionarios están siendo investigados por haber mantenido relaciones sexuales con Quezada, presuntamente a cambio de privilegios como el uso de un teléfono móvil. Se habla incluso de grabaciones utilizadas para obtener beneficios penitenciarios. La madre de Gabriel expresa su indignación ante la falta de respuesta institucional, recordando que fue ella quien denunció estos hechos hace un año.

“Me parece denigrante la desprotección hacia las víctimas”, lamenta. Para Ramírez, cada avance mediático sobre el caso de su hijo se traduce en un nuevo dolor, un recordatorio constante de su pérdida. “¿A costa de qué se le está dando tanta fama?”, se pregunta con amargura. En su opinión, se comercializa con el sufrimiento de los afectados mientras quienes deberían protegerlos permanecen en silencio.

Ocho años después, aún espera protección.

Tras casi una década desde el crimen de Gabriel, Patricia Ramírez sigue esperando un trato justo. Pide que se respete la privacidad de las víctimas, que no se realicen entrevistas ni publicaciones sin consentimiento, y que se controle con firmeza el uso de móviles en prisión. “Me consta que son varios e incluso que presumiblemente se alquilan”, afirma, aludiendo a prácticas que pondrían en riesgo la seguridad y el respeto a la legalidad.

Con su testimonio, Ramírez no solo busca justicia para su hijo, sino también encender un debate urgente sobre cómo se trata a las víctimas en este país. Reclama medidas reales, efectivas, y una sociedad que deje de revictimizar a quienes ya han perdido todo. ¿Le escucharán esta vez?