La admisión de un fallo por Red Eléctrica abre la vía de las reclamaciones patrimoniales al Estado

La causa del histórico apagón que vivió España será determinante para las reclamaciones que puedan efectuar las entidades, empresas y familias afectadas. Así lo apuntan desde diferentes bufetes y fuentes vinculadas a la gestión de infraestructuras críticas, incidiendo en que el trasfondo del fallo de generación solar al que se ha referido la propia Red Eléctrica (Redeia) este martes puede abrir la puerta a una ofensiva legal de afectados contra la Administración Pública a nivel general.

Y es que no necesariamente sería Redeia la que habría de acabar respondiendo dependiendo de cuáles sean las causas tras deficiencias técnicas como las ya constatadas por la misma empresa semipública, que ha descartado que el motivo haya sido un ciberataque como investiga la Audiencia Nacional.

La hipótesis principal de Red Eléctrica en estos momentos choca de hecho con la posición del presidente del Gobierno, que ha ordenado una investigación paralela a través del ministerio de Transición Ecológica sin descartar ninguna alternativa, ni siquiera la de un sabotaje. 

De primeras, Pedro Sánchez se ha referido a la empresa controlada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales como "operador privado", apuntando que se exigirán "las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados". 

Si se determina que hubo una deficiencia en el sistema eléctrico achacable a falta de inversiones -y es un hecho del que se han quejado ya las propias distribuidoras-, Red Eléctrica podría alegar que ha tenido las 'manos atadas' para acometer aquello que hubiera prevenido este colapso"

"Si se determina que hubo una deficiencia en el sistema eléctrico achacable a falta de inversiones -y es un hecho del que se han quejado ya las propias distribuidoras-, Red Eléctrica podría alegar que ha tenido las 'manos atadas' para acometer aquello que hubiera prevenido este colapso", señala un abogado de Público.

"Red Eléctrica no puede construir subestaciones allá donde quiera: está sujeta a una planificación del transporte vinculante desde el Congreso de los Diputados", añade. Actualmente se encuentra en vigor en España el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, sometido al Congreso de los Diputados el 24 de febrero de 2022.

A ello cabe sumar, según otras fuentes jurídicas, las potestades concretas del Gobierno en materia de planificación eléctrica. El Ejecutivo es el responsable de fijar, a través del Consejo de Ministros, los criterios que regulan los márgenes de inversión, tanto de Red Eléctrica sobre la red del transporte de la electricidad, como de Endesa, Iberdrola y Naturgy, sobre la red de distribución. 

A lo que se añade que la CNMC -de nuevo, sector público-, es responsable de la fijación concreta de los costes regulados, según le cedió el Ministerio de Industria. Y aunque Sánchez ha subrayado este martes el componente privado de Red Eléctrica, se trata de una empresa semipública que opera en régimen de monopolio en un mercado regulado, traslada Francisco de la Torre, inspector de Hacienda que estuvo destinado en la unidad de arbitrajes internacional de la Abogacía del Estado.

Transición Ecológica advirtió la necesidad de incrementar la inversión

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reivindicaba en una respuesta parlamentaria del pasado mes de marzo haber iniciado, en junio de 2024, una consulta pública previa de cara a la modificación de los límites de inversión en redes vigentes desde el Real Decreto 1047/2013 "ante la fuerte previsión de incremento de la demanda".

"Los límites actuales como porcentaje del PIB nominal fueron fijados en un momento muy diferente al actual, por lo que estos límites están siendo, ahora mismo, objeto de estudio", ha esgrimido el ramo que encabeza Sara Aagesen.

En función del reparto de responsabilidades, se podría entrar en el terreno de una eventual Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), si bien lo anterior dependerá de que se pruebe o no la existencia de un fallo o deficiencia técnica

En este contexto, la acreditación de la causa del siniestro podría abonar el terreno a una eventual Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): lo anterior dependerá de que se pruebe o no la existencia de un fallo o deficiencia técnica sujeto a un déficit de inversiones o gestión negligente, y de la responsabilidad tras lo anterior dentro de los diferentes niveles del sistema eléctrico.

En caso de que las diferentes investigaciones en marcha no encuentren la causa y se acabe asignando a la figura de la fuerza mayor, sería el Consorcio de Compensación de Seguros el que asumiría las posibles reclamaciones. Las primeras estimaciones han apuntado a un impacto económico de hasta una si no varias décimas del PIB, esto es, de varios miles de millones de euros, al margen del plan de choque que pueda emprender el Gobierno.