Empresas y entidades recurren al Tribunal Constitucional los bloqueos de LaLiga

RootedCON y otras empresas recurren al Constitucional los bloqueos masivos de LaLiga. ¿Cómo afecta a webs y derechos digitales? Descúbrelo aquí.

May 16, 2025 - 23:42
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Empresas y entidades recurren al Tribunal Constitucional los bloqueos de LaLiga

LaLiga

El conflicto entre entidades tecnológicas y LaLiga ha llegado a un nuevo nivel con la presentación de un recurso de amparo por parte de RootedCON y otros afectados ante el Tribunal Constitucional. La medida se produce tras varios meses de bloqueos masivos de direcciones IP dictados por sentencias judiciales a instancias de LaLiga y Telefónica, que buscan combatir la emisión ilegal de partidos de fútbol.

Estos bloqueos no solo han impactado a webs presuntamente infractoras, sino que también han arrastrado a numerosos servicios y páginas completamente legales, desde tiendas online y foros, hasta plataformas como Steam, X, Redsys e incluso sitios institucionales como el Ayuntamiento de Madrid o páginas de administraciones públicas. El problema reside en el uso de IPs compartidas, donde el cierre sobre una sola dirección termina afectando a cientos o miles de webs ajenas a la piratería.

Un recurso por derechos fundamentales y petición de medidas cautelares

RootedCON, organizadora de uno de los mayores congresos de ciberseguridad en España, junto a empresas como Cloudflare y diversos usuarios, han decidido actuar tras agotar otras vías judiciales infructuosas. El juzgado mercantil de Barcelona rechazó previamente sus recursos, considerando que no se acreditaba perjuicio alguno, y dictó sentencia firme al respecto. Dicha sentencia respaldaba la orden de bloqueo a nivel nacional de miles de direcciones IP, siguiendo la estrategia trazada por LaLiga bajo la dirección de Javier Tebas.

CloudFlare

El recurso de amparo al Tribunal Constitucional denuncia que las medidas judiciales adoptadas carecen de proporcionalidad, transparencia y garantías, restringiendo el acceso a usuarios legítimos y sentando un grave precedente para derechos como la libertad de expresión e información, protegidos en la Constitución Española. La esperanza es que la resolución del Tribunal Constitucional ayude a equilibrar estos derechos y garantice un uso más justo y proporcional de estos bloqueos.

Efectos colaterales y debate social

La afectación no solo se limita a usuarios individuales o negocios digitales: medios de comunicación, plataformas de domótica, foros populares y recursos esenciales han visto interrumpido su funcionamiento durante horas e incluso días, especialmente los fines de semana con partidos de fútbol. Los informes técnicos presentados en los recursos evidencian pérdidas económicas, perjuicios reputacionales y vulneración de derechos en cascada que se agravan con cada nueva jornada de bloqueos.

Según argumentan los recurrentes, el sistema judicial ha pasado por alto los derechos fundamentales en beneficio de la lucha contra la piratería. La negativa del juez a valorar la gravedad del impacto en la sociedad digital ha hecho que muchos consideren este tipo de órdenes «prácticas propias de regímenes autoritarios», como advierte RootedCON en sus comunicados.

Respuestas de LaLiga y reacción política

LaLiga, por su parte, sostiene que las medidas están amparadas en la legislación vigente sobre propiedad intelectual y que la actuación judicial confirma que no se vulneran garantías ni se han acreditado perjuicios directos a los demandantes. El organismo insiste en que la resolución judicial ha sido firme y ajustada a derecho, por lo que manifiestan respeto a la decisión de los afectados de acudir al Tribunal Constitucional, aunque recuerdan que aún debe pasar el trámite de admisión.

El asunto ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. El diputado Néstor Rego (BNG) ha presentado una iniciativa instando al Gobierno a valorar la legalidad y el impacto de los bloqueos, exigiendo mayor control y transparencia en la red y el respeto a los derechos digitales. Mientras tanto, las administraciones y el sector tecnológico siguen sin una respuesta clara por parte del Ministerio de Transformación Digital.