Bruselas lleva a España ante la justicia europea por el retraso en la vigilancia a los gigantes tecnológicos
España se enfrenta a una multa por no dotar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de los poderes necesarios para aplicar la legislación digitalLa UE amenaza con impuestos a las 'Big tech' como Meta o Google si fracasan las negociaciones con Trump La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el retraso en aplicar la normativa para vigilar a los gigantes tecnológicos. Bruselas, que ya apercibió a España hace cinco meses con la apertura de un procedimiento de infracción, reprende a España por no haber dotado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de los poderes necesarios para aplicar la legislación digital (DSA). La DSA es una norma que aprobó la UE en 2022 con el objetivo de regular la actividad online y pone el foco, especialmente, en las obligaciones que tienen las grandes plataformas, como Google, Meta, X o TikTok, entre otras en el control de las conductas irregulares. Para la correcta implementación de la normativa, los estados miembros tenían que trasponer la legislación (España lo hizo en 2023) y designar una autoridad nacional que se encargue de la aplicación de la normativa y, en último término, de fiscalizar a las grandes tecnológicas. El Gobierno designó a la CNMC como el organismo encargado de esa labor. Sin embargo, no ha dotado al organismo de la suficiente capacidad. El tiempo límite que dio la UE a los estados miembros para tener listo el sistema era el 17 de febrero de 2024 y, en diciembre, la Comisión Europea dio un primer tirón de orejas a varios países por no haber cumplido. Ahora lleva a España, República Checa, Chipre y Portugal ante el TJUE por no haber dotado de poderes a sus 'vigilantes' y a Polonia por no haberlo siquiera designado. Se enfrentan a multas, aunque los procesos administrativos llevan tiempo. “El nombramiento de la CNMC como coordinador nacional se encuentra actualmente en trámite parlamentario en el Anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que fue presentado a primera vuelta en el Consejo de Ministros y a audiencia pública el pasado mes de marzo”, señalan desde el Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López. Los cambios legislativos dotarán a la CNMC de facultades de supervisión, investigación y sanción sobre las grandes tecnológicas, a las que podrá solicitar acceso a sus bases de datos, a sus algoritmos de recomendación de contenidos y publicitarios y ordenar inspecciones para cumplir con la DSA. El incumplimiento de la normativa europea puede conllevar de multas de hasta el 6% de su facturación mundial. Desde que la DSA está en vigor, Bruselas ha abierto varias investigaciones a las 'Big Tech' por su incumplimiento, como X, Meta o TikTok, entre otras, por no luchar contra la desinformación, posibles injerencias en las elecciones, o vulneraciones en los sistemas vinculados con la publicidad, entre otras cosas. La normativa digital se ha convertido en uno de los caballos de batalla de Donald Trump contra la UE.
España se enfrenta a una multa por no dotar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de los poderes necesarios para aplicar la legislación digital
La UE amenaza con impuestos a las 'Big tech' como Meta o Google si fracasan las negociaciones con Trump
La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el retraso en aplicar la normativa para vigilar a los gigantes tecnológicos. Bruselas, que ya apercibió a España hace cinco meses con la apertura de un procedimiento de infracción, reprende a España por no haber dotado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de los poderes necesarios para aplicar la legislación digital (DSA).
La DSA es una norma que aprobó la UE en 2022 con el objetivo de regular la actividad online y pone el foco, especialmente, en las obligaciones que tienen las grandes plataformas, como Google, Meta, X o TikTok, entre otras en el control de las conductas irregulares. Para la correcta implementación de la normativa, los estados miembros tenían que trasponer la legislación (España lo hizo en 2023) y designar una autoridad nacional que se encargue de la aplicación de la normativa y, en último término, de fiscalizar a las grandes tecnológicas.
El Gobierno designó a la CNMC como el organismo encargado de esa labor. Sin embargo, no ha dotado al organismo de la suficiente capacidad. El tiempo límite que dio la UE a los estados miembros para tener listo el sistema era el 17 de febrero de 2024 y, en diciembre, la Comisión Europea dio un primer tirón de orejas a varios países por no haber cumplido. Ahora lleva a España, República Checa, Chipre y Portugal ante el TJUE por no haber dotado de poderes a sus 'vigilantes' y a Polonia por no haberlo siquiera designado. Se enfrentan a multas, aunque los procesos administrativos llevan tiempo.
“El nombramiento de la CNMC como coordinador nacional se encuentra actualmente en trámite parlamentario en el Anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que fue presentado a primera vuelta en el Consejo de Ministros y a audiencia pública el pasado mes de marzo”, señalan desde el Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López.
Los cambios legislativos dotarán a la CNMC de facultades de supervisión, investigación y sanción sobre las grandes tecnológicas, a las que podrá solicitar acceso a sus bases de datos, a sus algoritmos de recomendación de contenidos y publicitarios y ordenar inspecciones para cumplir con la DSA. El incumplimiento de la normativa europea puede conllevar de multas de hasta el 6% de su facturación mundial.
Desde que la DSA está en vigor, Bruselas ha abierto varias investigaciones a las 'Big Tech' por su incumplimiento, como X, Meta o TikTok, entre otras, por no luchar contra la desinformación, posibles injerencias en las elecciones, o vulneraciones en los sistemas vinculados con la publicidad, entre otras cosas. La normativa digital se ha convertido en uno de los caballos de batalla de Donald Trump contra la UE.
