Los 300 okupas de la vieja cárcel de Palma tendrán que ser desalojados antes de su demolición en otoño

Un cuarto de siglo después de que cerrara sus puertas (1999) en el tránsito al nuevo milenio, la ruinosa vieja cárcel de Palma será demolida a partir del próximo otoño y los más de 300 okupas que subsisten entre montañas de basuras y escombros, sin servicios de ninguna clase, tendrán que haber sido desalojados.

El Consell de Mallorca tiene previsto iniciar las obras de construcción de una rotonda en este espacio con un acceso directo a la Vía de Cintura en esas fechas, una vez que culmine el proceso de expropiación de los terrenos circundantes al desvencijado y abandonado centro penitenciario palmesano.

«El proyecto ya está hecho y después del verano empezarán las obras», confirman fuentes del departamento de Carreteras, que precisan que el plazo de ejecución será de nueve meses para una rotonda presupuestada en cuatro millones de euros. Los trabajos viarios incluirán la habilitación de un vial de acceso directo al centro municipal de Son Pacs para los camiones de Emaya al barrio de Son Sardina, así como para que los conductores que vengan de Son Espases que podrán entrar directamente en la carretera de Sóller.

La antigua prisión de Palma se inauguró a finales de los años 60 y se cerró en 1999. En 2013 el Ayuntamiento adquirió los terrenos mediante una permuta con el Gobierno central, ya con el plan de derribar la estructura y aprovechar el suelo para construir pisos sociales, proyecto que aún está por definir. Las instalaciones que serán demolidas son los dos antiguos módulos de admisión y los bloques de viviendas donde residían los funcionarios, edificios en un estado total de ruina.

En su lugar, la intención del gobierno municipal presidido por el primer edil del PP, Jaime Martínez, es la de hacer un proyecto residencial con viviendas de protección oficial o «algún otro tipo de solución habitacional» diferente, «que pudiera estar ligada a un tema de servicios sociales», es decir, enfocada a colectivos vulnerables, según indicó este año el alcalde.

Pero antes de que eso ocurra, el Ayuntamiento tendrá que hacer efectivo el desalojo de los más de 300 okupas que malviven en este espacio, cosa que hasta la fecha no ha podido materializar y que no será una operación sencilla de ejecutar, porque la oposición de izquierdas además utilizará el asunto para desgastar políticamente a Martínez.

De hecho, en el pleno del pasado mes de marzo exigieron al alcalde que no desalojara a los okupas, cuyo número ha aumentado el último mes un 30% por un falso efecto llamada propagado por determinados activistas sociales y políticos, de que el Ayuntamiento les iba a ofrecer una vivienda.

Aunque en los ocho años que gobernaron en Palma, los coaligados partidos de izquierdas no pusieron coto a la okupación de este inmueble, ni ofrecieron solución alguna a los okupas asentados en este edificio de propiedad municipal desde hace dos décadas, ahora en la oposición, exigen a Martínez una imposible solución habitacional para más de 300 personas allí instaladas, tarea imposible de acometer.

Por ello, socialistas, Mes y Podemos reclaman al alcalde Jaime Martínez que no recupere esta propiedad municipal hasta que no les ofrezca una «alternativa habitacional» a las personas sin techo que subsisten en condiciones deplorables e insalubres, en un edificio inhabitable, y a la vez, permitir que se empadronen todos los allí instalados para garantizarles su acceso a los servicios sociales municipales.

Los tres partidos de la oposición consideran ahora que el desalojo de estas personas, sin haberles proporcionado una solución, sería «una medida irresponsable que solo incrementará la precariedad y el sufrimiento» de estos okupas.