Las asociaciones de fiscales critican la reforma del Estatuto: "Quieren que su FGE sobreviva si pierden las elecciones"

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una reforma para desligar el mandato del fiscal general del Estado del de la legislatura. El Ejecutivo pretende reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para, entre otras cosas, permitir que el máximo representante del Ministerio Público pueda ejercer su mandato durante cinco años. Moncloa ha vendido el futuro texto como una iniciativa para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.

Las principales asociaciones de fiscales, consultadas por Vozpópili, ven la propuesta de los de Pedro Sánchez como "un anuncio de cara a Europa", pero que no responde a las principales reclamaciones de la carrera fiscal. En primer lugar, critican que no se incluya un apartado específico en el texto para poder cesar al fiscal general del Estado en el caso de que sea imputado por el Tribunal Supremo, una reclamación "imperativa" después de lo ocurrido con Álvaro García Ortiz.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, critica que el Ejecutivo no quiera aprovechar esta reforma para dejar por escrito este asunto. "Yo creo que dentro del Estatuto debe estar claramente reflejado como posible causa de cese que el fiscal general del Estado sea investigado penalmente por el Tribunal Supremo". En los últimos meses, las asociaciones de fiscales han exigido al Gobierno no solo el cese de García Ortiz, sino que se intente evitar una situación similar que, a su juicio, "lastra la imagen de una institución transversal".

Así lo describe Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que además sostiene que la reforma propuesta por el equipo de Félix Bolaños -además de no haber sido consensuada con las asociaciones de fiscales- parece haber sido diseñada con una doble intención. "El Gobierno pretende que su fiscal general le sobreviva en el caso de que pierda unas posibles elecciones generales", señala. 

Por ello, desde APIF defienden la necesidad de aprovechar la ocasión para iniciar los trámites para remover al FGE por incumplimiento grave de sus funciones. "Se debería prever el cese del fiscal general si este está investigado por la comisión de un delito, entonces, el Tribunal Supremo lo comunicará al Gobierno para que proceda su cese... Teniendo en cuenta lo que ha pasado es absolutamente necesario que un fiscal general del Estado no puede estar al frente del Ministerio Fiscal estando investigado por el Supremo, y está claro que el Gobierno no quiere abordar esto que es absolutamente imperativo". 

Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes. Al respecto, la presidenta de la AF mantiene la necesidad de otorgar al Consejo Fiscal la capacidad para informar sobre la idoneidad del candidato a la Fiscalía General del Estado. "Resulta chocante que el Consejo Fiscal, que es el órgano democrático de la carrera, no lo incluyan para nada. Si hay un órgano democrático de verdad dentro de estas instituciones, yo creo que es el Consejo Fiscal, por lo que debería tener un peso fundamental como contrapunto al fiscal general del Estado", añade Dexeus. 

La fiscal detalla que la Junta de Fiscales de Sala casi siempre se decanta por apoyar el criterio del máximo representante del Ministerio Público, ya que la mayoría de sus miembros se rigen por la disciplina de sus asociaciones. Por ello, desde AF defienden la necesidad de encomendar funciones más relevantes y determinantes al "órgano democrático, que es el Consejo Fiscal", en especial en materia de nombramientos discrecionales y de ascensos a la primera categoría de la carrera fiscal. 

Al respecto, Pallarés apunta que con este tipo de medidas y de medias concesiones, "da la impresión que es una descarga de poder". "Por ejemplo, un fiscal jefe provincial convoca a la Junta de Fiscalía de su provincia. Y, aunque tiene una votación, se impone el criterio del fiscal jefe... Eso es intolerable, y eso no está adecuado a la Constitución. Por eso, estas medidas son insuficientes", sentencia.

Asimismo, las asociaciones de fiscales piden dotar al Ministerio Público de autonomía presupuestaria para garantizar una mayor independencia respecto al Gobierno. Esta medida es crucial, mantienen, de cara a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por la que se prevé que Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos.