Moncloa da un vuelco a la Fiscalía para blindar cinco años al fiscal general en 2028, gobierne quien gobierne

Moncloa da un vuelco a la Fiscalía General del Estado para blindar a partir de 2028 el mandato de cinco años del fiscal general, gobierne quien gobierne. El objetivo del Gobierno es desvincular por ley que la constitución de un nuevo ejecutivo implique el nombramiento de un nuevo máximo responsable del ministerio fiscal al estar hasta ahora vinculado su mandato a la duración de una legislatura.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que se trata de algo "bueno para la autonomía del fiscal general, porque el Gobierno [el que sea] no puede cesarle" nada más constituirse. El propio Bolaños ha asegurado que "con esta modificación, cuando se incluya, [y una vez se apruebe en las Cortes] la entrada en vigor de la Ley de Enjuciamiento Criminal, será a partir del 1 de enero de 2028" cuando se haga efectivo el nuevo sistema. De manera que afectará "al fiscal que nombre el Gobierno que salga de las urnas en las elecciones de 2027", según ha querido destacar el titular de Justicia.

El consejo de ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta la reforma que deberá pasar por la lupa del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno defiende que con este cambio responde a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. El plan es que el mandato del fiscal general no sea renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo durante menos de un año, o en el caso de cese anticipado, cuando el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior hasta un máximo de seis años.

Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al fiscal general del Estado por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo "deberá constar por escrito y ser publicada". La reforma también implica que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasen a ser competencia del fiscal general en lugar del Gobierno.

El texto de la reforma acordado por el Ejecutivo prevé, además, que sea la Fiscalía la que dirija a la Policía Judicial en la investigación de delitos. De manera el fiscal jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Junta de Fiscales podrá imponer su criterio al fiscal general

Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.

En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales "no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros". Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.

Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, "es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad".

Esta reforma de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se trata de "la mayor" desde su aprobación hace cerca de 45 años, según ha defendido el Gobierno, y se pretende con ella "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y "responder a las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)".

Desde distintos sectores, incluida la propia Fiscalía, se venía reclamando una reforma que reforzara su autonomía para que, conforme prevé la nueva LECrim -aún pendiente de tramitación parlamentaria- los fiscales puedan asumir la investigación de las causas penales, ahora en manos de los jueces.