La puesta en marcha de la 'ley Bolaños' le cuesta 43 millones de euros a Madrid sin ayuda del Estado

La Comunidad de Madrid presentó el pasado lunes la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia, cuyas obras comenzarán este próximo junio y tendrán un plazo de 36 meses, para unificar 26 sedes judiciales hasta ahora repartidas por Madrid.

Serán casi medio millón de metros cuadrados de superficie construida, con 40.000 de zonas verdes y edificios emblemáticos e inteligentes a cargo de prestigiosos equipos de arquitectura, incluyendo cubiertas vegetales, jardines verticales o edificios donde predominará la luz natural en su interior para un consumo energético mínimo.

Tal y como avanzó Díaz Ayuso, en 2026 estarán finalizados los edificios que albergarán el TSJM, la Audiencia Provincial y todos los juzgados de Primera Instancia. Al año siguiente el resto de las jurisdicciones, a excepción de la Penal, que estará lista en 2028, coincidiendo prácticamente con la llegada del Metro a Valdebebas según las previsiones estadísticas.

La 'ley Bolaños' le cuesta 43 millones a Ayuso

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Ejecutivo regional en materia judicial. La llamada 'ley Bolaños', o Ley de Eficiencia, impuesta por el Gobierno central para, sobre el papel, agilizar el sistema judicial español, ha caído como jarro de agua fría en las autonomías gobernadas por el Partido Popular.

Estas critican que no ha sido "una ley consensuada", además de denunciar falta de financiación por parte de Moncloa para llevar a cabo las reformas que este texto impone. Algo que desde Sol llevan batallando varias semanas.

Como recordarán, el pasado mes de abril, el consejero de Presidencia regional, Miguel Ángel García Martín, anunció la presentación de un requerimiento previo al Gobierno central para que "de forma inmediata evalúe el coste" de la Ley de Eficiencia de la Justicia, avisando de que si no le responde en el plazo de tres meses con los que cuenta el Ministerio, "irá al Tribunal Supremo".

García Martín calificó al ministro como "Félix trolaños", además de cifrar en 43 millones de euros el coste de la aplicación de esta Ley en la Comunidad de Madrid, de los que gran parte son estructurales. Por último, y contradiciendo a Bolaños, Madrid niega que se hayan destinado 50,6 millones de euros a Madrid para el desarrollo de esta ley.

Por otro parte, informó de que se ha llegado a un acuerdo con los colegios de abogados para fijar un nuevo baremo para compensar a los abogados del turno de oficio que realicen actuaciones en materia de mediación y conciliación.

Bolaños defiende que "Madrid ahorrará 50 millones"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que la Comunidad de Madrid ahorrará casi 50 millones de euros en los próximos diez años con la Ley de Eficiencia de la Justicia, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que la llevará al Tribunal Supremo si antes del 10 de mayo el Gobierno no evalúa sus costes.

Así lo expresó el ministro este lunes en un mensaje en la red social 'X' donde, tras las palabras de la dirigente madrileña, detalló las cifras resultantes de la inversión que supondrá la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, detalló que el coste de implementación de la ley en la capital será de 2,4 millones de euros en 2025, alegando que para ello el Ministerio de Justicia ha transferido al Gobierno regional 50,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

Por su parte, Ayuso ya anunció hace unas horas que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Ley de Eficiencia si antes del 10 de mayo el Ejecutivo central no atiende a su requerimiento para que se evalúe el coste que supondrá a las comunidades autónomas su puesta en marcha.