La prioridad política del Gobierno y las dos líneas rojas que fijó a sus negociadores

El gobierno de Javier Milei quiere dejar atrás la seguidilla de tropezones que se encadenaron desde aquel discurso anti-woke en Davos en enero y que solo le volvieron en contra como un bumerang, al punto de significarle ya un retroceso en su imagen. No obstante, son los efectos colaterales del LIBRA gate los que realmente le preocupan cerrar -en paralelo a su negociación con el FMI-, para lo cual se trazaron un objetivo político con dos claras líneas rojas que bajo ningún precepto deben cruzarse. 

La seguidilla de reuniones con gobernadores en la última semana -en la previa de la votación en el Congreso- no se limitó a sellar el número para para blindar del DNU para negociar con el FMI. La segunda meta del Gobierno es garantizarse una mayoría lo suficientemente compacta como para bloquear los intentos de conformación de la comisión investigadora sobre el LIBRA gate en Diputados

Así y todo, hubo alguna sorpresa que casi pasó desapercibida en el aval a investigar al entorno presidencial por parte del mismo círculo de jefes provinciales que le dio carta blanca para negociar con el Fondo a cambio de obras y traspasos de jurisdicciones de la órbita nacional a la federal. 

La paradoja se dio con Catamarca, bajo control de Raúl Jalil, el gobernador a quien Cristina Kirchner cuestionó sin dar nombres el último fin de semana. "¿Vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita?", preguntó la expresidenta desde el Congreso Educativo Nacional en la UBA, en relación al traspaso de yacimientos mineros que se materializó en el Boletín Oficial al día siguiente de la votación.  

Hoy en la Casa Rosada admiten que, salvo por victorias puntuales como la del DNU de deuda, la agenda política permanece bajo dominio de la oposición que busca mantener vivo el tema. En ese escenario, el margen de acción de reduce de sobremanera, al punto de volverse prácticamente reactivo. 

"Leyes de reforma del Estado o privatizaciones no tienen margen hoy para pasar. Y en la segunda mitad del año viene el grueso de las elecciones. Habrá que esperar al nuevo Congreso según lo que pase en las elecciones", se resigna uno de los operadores libertarios a El Cronista. Mientras, el escándalo cripto les sigue pasando factura en la imagen presidencial: una encuesta de Zuban Córdoba reveló este domingo que el 57,6% de las personas consultadas desconfía de Milei tras el LIBRA gate.

Aunque todavía no hay fecha para someterlos a votación, la semana pasada un plenario de comisiones resolvió una serie de dictámenes para conformar la comisión que no pudo concretar el Senado y otros para avanzar con citaciones a funcionarios nacionales. Con 35 firmas, UP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Coalición Cívica -con disidencia parcial- impulsan una comisión que tendrá un plazo de tres meses para producir informes, dictámenes y conclusiones. 

El texto apunta a "determinar el grado de participación y la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso". PRO y LLA reunieron diez firmas en contra.

La reunión del plenario inició apenas concluida la votación a favor del DNU de la deuda. Para aquellos 129 votos a favor del decreto en el recinto, los gobernadores que se fotografiaron con Guillermo Francos -Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta)- aportaron seis votos afirmativos y cuatros ausencias, todas catamarqueñas. 

Un dato curioso: la diputada Silvana Ginocchio (UP), pareja del mandatario, no bajó al recinto pero sí participó luego del plenario de comisiones y hasta estampó su firma junto al resto de UP a favor de la pesquisa legislativa. En rigor, no es la primera vez que se diferencia con el gobernador Jalil -había sucedido en el debate por la Ley Bases- pero no deja de llamar la atención el timing y que eludiera el celoso chequeo de votos a cargo de los dos vicejes de Gabinete, Lisandro Catalán y José "Cochi" Rolandi aquella jornada en el recinto.

Las diferencias dentro de UP no pasan desapercibidas en la Casa Rosada donde apuestan a un quiebre de lo que queda del bloque que contabiliza la primera minoría en Diputados. Ya la semana pasada, se abrió una nueva escisión en el interbloque en el Senado de la mano de algunos referentes federales, con el surgimiento de "Convicción Federal". Por ahora se mantienen dentro, pero exponiendo ciertas diferencias que existen con la conducción nacional del PJ, en manos de Cristina Kirchner. 

Según cómo avancen las negociaciones de alianzas con Balcarce 50 de los gobernadores, hay quienes descuentan que será cuestión de tiempo para que el universo de UP se astillé aún más en el Congreso.  

Las dos líneas rojas que trazó el gobierno de Milei

Hoy el Ejecutivo tiene un primer objetivo que es el de construir una mayoría que frene la comisión investigadora de LIBRA. Si bien saben que el poder de fuego de una comisión nacida por resolución es limitado, tampoco subestiman el poder de daño que es capaz de infligir, manteniendo el tema vivo en la agenda en un año electoral.

"Sucedió en el pasado con otras comisiones investigadoras, como la de IBM-Banco Nación o la de Lavado de dinero", ponen como ejemplo. La primera involucró una denuncia por corrupción en los '90s en la informatización de la banca pública que se saldó con el pago de una multa de IBM en Estados Unidos y una causa judicial que se perdió en los laberintos de la Justicia argentina. 

La segunda se conformó en 2000 bajo la conducción de Elisa Carrió y llegó a presentar un preinforme sobre sus hallazgos a partir de pruebas compartidas por el Congreso de los Estados Unidos, previo a la debacle institucional de 2001. Luego hubo una versión final a cargo de la propia Carrió y los diputados Gustavo Gutiérrez, Graciela Ocaña y José Vitar, casi una década más tarde.

Así y todo, la primera línea roja que trazó la Casa Rosada a sus negociadores frente a la embestida del Congreso es que bajo ninguna forma debe activarse la comisión de Juicio Político, cuya titularidad no le reconocen a Marcela Pagano por su abierto enfrentamiento con Karina Milei y Martín Menem. El reglamento que rige su funcionamiento le da atribuciones que una simple comisión nacida por resolución no tiene, como la potestad de sentar a funcionarios a declarar bajo amenaza del uso de la fuerza pública.

La segunda línea roja tiene relación, precisamente, con la posibilidad que se voten las citaciones a funcionarios por parte del pleno del Congreso a partir del LIBRA gate. En este punto, el alcance de los dictámenes que se firmaron la semana pasada es mucho más difuso al punto que surgieron seis en total del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia. 

Los textos de interpelación, impulsados por UP, FIT, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre apuntan al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Pero en la Casa Rosada -cuyos representantes legislativos suscribieron dos dictámenes de neto rechazo- hay un límite en esa nómina que se dibuja detrás del nombre del ministro coordinador. Francos es el único aludido que están dispuestos a enviar al escarnio público, paradójicamente, el único al que no lo rozan hoy ni las causas judiciales por LIBRA ni las investigaciones periodísticas o sus coletazos posteriores. 

Así y todo, el jefe de Gabinete es la carta con mayor cintura política que tienen para presentar y entienden que es el único que no podrá eludir la interpelación. Lo que negocian por estas horas es bajo qué formato se hará: si apelando al artículo 101 de la Constitución Nacional que define el informe de gestión mensual del jefe de Gabinete en el Congreso o el artículo 71 que establece la posibilidad legislativa de citar a ministros y ministras del gabinete "para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

La propuesta del Ejecutivo es que sea un mix de ambos.  O sea, que Francos acuda a dar las explicaciones con el LIBRA gate como único tema en agenda pero que las y los diputados envíen con antelación sus preguntas a la cabeza del Gabinete, de forma tal que pueda preparar esas respuestas. Tal como marca el mecanismo de la comparecencia mensual alterna entre cámaras. 

Si bien el plan de la oposición es avanzar con el pedido de una nueva sesión especial para abordar ambas cuestiones -la conformación de la comisión investigadora y las interpelaciones-, los principales impulsores aún lidian con las diferencias que emergieron en el debate del DNU para evitar otro fracaso. De ocurrir, no podrían reflotar el tema hasta el próximo período, con un Congreso posterior a las elecciones que hoy es una incógnita.