Economía avala a los consejeros del PP: RTVE está en causa de disolución y tiene que ampliar capital

Un informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, avala la tesis de los cuatro consejeros propuestos por el PP en RTVE, que el viernes no firmaron las cuentas de la cadena pública de 2024 al entender que el presidente, José Pablo López, había contabilizado como una deuda a cobrar lo que en realidad son provisiones y gastos. Contabilizarlo de manera correcta dejaría a RTVE en causa de disolución y obligaría a la SEPI, accionista único, a ampliar capital para restablecer su situación financiera, que debería ser de unos 1.000 millones de euros, según fuentes financieras.

El fondo del asunto es la decisión de Hacienda hace una década de limitar la deducción del 100% del IVA a las televisiones autonómicas -a todas-. Hacienda requiere esos fondos a RTVE, la cadena pública los paga, pero inmediatamente los recurre. Esos recursos están todavía por resolver. ¿Y mientras? RTVE se apunta esos pagos a Hacienda como deudas a cobrar, en lugar de provisionarlos y apuntárselos como gasto y, por tanto, pérdidas.

Eso es lo que dicen los consejeros del PP, que no han firmado las cuentas, mientras la cúpula de RTVE defiende que esos recursos se van a ganar con toda seguridad y que por eso se anotan como deudas a cobrar.

Y ¿qué dice Economía? El informe del ICAC, que ya conoce el presidente y el resto de consejeros de RTVE, deja claro que «en este caso será de aplicación lo establecido en la Resolución de 9 de febrero de 2016 del ICAC, en concreto, el artículo 18.1 que señala que, con carácter general, las obligaciones presentes de naturaleza fiscal se deriven o no de un acta de inspección, deberán ocasionar en el ejercicio en que surjan el reconocimiento de una provisión por el importe estimado de la deuda tributaria».

Y el 18.2 de esa Resolución, aplicable en este caso como éste según el ICAC, dice: «La provisión a la que hace referencia el número anterior o, en su caso, si se trata de importes determinados, la deuda con la Hacienda Pública se registrará con un cargo a los conceptos de gasto correspondientes a los distintos componentes que la integran».

En definitiva, el informe del ICAC de Economía confirma que la deuda con Hacienda debe apuntarse como una provisión y un gasto.

¿Qué ocurre si RTVE lo hace así? Que la cadena pública estaría en causa de disolución, en quiebra, y obligaría al accionista único, la SEPI, a ampliar capital al menos hasta que se resuelvan los recursos -si finalmente se ganan-.

Los números a cierre de 2023 son claros: el quebranto económico, señala el auditor, de las cuentas de RTVE es de 739 millones de euros. En 2023, el capital social de RTVE era de 1.000 millones, y el patrimonio neto, 790 millones.

Al restar el quebranto económico al patrimonio neto éste queda en 51 millones de euros. Para salir de la causa de disolución el patrimonio neto tiene que ser al menos el 50% del capital social. Eso significa que para lograr ese porcentaje la ampliación de capital debe ser de unos 1.000 millones de euros.

Pero la situación ha empeorado en 2024. Aunque no se han hecho públicas todavía, fuentes de la Corporación señalan que el quebranto económico ha subido a casi 800 millones y el patrimonio neto se ha reducido a algo más de 700 millones.

El presidente de RTVE aseguró en su comparecencia en el Congreso el pasado jueves que la cadena pública estaba contabilizando bien la deuda con Hacienda. Y puso como ejemplo de que todas las cadenas públicas estaban en esta situación a la televisión pública gallega, TVG.

Sin embargo, las cuentas públicas de la cadena gallega contabilizan un pago de 61 millones de euros de la Xunta de Galicia. Se corresponde exactamente con los pagos realizados a Hacienda, que tiene también recurridos. En este caso, al contrario que en RTVE, ese pago de 61 millones es reembolsable a la Xunta de Galicia en caso de que se ganen los pleitos, y no reembolsable si se pierden.

De esta forma, el equilibrio financiero de la TVG está garantizado por su accionista único, algo que no ocurre en el caso de RTVE y la SEPI.