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Anticorrupción pide una condena de 15 años de prisión para Villar por los amistosos organizados por su hijo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena ejemplar para Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a quien se le acusa de ser el principal responsable de una trama de corrupción que habría perjudicado gravemente a la entidad deportiva. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide una pena de 15 años y medio de prisión, una multa de 966.000 euros y el pago de indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros, por las presuntas irregularidades ocurridas entre 2007 y 2017. Según la acusación, Villar y su vicepresidente económico, Juan Antonio Padrón, aprovecharon sus cargos para beneficiar a personas y entidades cercanas a ellos, tanto físicas como jurídicas, en detrimento de la RFEF. En su escrito, la Fiscalía señala que los acusados no solo favorecieron a sus allegados a través de contratos ventajosos, sino que también hicieron pagos indebidos con fondos de la federación para cubrir servicios no prestados o pagos excesivos por trabajos que no se correspondían con las condiciones pactadas. El papel de Gorka Villar Uno de los aspectos más destacados de la acusación es el papel de Gorka Villar, hijo del ex presidente de la RFEF, quien también se encuentra entre los acusados. Según la Fiscalía, desde 2009, Ángel María Villar habría acordado con su hijo la celebración de algunos partidos amistosos de la selección española de fútbol, favoreciendo a determinadas federaciones a cambio de contratos para la empresa Sport Advisers, de la que Gorka Villar era propietario. Esta práctica, según la acusación, se realizó con el fin de obtener beneficios personales para el hijo del ex presidente y su sociedad. La Fiscalía estima que esta actuación causó un perjuicio a la RFEF de al menos 3.830.000 euros, mientras que Gorka Villar y su empresa Sport Advisers habrían obtenido unos ingresos de 366.583,08 euros. Estos acuerdos, que habrían sido fraudulentos, no solo perjudicaron económicamente a la federación, sino que también generaron un daño considerable a la integridad del organismo, al beneficiarse de ellos personas ajenas a los intereses deportivos. Otro de los puntos clave en la acusación tiene que ver con los pagos indebidos realizados a Adoración de Pedro, otra de las acusadas en el caso. Según la Fiscalía, se abonaron servicios que nunca fueron prestados, así como beneficios económicos ilegítimos que ascendieron a un total de 684.441,72 euros. Todo ello contribuyó a un perjuicio total a la RFEF que, según los cálculos de la Fiscalía, asciende a 4.514.441,72 euros, cantidad que se reclama como indemnización a Villar y los otros implicados. Ángel María Villar se enfrenta a varias acusaciones graves, entre ellas los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Por estos cargos, la Fiscalía ha solicitado que sea condenado a 15 años y 6 meses de prisión, además de la mencionada multa económica de 966.000 euros. La magnitud de los delitos que se le imputan pone de relieve la gravedad de la...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena ejemplar para Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a quien se le acusa de ser el principal responsable de una trama de corrupción que habría perjudicado gravemente a la entidad deportiva. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide una pena de 15 años y medio de prisión, una multa de 966.000 euros y el pago de indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros, por las presuntas irregularidades ocurridas entre 2007 y 2017. Según la acusación, Villar y su vicepresidente económico, Juan Antonio Padrón, aprovecharon sus cargos para beneficiar a personas y entidades cercanas a ellos, tanto físicas como jurídicas, en detrimento de la RFEF. En su escrito, la Fiscalía señala que los acusados no solo favorecieron a sus allegados a través de contratos ventajosos, sino que también hicieron pagos indebidos con fondos de la federación para cubrir servicios no prestados o pagos excesivos por trabajos que no se correspondían con las condiciones pactadas. El papel de Gorka Villar Uno de los aspectos más destacados de la acusación es el papel de Gorka Villar, hijo del ex presidente de la RFEF, quien también se encuentra entre los acusados. Según la Fiscalía, desde 2009, Ángel María Villar habría acordado con su hijo la celebración de algunos partidos amistosos de la selección española de fútbol, favoreciendo a determinadas federaciones a cambio de contratos para la empresa Sport Advisers, de la que Gorka Villar era propietario. Esta práctica, según la acusación, se realizó con el fin de obtener beneficios personales para el hijo del ex presidente y su sociedad. La Fiscalía estima que esta actuación causó un perjuicio a la RFEF de al menos 3.830.000 euros, mientras que Gorka Villar y su empresa Sport Advisers habrían obtenido unos ingresos de 366.583,08 euros. Estos acuerdos, que habrían sido fraudulentos, no solo perjudicaron económicamente a la federación, sino que también generaron un daño considerable a la integridad del organismo, al beneficiarse de ellos personas ajenas a los intereses deportivos. Otro de los puntos clave en la acusación tiene que ver con los pagos indebidos realizados a Adoración de Pedro, otra de las acusadas en el caso. Según la Fiscalía, se abonaron servicios que nunca fueron prestados, así como beneficios económicos ilegítimos que ascendieron a un total de 684.441,72 euros. Todo ello contribuyó a un perjuicio total a la RFEF que, según los cálculos de la Fiscalía, asciende a 4.514.441,72 euros, cantidad que se reclama como indemnización a Villar y los otros implicados. Ángel María Villar se enfrenta a varias acusaciones graves, entre ellas los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Por estos cargos, la Fiscalía ha solicitado que sea condenado a 15 años y 6 meses de prisión, además de la mencionada multa económica de 966.000 euros. La magnitud de los delitos que se le imputan pone de relieve la gravedad de la...
