El gobierno de Donald Trump confirmó que revocará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el permiso humanitario otorgado a cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida, que afectará a unas 532 mil personas, entrará en vigor el 24 de abril, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Quiénes perderán el estatus legal en Estados Unidos

A partir de abril, más de 532 mil inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de “parole” humanitario perderán su estatus legal. La medida afecta a quienes llegaron desde octubre de 2022 con patrocinadores financieros y que hasta ahora podían vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano, según consignó Associated Press.

La decisión implica la cancelación de sus permisos de trabajo y cualquier protección contra la deportación. De no regularizar su situación antes de finales de abril, los afectados podrían ser detenidos por agentes de inmigración y expulsados.

La administración Trump habilitó la inscripción en la aplicación CBP Home como una opción para que los migrantes puedan “autodeportarse”, y evitar así detenciones. Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ya había pausado la tramitación de beneficios para estos inmigrantes en febrero, lo que restringió aún más sus posibilidades de permanencia.

Fin del TPS: que dice el gobierno de Trump

El cambio responde a una directiva emitida el 20 de enero, un día después de la asunción de Trump, que ordenó la eliminación del programa. Según el DHS, la medida busca “acabar con el amplio abuso del parole humanitario” que, según el comunicado oficial, permitió la entrada de millones de migrantes durante la administración Biden.

“El permiso humanitario es inherentemente temporal, y el permiso por sí solo no es una base subyacente para la obtención de cualquier estatus de inmigración”, sostuvieron en el documento.

Desde la secretaria de Seguridad Nacional, a cargo de Kristi Noem, justificaron la medida al considerar que el permiso humanitario no logró su objetivo de reducir la inmigración irregular y que, por el contrario, generó complicaciones en la aplicación de las leyes migratorias.

Impugnación judicial a la eliminación del permiso humanitario

Antes de la nueva orden del gobierno, los beneficiarios del permiso humanitario podían quedarse en Estados Unidos hasta que expirara su autorización. Aunque el gobierno ya no procesaba nuevas solicitudes de asilo, visas u otros trámites, muchas personas confiaban en que su situación legal no cambiaría de un momento a otro. Sin embargo, la decisión de eliminar este beneficio generó incertidumbre y preocupación en miles de familias.

Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes demandó al gobierno en tribunales federales para frenar la medida. Exigen que se restablezcan los programas que protegían a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Argumentan que la decisión deja a muchos en una situación vulnerable, sin opciones claras para regularizar su estatus o permanecer en el país norteamericano sin miedo a la deportación.

Abogados y activistas calificaron la medida como injusta y perjudicial. Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, advirtió en AP: “Esto causará un caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo EE.UU.”.

Además, la especialista aseguró que la eliminación del programa no solo es una decisión cruel, sino también ineficaz, ya que no resuelve el problema migratorio y, en cambio, crea más dificultades para quienes buscaban seguridad y estabilidad en Estados Unidos.