La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) estuvo pagando durante casi una década las nóminas de decenas de «asesores técnicos» que en realidad no trabajaban para este organismo dependiente de Salud de la Junta de Andalucía cuando María Jesús Montero era su máxima responsable (2004-2013). Una vez firmado su contrato temporal por obra o servicio, este personal no volvía a poner un pie en ninguna oficina de la fundación que supuestamente lo había empleado. Ésta pagaba su nómina, las pagas extra y también las dietas correspondientes, pero ahí terminaba la aparente relación laboral entre el 'patrón' y su asalariado . Los asesores, en realidad, desempeñaban sus tareas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la agencia pública que gestiona...
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