ROSARIO.- El laboratorio Apolo explotó en la madrugada el 24 de junio de 2016. No quedó casi nada del edificio que funcionaba en el corazón del barrio La Tablada, en Alem al 2900, en el sur de Rosario, donde cinco vecinos resultaron heridos.

Los accionistas de ese laboratorio, que generaba sospechas en varios ámbitos, entre ellos el Concejo Municipal de Rosario, decidieron luego del siniestro abrir otro laboratorio, que se llama Ramallo, y funciona en la misma planta que HLB Pharma Group SA, en la provincia de Buenos Aires. Esa firma fue la que fabricó los lotes de fentanilo contaminado, que habrían provocado que nueve pacientes fallecieran y 18 continúen con tratamientos por estar afectados con cuadros de neumonía.

La explosión del laboratorio Apolo profundizó las sospechas sobre esa firma, que acarreaba en Paraguay una investigación por contrabando de sueros. “La explosión del laboratorio Apolo fue muy extraña, porque comenzaban a aparecer investigaciones contra la empresa y enfrentaban un conflicto laboral con los empleados”, afirmó en diálogo con LA NACIÓN el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo.

En Rosario, se abrió una investigación por la explosión, pero la Fiscalía no profundizó sobre las causas y sobre qué podría haber detrás de este siniestro que provocó conmoción en el barrio La Tablada, donde decenas de viviendas sufrieron daños por la onda expansiva. La empresa llegó a acuerdos individuales para resarcir a algunos vecinos. La hipótesis fue que había explotado una caldera por un sobrecalentamiento. Se produjo, según explicaron fuentes de la Fiscalía de Rosario en ese momento, “una acumulación de vapor que provocó que la caldera saliera despedida a gran velocidad y con muchísima fuerza”. En el barrio los vecinos coincidían en que nadie había muerto, porque la explosión fue a la madrugada, cuando las calles estaban desiertas.

La acusación

Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza, fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.

El 20 de mayo de 2019 el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista, en San Nicolás, que manejaba el exdiputado provincial y actual concejal del peronismo Andrés Quinteros, que tenía vínculos con los accionistas de Apolo.

Los otros imputados, como García, García Furfaro y Vozza, fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Lo llamativo de la medida judicial era que uno de los imputados, Furfaro, figuraba como abogado del Museo Justicialista de San Nicolás. La resolución de este caso no tuvo casi difusión.

Laboratorio Ramallo

Furfaro, junto con Jorge Salinas, otro accionista, quien luego se apartó de la conducción de la firma, había adquirido Apolo a la familia Iudica en Rosario en 2005, que enfrentaba en ese momento problemas financieros. La empresa estaba en convocatoria de acreedores.

El laboratorio, que se dedicaba a la producción de suero, tuvo un fuerte crecimiento en los años siguientes. Llegó a tener unos 120 empleados, y en Rosario llamaba la atención el perfil de uno de sus dueños, Salinas, a quien apodaban “Leo Mattioli rubio”, por las cadenas de oro que exhibía y en los autos que circulaba, como una camioneta Hammer, un modelo que solo otra persona tenía por ese tiempo en Rosario, que era Mario Segovia, el llamado "Rey de la Efedrina". El crecimiento de ese laboratorio tenía que ver, según recordaron fuentes del gobierno municipal, con los contratos que tenían para proveer a organismos del Estado nacional.

Salinas había estado vinculado al laboratorio porteño Rigecin, también especializado en la fabricación de ese producto. Él se alejó de Apolo en 2012, después de un extenso conflicto con los trabajadores que instalaron una carpa para reclamar el pago de salarios atrasados y el vaciamiento de una empresa, que –según señalaron en su momento- tenía contratos millonarios con organismos del Estado, como PAMI. Del apogeo y la contratación de personal, Apolo pasó a enfrentar una fuerte crisis.

Salinas atravesó luego un proceso judicial en el juzgado de Norberto Oyarbide, en la causa de la llamada “mafia de los medicamentos”, que denunció la exdiputada nacional Graciela Ocaña por desvíos por millones de pesos entre 2000 y 2005, de fondos provenientes del PAMI.

El otro accionista, Furfaro –que actualmente es uno de los titulares de HLB Pharma Group SA en Ramallo–, había instalado una verdulería vinculada a la agrupación Kolina, ligada a Alicia Kirchner.

La explosión del laboratorio incrementó las sospechas sobre el funcionamiento de esta empresa, enclavada en el corazón de barrio La Tablada. Durante varios años los vecinos presentaron reclamos al Concejo Municipal para que se removieran los escombros y los residuos que habían quedado después de la explosión de Apolo. La empresa había desaparecido de Rosario, luego de que se mudaran a Ramallo, donde instalaron una planta de sueros, similar a la que existía en Rosario, en el complejo de HLB Pharma Group SA, donde se detectó el fentanilo contaminado.