La Comunitat Valenciana denuncia que el Gobierno les «castiga» con las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha expresado este martes su «más firme rechazo» a la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura acordadas por la Comisión de Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica. Barrachina ha denunciado que se trata de una decisión adoptada «sin consenso técnico ni territorial y de espaldas a los regantes y agricultores», que «castiga» una vez más a la Comunitat Valenciana. El responsable autonómico ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar por criterios ideológicos que, a su juicio, «afectan directamente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias del sur de la provincia de Alicante». «Ni han contado con nosotros, ni han escuchado las propuestas técnicas . Esto no es gestión del agua, es un puro castigo político», ha subrayado. La principal novedad de las nuevas reglas de explotación radica en el aumento del umbral de reservas necesario en los embalses de cabecera del Tajo —Entrepeñas y Buendía— para autorizar trasvases en nivel 1, es decir, el máximo mensual de 60 hectómetros cúbicos. Hasta ahora, ese umbral era de 1.300 hm³, pero con el cambio se eleva a 1.600 hm³ , lo que, según la Generalitat, limita la viabilidad del trasvase incluso en periodos de abundancia hídrica. Barrachina ha puesto como ejemplo el momento actual, con 1.527 hm³ en los embalses de cabecera: «Ni siquiera con estas cifras se podría autorizar un trasvase de 60 Hm³ al mes, sino tan solo de 24 . Se trata de una condición casi imposible de cumplir». Asimismo, ha alertado de que en situación de sequía nivel 3, prevista para los próximos años, la autorización mensual pasaría de los actuales 20 hm³ a tan solo 9 en 2027. De esos, 7,5 irían destinados a consumo humano, dejando únicamente 1,5 hm³ para riego, lo que representa una reducción del 90% . «Con esa cantidad el trasvase es inviable, los costes de mantenimiento lo hacen insostenible», ha advertido. El conseller ha calificado la decisión de «golpe letal para el sistema del trasvase , considerado esencial para el abastecimiento y el desarrollo económico de la provincia de Alicante», y ha lamentado que el Ministerio haya roto el diálogo necesario para una reforma estructural de este calado: «Han cerrado la puerta a una solución pactada y sostenible, y eso es una irresponsabilidad que vamos a pagar todos». Barrachina ha afirmado que «l a Comunitat Valenciana no puede seguir siendo víctima de los intereses políticos de Pedro Sánchez, que utiliza el trasvase como instrumento de su discurso medioambiental». Y ha recalcado que la medida genera «incertidumbre, resentimiento territorial y pone en jaque el futuro de una de las zonas más productivas del país». Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha anunciado que exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica la reapertura del proceso de diálogo con todas las comunidades implicadas. «Vamos a defender con firmeza los derechos hídricos de esta tierra, y no vamos a aceptar que se siga discriminando a la Comunitat Valenciana por criterios ideológicos», ha señalado. «Esto no va solo de agua , va de dignidad, de desarrollo y de respeto institucional. Desde el Consell de Carlos Mazón vamos a estar al lado de nuestros agricultores y regantes, frente a cualquier decisión que comprometa su futuro», ha concluido el conseller.
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El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha expresado este martes su «más firme rechazo» a la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura acordadas por la Comisión de Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica. Barrachina ha denunciado que se trata de una decisión adoptada «sin consenso técnico ni territorial y de espaldas a los regantes y agricultores», que «castiga» una vez más a la Comunitat Valenciana. El responsable autonómico ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar por criterios ideológicos que, a su juicio, «afectan directamente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias del sur de la provincia de Alicante». «Ni han contado con nosotros, ni han escuchado las propuestas técnicas . Esto no es gestión del agua, es un puro castigo político», ha subrayado. La principal novedad de las nuevas reglas de explotación radica en el aumento del umbral de reservas necesario en los embalses de cabecera del Tajo —Entrepeñas y Buendía— para autorizar trasvases en nivel 1, es decir, el máximo mensual de 60 hectómetros cúbicos. Hasta ahora, ese umbral era de 1.300 hm³, pero con el cambio se eleva a 1.600 hm³ , lo que, según la Generalitat, limita la viabilidad del trasvase incluso en periodos de abundancia hídrica. Barrachina ha puesto como ejemplo el momento actual, con 1.527 hm³ en los embalses de cabecera: «Ni siquiera con estas cifras se podría autorizar un trasvase de 60 Hm³ al mes, sino tan solo de 24 . Se trata de una condición casi imposible de cumplir». Asimismo, ha alertado de que en situación de sequía nivel 3, prevista para los próximos años, la autorización mensual pasaría de los actuales 20 hm³ a tan solo 9 en 2027. De esos, 7,5 irían destinados a consumo humano, dejando únicamente 1,5 hm³ para riego, lo que representa una reducción del 90% . «Con esa cantidad el trasvase es inviable, los costes de mantenimiento lo hacen insostenible», ha advertido. El conseller ha calificado la decisión de «golpe letal para el sistema del trasvase , considerado esencial para el abastecimiento y el desarrollo económico de la provincia de Alicante», y ha lamentado que el Ministerio haya roto el diálogo necesario para una reforma estructural de este calado: «Han cerrado la puerta a una solución pactada y sostenible, y eso es una irresponsabilidad que vamos a pagar todos». Barrachina ha afirmado que «l a Comunitat Valenciana no puede seguir siendo víctima de los intereses políticos de Pedro Sánchez, que utiliza el trasvase como instrumento de su discurso medioambiental». Y ha recalcado que la medida genera «incertidumbre, resentimiento territorial y pone en jaque el futuro de una de las zonas más productivas del país». Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha anunciado que exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica la reapertura del proceso de diálogo con todas las comunidades implicadas. «Vamos a defender con firmeza los derechos hídricos de esta tierra, y no vamos a aceptar que se siga discriminando a la Comunitat Valenciana por criterios ideológicos», ha señalado. «Esto no va solo de agua , va de dignidad, de desarrollo y de respeto institucional. Desde el Consell de Carlos Mazón vamos a estar al lado de nuestros agricultores y regantes, frente a cualquier decisión que comprometa su futuro», ha concluido el conseller.
