Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por el fichaje de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación. El instructor ha aceptado así la pretensión de Vox, que pidió imputar a Martín por contratar a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, quien realizó gestiones relacionadas con el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Martín Aguirre, que en el momento de la contratación de Álvarez (2018) formaba parte de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, tendrá que declarar el próximo 14 de mayo a las 13.30 horas acompañado de su defensa. Peinado le interrogará sobre "su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y, por tanto, con fondos de naturaleza pública".

El instructor ha estimado la querella que presentó Vox en lo referente a esta imputación, pero ha rechazado que la malversación fuera aplicable también a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Asimismo, el juez no considera que ninguno de los tres querellados cometiera tráfico de influencias, como denunció la formación de Santiago Abascal.

Tampoco entiende el instructor que en la contratación de la exasesora de Moncloa mediara un delito de prevaricación. Por tanto, Peinado ha desestimado la querella de la acusación popular que ejerce Vox en lo relativo al tráfico de influencias y la prevaricación, y ha estimado que solo Francisco Martín es sospechoso de haber cometido un delito de malversación al contratar a Cristina Álvarez para realizar tareas ajenas al cargo que le corresponde.

La contratación de esta exasesora y las tareas que desempeñó durante el tiempo que trabajó en Presidencia del Gobierno son uno de los últimos filones de la investigación que dirige Juan Carlos Peinado desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Los hechos se investigan en una pieza separada como un presunto delito de malversación.

Esta rama de la causa surgió a raíz de unos documentos entregados por el abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior del PSOE Antonio Camacho.

En noviembre del pasado año, este abogado remitió al juzgado una serie de correos electrónicos con los que pretendía demostrar la inocencia de Begoña Gómez respecto al delito de intrusismo laboral, uno de los cuatro que se le imputan. El instructor investiga si la esposa de Pedro Sánchez cometió este delito al firmar unos pliegos técnicos para una adjudicación de la Universidad Complutense de Madrid relacionada con el máster que co-dirigía Gómez.

Los mails que aportó Camacho demostraban que había sido la propia universidad la que determinó que "el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña Gómez". Sin embargo, aquellos correos darían pie a una nueva línea de investigación. En uno de ellos, aparecía en copia como destinataria la asesora de Moncloa.

Esto se sumaba a que poco antes salió a la luz un mensaje enviado por Álvarez a una de las empresas patrocinadoras del máster, Reale, que rezaba: "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".

A juicio del instructor Juan Carlos Peinado, el hecho de que Álvarez realizara gestiones para el proyecto profesional de la mujer del presidente, y, por tanto, ajenas a sus funciones, implica la comisión de un delito de malversación de fondos. En otras palabras, el juez investiga si se empleó dinero público en pagar a una trabajadora que, en el ejercicio de su cargo, mediaba en la carrera profesional de la mujer del presidente del Gobierno.

Tras acordar la apertura de una pieza separada, el juez ha llevado a cabo diversas diligencias para tratar de identificar quién tomó la decisión de nombrar a Álvarez en julio de 2018. En este contexto, citó al vicesecretario general de Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez, que en julio de 2018 propuso el nombramiento de Álvarez. Durante su declaración como testigo, este explicó que no conocía a la asesora, y cuando el juez le preguntó quién era su superior en aquel momento, señaló al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.

De modo que Peinado acordó tomar declaración al titular de Justicia en el Palacio de La Moncloa, y así lo hizo el 16 de abril. Durante el interrogatorio, el ministro se desentendió del nombramiento, pero defendió su legalidad. Afirmó que todas las mujeres de los presidentes del Gobierno de España habían contado con asesores a su servicio, y que Gómez, a diferencia de otras, solo había tenido a Álvarez.

Tras realizar todas estas diligencias, el instructor Juan Carlos Peinado ha llegado a la conclusión de que el actual delegado del Gobierno en Madrid es quien, según "parece", tuvo un papel relevante en la designación de Cristina Álvarez.