Nueva tasa de basuras: todos los cambios y cobros que debes tener en cuenta

La tasa de basura tiene como objetivo financiar los servicios de recogida y gestión de residuos en las respectivas ciudades. Este tributo está contemplado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en 2018, en la que también se interpuso un plazo de tres años para que los ayuntamientos fijaran un importe de acuerdo con sus necesidades de recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos y campañas.

La ley va en sintonía con la propuesta de la Unión Europea que exige, dentro de su agenda sostenible, que los miembros alcancen 55% de reutilización y reciclaje de residuos para este 2025, un porcentaje que debe incrementarse hasta el 65% en 2035. En principio, el plazo para establecer esta tasa culminaría el 10 de abril de 2025. Sin embargo, para que se vea reflejado en el bolsillo de los españoles, cada municipio tiene una fecha específica.

Cabe destacar que se trata de una tasa polémica que está generando confrontación entre ayuntamientos y a nivel político.

¿Qué municipios se verán afectados por el impuesto a la basura?

La ley estipula que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán tener implantada la tasa de basura. En este sentido, algunos municipios deberán crear un tributo independiente del IBI; y otros, tendrán que valorar si con los importes actuales se cubren los costes reales. De no ser así, los ayuntamientos deberán modificar la tasa para cumplir con esa norma.

La OCU publicó en diciembre del 2024 un informe en el que constaba que la gran mayoría de localidades de España estaban marcadas por las grandes diferencias de precio en el importe de la tasa de basuras y la misma responsabilidad en esta área. En la mayoría de casos se trata de un importe variable según criterios como el valor catastral, calles, personas empadronadas en la vivienda, entre otras cuestiones importantes.

A día de hoy hay tres ciudades, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, y Málaga, que aún no tienen una tasa específica de basuras para costear su gestión. El resto sí que lo cobra, pero las diferencias son abismales. Por ejemplo, en Barcelona, San Sebastián, Gerona, Granada y Pamplona superan los 140 euros, mientras que en Soria o Alicante no llegan a los 30 euros.

¿Cuánto habrá que pagar por la nueva tasa de basuras?

Según la OCU, de media, el coste anual de la tasa de basura es de 84,64 euros. Sin embargo, durante el primer semestre de 2025 se deben incrementar las cuantías. El cómo se calcula depende de cada ayuntamiento. Hay ciudades que cuentan con tarifas fijas, es decir, todos los hogares pagan igual indiferente de los residuos generen. En el caso de las ciudades más grandes, el impuesto puede estar sujeto a la categoría fiscal de la calle, el valor castral (por intervalos), o el consumo de agua.

En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento ha decidido establecer el nuevo tributo en base a dos criterios: un coste fijo del 81% según el valor catastral de cada inmueble y el 19% restante se abonará en función de cada barrio y los residuos que genere.

Quién debe pagar la basura: ¿propietario o inquilino?

La Ley de Haciendas Locales establece que el sujeto pasivo de la tasa basura es quien resulte beneficiado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación, en otras palabras, el ocupante de la vivienda o local. En este contexto, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido que muchos propietarios podrían trasladar el coste del impuesto a los inquilinos

¿Cuándo entra en vigor la tasa de basuras?

La fecha límite para que los ayuntamientos adapten o creen esta tasa es el próximo jueves, 10 de abril de 2025. Sin embargo, la aplicación práctica de la tasa puede variar según cada municipio. En Madrid, el Ayuntamiento ha anunciado que los primeros recibos de la tasa de basuras se enviarán a los propietarios de viviendas a partir de julio de 2025. En Getafe, su alcaldesa anunció que esta tasa se cobrará “en torno al mes de septiembre cada año”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha enviado una carta a sus vecinos en la que explica que el pago se va a llevar a cabo junto a los gastos de agua y en otros municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, o parla, el pago podrá prorratearse en diferentes cuotas.

Respecto a los municipios que a día de hoy no disponen aún de la tasa de basura, en Badajoz entrará en vigor el 1 de abril y supondrá una media de 90 euros al año; en las Palmas de Gran Canaria se empezará a cobrar en 2026; y en Málaga se espera que llegue para el mes de septiembre.

¿Qué opinan los ayuntamientos y grupos políticos?

El nuevo tributo está generando disputas entre municipios. Se enmarca dentro de “una regulación muy dispar que hace que cada ayuntamiento decida el criterio a partir del cual define su tasa”, según el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Luis Martínez-Sicluna.

Las diferencias implican que, para determinar la tasa, cada ayuntamiento tomará sus propios criterios; algunos, por ejemplo, lo determinarán con base en el consumo de agua por vivienda, otros en la referencia del catastro, incluso en el número de residentes.

La Femp recuerda que se opuso a la “regulación defectuosa” de la Ley de Residuos porque genera “diferencias” entre unos ayuntamientos y otros a la hora de aplicar la tasa y pide evitar “la discrecionalidad” y respetar la autonomía local.

Formaciones como el PSOE y otros grupos de izquierdas han defendido en el Parlamento la adopción de medidas para garantizar una gestión más eficaz de los residuos, de modo que pague más quien menos separe o no recicle o no lo haga de forma correcta y que el que lo haga bien no se vea penalizado.

El Senado ha aprobado recientemente una proposición de ley del PP —con mayoría absoluta en esa Cámara— para modificar la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y eximir a los ayuntamientos de la obligatoriedad del cobro de tasa de basuras.

Por su parte, el Partido Popular ha advertido de que la directiva que traspone la normativa española no impone directamente a los Estados la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura y mucho menos que sean los ciudadanos los que tengan que sufragar el coste del servicio al cien por cien.

Recuerda que para alcanzar los objetivos europeos, la directiva enumera distintos instrumentos financieros y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, tales como la correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos o el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de los mismos, entre otros.