Los 58 lugares que corren peligro en Aragón por la Memoria Democrática y que Vox quiere blindar

En Aragón, la cruz de Albarracín ha hecho saltar todas las alarmas del peligro de permanencia de multitud de cruces y todo tipo de símbolos que guarden algún tipo de relación con la guerra civil. En el caso de la citada cruz Albarracín la orden de derribo nació del propio Gobierno del PP en Aragón que justificó su demolición por «riesgo medioambiental». Vox fue el primero que denunció este «atentado al patrimonio» y ahora se ha propuesto no sólo «salvar la cruz de Albarracín», sino impedir que más de medio centenar de monumentos terminen por desaparecer de nuestro patrimonio.

Aragón y la Memoria Democrática

Los de Abascal han registrado una iniciativa en las Cortes de Aragón para declarar a más de medio centenar de símbolos católicos Bien de Interés Cultural (BIC) para que, de esta manera, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico de España, se les brinde el máximo nivel de protección.

Se trata 58 símbolos, aunque advierten que la lista podría «ampliarse» como adelanta el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. «Se considera necesario que sean protegidos en Aragón, por su interés histórico, cultural o monumental», reza la propuesta registrada en las Cortes de Aragón, de todos estos «monumentos, elementos arquitectónicos, cruces y placas», con el objetivo de que gocen de «protección y calificación de Bien de Interés Cultural (BIC), precisando un estudio y análisis exhaustivo» a fin e conocer «su estado de conservación actual, si han sido vandalizados y pueden restaurarse, si han sido retirados y pueden recolocarse o si existe algún proceso judicial o administrativo que les pueda afectar».

«Vamos a presentar una iniciativa para declarar bienes de interés cultural, varios elementos de nuestra comunidad que tienen valor artístico o que tienen valor histórico. En la provincia de Zaragoza, el monumento que hay en el pueblo viejo de Belchite; el monumento a la legión que está en los pinares de Venecia; las bombas que hay en la basílica del Pilar de Zaragoza, que también, por cierto, Izquierda Unida quería quitar en un intento de borrar su criminal historia, la del Partido Comunista; el Sagrado Corazón de Jesús, en Monzón, en Huesca, el Museo de los Mártires de Barbastro y, por supuesto, también la cruz de la Peña de la Cruz de Bezas o la cruz de los fallecidos en la Guerra Civil que está en la plaza del seminario de Teruel», enumeró Nolasco de los 58 elementos que contemplan.

«Ha llegado la hora de defender nuestro patrimonio artístico, nuestro patrimonio histórico y plantar cara de una vez a estos talibanes», señaló.
En dicha iniciativa alertan de esta manera de todos estos elementos que corren en riesgo de ser «derribados» o sufrir el intento de «causarles daño», y que, sin embargo, «merecen ser protegidos por su relevante valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental».

«Todo ello, por suponer un grave ataque a la reconciliación y concordia entre españoles y a fin de evitar la destrucción de una parte del patrimonio histórico español, recuerdo de la Historia de España, por una razón tan sectaria, intolerante, parcial y necesariamente subjetiva como es la de ser «contrario a la memoria democrática», explican instando al Gobierno del PP de Aragón a «buscar alternativas» a la demolición de la cruz de Albarracín, que «permita su conservación en condiciones de seguridad».

De hecho, gracias a la denuncia que lanzaron los de Abascal desde la peña de la Cruz alertando de la orden de demolición del PP, se emprendió una campaña espontánea nacional para detener su demolición y esta semana pasada, el juez concedió medidas cautelarísimas a Abogados Cristianos para detener el inminente derribo.

 

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Paralelamente, los de Vox presentaron un recurso «contra el acuerdo plenario. Porque no se puede llegar de malas maneras y amedrentar a los vecinos», pues tal y como han denunciado algunos de ellos, la votación habría sido condicionada tanto por la secretaria interventora del Ayuntamiento de Bezas como del funcionario Emilio Pérez, el técnico que realizó el informe sentenciando a la cruz a su pena de muerte, al incidir que de ocurrir un incidente la responsabilidad sería de aquellos que hubieran votado en contra de tirarla.