Fractura en la izquierda del Poder Judicial: la presidenta y un vocal de Sumar votan con el bloque conservador
Vocales progresistas muestran un enorme malestar con Isabel Perelló, mientras que muestran pocas sorpresas por el acercamiento del vocal Carlos Hugo Preciado a los conservadores: "Era algo que se veía venir desde el minuto uno" El Poder Judicial rechaza archivar la investigación al juez que criticó a Irene Montero Medio año después de su constitución empiezan a evidenciarse fisuras en el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pleno de este miércoles, además de revelar el bloqueo en la renovación de las presidencias de las dos salas clave del Tribunal Supremo, dejó una imagen hasta ahora inédita: la de la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y la de uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votando junto al bloque conservador y en contra del resto de vocales progresistas. Se trataba, en este caso, de tres puestos de carácter técnico —no de nombramientos de calado en la cúpula judicial—, pero el movimiento da idea de una fractura interna cada vez más evidente. Vocales progresistas mostraban este miércoles un enorme malestar con Perelló, mientras reiteraban que no temen más “fugas” como las de Preciado que les hagan perder su mayoría de bloqueo en las decisiones clave. Esto es, las que requieren una mayoría cualificada de 13 votos, como los nombramientos de altos cargos judiciales. Para las designaciones de puestos técnicos basta con una mayoría absoluta. El actual CGPJ está dividido totalmente a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta. Este mandato se ha caracterizado por acordar por unanimidad más de 80 nombramientos en la cúpula judicial, con vocales de ambos bloques apoyando a candidatos de sensibilidad opuesta. Una búsqueda de consenso impuesta por la correlación de fuerzas pactada por PSOE y PP el pasado verano para salvar el bloqueo de la derecha, que mantuvo cinco años el CGPJ caducado y sin renovar. Hasta el momento, el órgano sólo se había fracturado en dos ocasiones: ante la reforma del sistema de elección de sus vocales y ante la renovación de las presidencias de las dos salas más delicadas del Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. En ambos casos sí ha operado la política de bloques —los diez vocales de cada grupo han votado unidos— y la presidenta ha mantenido una posición neutral. Este mismo miércoles, Perelló votó en blanco en las presidencias de sala del alto tribunal. Preciado, por su parte, secundó la opción de las candidatas del bloque progresista: Ana Ferrer, para la Sala de lo Penal; y Pilar Teso, para la de lo Contencioso-Administrativo. Los diez conservadores respaldaron a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. Estos últimos, cuya jubilación es próxima, están ocupando en funciones las presidencias de ambas salas, lo que deja sin incentivos a los conservadores para llegar a un acuerdo. Escena de fractura Pero tras esa votación se produjo otra que ofreció una inédita escena de fractura en el bloque progresista que ya se venía rumiando desde hace meses dentro del órgano, pero que no se había evidenciado de forma clara. El pleno se pronunció sobre otras plazas vacantes y tres de ellas —una en la Escuela Judicial y dos en la Inspección— fueron adjudicadas a candidatos propuestos por el bloque conservador gracias al voto de Perelló y de Preciado. Para la jefatura de área de Relaciones Externas e Institucionales de la Escuela Judicial resultó elegida María Contin Trillo, miembro del Cuerpo Jurídico Militar. El resto de vocales del bloque progresista optaban por el juez Rafael Morlanes Fernández, que es afiliado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Con los mismos apoyos, las dos plazas en liza de inspectores delegados en el orden penal recayeron en los jueces Jerónimo Garcia Sanmartín y Fernando Javier Muñiz Tejerina, ambos vinculados a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Este movimiento ha generado un enorme malestar en el resto de vocales del ámbito progresista. Son especialmente duras las apreciaciones de algunos de ellos sobre Perelló, a la que acusan de haber “dividido” al CGPJ. “Ha perdido su imparcialidad para mostrar públicamente su opción por las ideas conservadoras”, dice una voz de este bloque, que recuerda que la presidenta no ha tomado partida por las posiciones de este grupo en los momentos clave, como en el informe sobre el sistema de elección o la renovación de las presidencias de las salas del Supremo que siguen bloqueadas. Respecto a la posición de Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, ni conservadores ni progresistas expresan su sorpresa. “Era algo que se veía venir desde el minuto uno. Sólo se han caído algunas máscaras. Él opta por una política posibilista y pragmática, que es un calc

Vocales progresistas muestran un enorme malestar con Isabel Perelló, mientras que muestran pocas sorpresas por el acercamiento del vocal Carlos Hugo Preciado a los conservadores: "Era algo que se veía venir desde el minuto uno"
El Poder Judicial rechaza archivar la investigación al juez que criticó a Irene Montero
Medio año después de su constitución empiezan a evidenciarse fisuras en el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pleno de este miércoles, además de revelar el bloqueo en la renovación de las presidencias de las dos salas clave del Tribunal Supremo, dejó una imagen hasta ahora inédita: la de la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y la de uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votando junto al bloque conservador y en contra del resto de vocales progresistas.
Se trataba, en este caso, de tres puestos de carácter técnico —no de nombramientos de calado en la cúpula judicial—, pero el movimiento da idea de una fractura interna cada vez más evidente. Vocales progresistas mostraban este miércoles un enorme malestar con Perelló, mientras reiteraban que no temen más “fugas” como las de Preciado que les hagan perder su mayoría de bloqueo en las decisiones clave. Esto es, las que requieren una mayoría cualificada de 13 votos, como los nombramientos de altos cargos judiciales. Para las designaciones de puestos técnicos basta con una mayoría absoluta.
El actual CGPJ está dividido totalmente a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta. Este mandato se ha caracterizado por acordar por unanimidad más de 80 nombramientos en la cúpula judicial, con vocales de ambos bloques apoyando a candidatos de sensibilidad opuesta. Una búsqueda de consenso impuesta por la correlación de fuerzas pactada por PSOE y PP el pasado verano para salvar el bloqueo de la derecha, que mantuvo cinco años el CGPJ caducado y sin renovar.
Hasta el momento, el órgano sólo se había fracturado en dos ocasiones: ante la reforma del sistema de elección de sus vocales y ante la renovación de las presidencias de las dos salas más delicadas del Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. En ambos casos sí ha operado la política de bloques —los diez vocales de cada grupo han votado unidos— y la presidenta ha mantenido una posición neutral.
Este mismo miércoles, Perelló votó en blanco en las presidencias de sala del alto tribunal. Preciado, por su parte, secundó la opción de las candidatas del bloque progresista: Ana Ferrer, para la Sala de lo Penal; y Pilar Teso, para la de lo Contencioso-Administrativo. Los diez conservadores respaldaron a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. Estos últimos, cuya jubilación es próxima, están ocupando en funciones las presidencias de ambas salas, lo que deja sin incentivos a los conservadores para llegar a un acuerdo.
Escena de fractura
Pero tras esa votación se produjo otra que ofreció una inédita escena de fractura en el bloque progresista que ya se venía rumiando desde hace meses dentro del órgano, pero que no se había evidenciado de forma clara. El pleno se pronunció sobre otras plazas vacantes y tres de ellas —una en la Escuela Judicial y dos en la Inspección— fueron adjudicadas a candidatos propuestos por el bloque conservador gracias al voto de Perelló y de Preciado.
Para la jefatura de área de Relaciones Externas e Institucionales de la Escuela Judicial resultó elegida María Contin Trillo, miembro del Cuerpo Jurídico Militar. El resto de vocales del bloque progresista optaban por el juez Rafael Morlanes Fernández, que es afiliado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Con los mismos apoyos, las dos plazas en liza de inspectores delegados en el orden penal recayeron en los jueces Jerónimo Garcia Sanmartín y Fernando Javier Muñiz Tejerina, ambos vinculados a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Este movimiento ha generado un enorme malestar en el resto de vocales del ámbito progresista. Son especialmente duras las apreciaciones de algunos de ellos sobre Perelló, a la que acusan de haber “dividido” al CGPJ. “Ha perdido su imparcialidad para mostrar públicamente su opción por las ideas conservadoras”, dice una voz de este bloque, que recuerda que la presidenta no ha tomado partida por las posiciones de este grupo en los momentos clave, como en el informe sobre el sistema de elección o la renovación de las presidencias de las salas del Supremo que siguen bloqueadas.
Respecto a la posición de Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, ni conservadores ni progresistas expresan su sorpresa. “Era algo que se veía venir desde el minuto uno. Sólo se han caído algunas máscaras. Él opta por una política posibilista y pragmática, que es un calco de lo que hizo Margarita Robles en la última parte de su época como vocal”, dice otro miembro de este grupo. Otras voces progresistas desvelan que el vocal propuesto por Sumar ha intentado incorporar a sus planteamientos a otros miembros del grupo pero, al menos hasta la fecha, no lo ha conseguido. Tampoco creen que lo vaya a lograr en el futuro.
En el bloque conservador también reconocen que en los últimos meses ha habido un acercamiento al vocal propuesto por Sumar. “Su situación es desagradable, lo tienen completamente apartado en su grupo”, dice un representante de este sector, donde admiten, no obstante, que no ven factible atraer a otro vocal progresista que, junto al hipotético voto de Perelló, les sirviera para acceder a la mayoría cualificada que se requiere para sacar adelante las principales decisiones del órgano.
Entre tanto, está por ver si este episodio anticipa mayores dificultades para alcanzar consensos en futuros nombramientos clave u otras decisiones institucionales que hasta ahora se han tomado por unanimidad. Respecto a las designaciones pendientes en el Supremo, los progresistas insisten en que su “determinación” es que deben representar la paridad que exige la ley y que deben ser nombradas dos mujeres (los conservadores proponen a dos magistrados hombres). Y lanzan una advertencia a Perelló: “Si el grupo progresista no hubiera tenido esa determinación [respecto a la paridad], ella ahora no sería presidenta”.