El País Vasco asume la gestión del litoral: «Es una fuente de identidad»
Desde este martes el País Vasco ejerce la competencia sobre la ordenación y gestión de los 246 kilómetros del litoral vizacaino y guipuzcoano, antes a cargo de la Dirección General de Costas. Empieza a funcionar así una de las transferencias comprometidas por Pedro Sánchez al PNV para conseguir su apoyo en la investidura de noviembre de 2023, y que da el poder a la administración vasca, entre otras cuestiones, de autorizar los usos en playas o zonas de tránsito y acceso al mar, así como imponer sanciones y recaudar multas. El Gobierno vasco ha valorado positivamente la puesta en marcha de la transferencia, aprobada mediante decreto el pasado mes de diciembre, ya que se trata de una «competencia anhelada por más de 40 años » y la actividad marítima supone una «fuente de identidad». Según la Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, se pone fin a un «obstáculo» para el desarrollo de proyectos, dado que la antigua titularidad estatal habría estado ralentizando el proceso de tramitación de informes y expedientes necesarios. Ahora, la comunidad autónoma podrá otorgar autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables, como pueden ser toldos y hamacas en las playas. También concesiones demaniales (habilita a una persona o entidad a hacer un uso y disfrute, o aprovechamiento privativo, de un bien o derecho de dominio público) requeridas para efectuar vertidos al dominio público marítimo-terrestre o de explotación de recursos mineros o energéticos. La Administración General del Estado, seguirá fijando los cánones de explotación del dominio público, si bien también podrá imponer los suyos la Administración vasca, que será la encargada de recaudarlo. En lo relativo a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte se tendrá que dar una cooperación entre la administración estatal y la autonómica. Estas y otras especificidades de uso son las que fija el Real Decreto 1310/2024, que establecía para el día de hoy el inicio de la competencia. También el traspaso de bienes humanos (10 funcionarios y 4 personas de personal laboral) y materiale s (3 vehículos y un aparcamiento en régimen de alquiler) que conlleva la competencia. Esto supondrá un coste anual para las arcas del Estado de 4.293.098,75 euros.
Desde este martes el País Vasco ejerce la competencia sobre la ordenación y gestión de los 246 kilómetros del litoral vizacaino y guipuzcoano, antes a cargo de la Dirección General de Costas. Empieza a funcionar así una de las transferencias comprometidas por Pedro Sánchez al PNV para conseguir su apoyo en la investidura de noviembre de 2023, y que da el poder a la administración vasca, entre otras cuestiones, de autorizar los usos en playas o zonas de tránsito y acceso al mar, así como imponer sanciones y recaudar multas. El Gobierno vasco ha valorado positivamente la puesta en marcha de la transferencia, aprobada mediante decreto el pasado mes de diciembre, ya que se trata de una «competencia anhelada por más de 40 años » y la actividad marítima supone una «fuente de identidad». Según la Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, se pone fin a un «obstáculo» para el desarrollo de proyectos, dado que la antigua titularidad estatal habría estado ralentizando el proceso de tramitación de informes y expedientes necesarios. Ahora, la comunidad autónoma podrá otorgar autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables, como pueden ser toldos y hamacas en las playas. También concesiones demaniales (habilita a una persona o entidad a hacer un uso y disfrute, o aprovechamiento privativo, de un bien o derecho de dominio público) requeridas para efectuar vertidos al dominio público marítimo-terrestre o de explotación de recursos mineros o energéticos. La Administración General del Estado, seguirá fijando los cánones de explotación del dominio público, si bien también podrá imponer los suyos la Administración vasca, que será la encargada de recaudarlo. En lo relativo a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte se tendrá que dar una cooperación entre la administración estatal y la autonómica. Estas y otras especificidades de uso son las que fija el Real Decreto 1310/2024, que establecía para el día de hoy el inicio de la competencia. También el traspaso de bienes humanos (10 funcionarios y 4 personas de personal laboral) y materiale s (3 vehículos y un aparcamiento en régimen de alquiler) que conlleva la competencia. Esto supondrá un coste anual para las arcas del Estado de 4.293.098,75 euros.
