Alejo Ramos Padilla, el juez que dictó el jueves una medida cautelar que le impide a Manuel García-Mansilla tomar decisiones en la Corte Suprema tras el rechazo del Senado a su pliego pero haber asumido igual en el máximo tribunal antes (cuando el presidente Javier Milei lo nombró por decreto), habló este viernes para ahondar sobre los motivos de su fallo y puntualizó en cuestiones como que si no actuaba rápido, podía haber riesgos; o que era probable que se desatara un “problema de seguridad jurídica”. Además, advirtió al resto de los cortesanos para que eviten cualquier sentencia de García-Mansilla, al menos durante los tres meses que rige esta cautelar.

En primer término, el magistrado platense contó que esta acción colectiva de amparo se presentó con una solicitud de medida cautelar interina para que el catedrático directamente no jurara como magistrado, tras el decreto de Milei, pero alegó que en ese momento no pudo hacer lugar a esta cuestión debido a que García-Mansilla ya había sido admitido por los otros cortesanos como miembro del máximo tribunal.

Entonces, planteó que antes de tomar una decisión se propuso escuchar a representantes del Poder Ejecutivo, a García-Mansilla y Ariel Lijo, el otro juez federal designado por decreto para la Corte Suprema y cuyo pliego tampoco fue aceptado, pero que no asumió porque no se fue de su juzgado, sino que pidió licencia. “Ambos se presentaron, García-Mansilla dio sus argumentos, incluso manifestó que iba a continuar en el cargo aún cuando no se lo dieran por el procedimiento del artículo 99, inciso 4, con acuerdo del Senado, y entendió que solamente podía ser removido por juicio político”, aseguró en Radio Mitre sobre la visión del hombre que no consiguió aval de la Cámara alta, pero que considera que debe permanecer en la Corte por existir un decreto de la Casa Rosada que, a su entender, lo habilita.

En tanto, Ramos Padilla dijo que en ese entonces, pese a que estaba en condiciones de dictar la cautelar, postergó su decisión debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya había convocado a la sesión especial que se hizo el jueves por la tarde, en la que los senadores rechazaron ambos pliegos por amplia suma de voluntades.

Los motivos

“Lo que dispuse yo fue en el marco del procedimiento de jueces en comisión y se analizó todo en prima facie porque es una medida cautelar, después tendremos que dictar una sentencia de fondo donde se analice eventualmente la validez o no de los actos dictados por un juez de este modo o la validez del nombramiento. Pero lo que se dijo principalmente [en esta sentencia] fue que el doctor García-Mansilla decía que había una práctica constitucional aceptada que le permitía ser nombrado de esa manera y no la encontramos. Sinceramente, el precedente más cercano que teníamos era de 1962, cuando asumió [José María] Guido, lo habían derrocado a [Arturo] Frondizi y el propio Guido había dispuesto el cierre del Congreso. Guido juró ante la Corte y, cuando renunció el presidente de la Corte, mandó a un miembro designado en comisión. Cuando asumió no le dieron el acuerdo y volvió después con Onganía, cuando nuevamente no funcionaba el Congreso. No era un precedente válido a tener en cuenta”, expuso Ramos Padilla sobre una de las razones de su decisión.

Además, señaló que en la reforma constitucional de 1994 se establecieron “mecanismos especiales” para la designación de los magistrados, tanto de los inferiores como los de la Corte Suprema, para los que se incorporó la obligación de que tengan dos tercios de los respaldos en el Senado.

“Y lo que verificamos es que había un riesgo en la demora, verosimilitud del derecho y que había un problema de seguridad jurídica porque todo esto de algún modo u otro hacía necesario dictar esta medida urgente”, argumentó y añadió que mientras que el Congreso analiza la idoneidad y los pliegos, la Justicia evalúa si es correcto el procedimiento para la selección.

En eso, Ramos Padilla dijo que si García-Mansilla se niega a cumplir con esta decisión, hay mecanismos que prevé el Código Civil para hacer que acate y fue ahí que envió su aviso al resto de los integrantes de la Corte: el presidente, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Acá la orden que se dio no es solamente al doctor García-Mansilla, sino a toda la Corte Suprema, a todos los colegas que están con él, a los secretarios, de que todos se abstengan de que él pueda participar de este proceso hasta que no haya una sentencia definitiva”, planteó y acotó: “No es una cuestión de nombres, ni de García-Mansilla, ni de Lijo; se trata de un procedimiento que está puesto bajo análisis del Poder Judicial en este expediente, que prima facie se considera contrario a ciertas normas de la Constitución y eso rige para todos, porque todos los que conocen esta decisión conocen que deben abstenerse de que el doctor García-Mansilla tome conocimiento de los expedientes. Rige para todos, por eso fue notificado el presidente de la Corte, para que fuera notificado todo el cuerpo”.

De momento, Ramos Padilla se prepara para sacar un fallo definitivo, mientras rige por tres meses la cautelar que impide al magistrado adoptar medidas y que podría ser apelada.