El Gobierno se empeña en mantener viva la teoría del ciberataque para explicar el apagón e involucra al CNI

No dejes que la realidad estropee una comparecencia parlamentaria. El Gobierno se empeña en mantener viva la teoría del ciberataque para explicar el apagón de la semana pasada e involucra al CNI para defender la tesis. Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles en el Congreso a una sesión intensa, marcada por el colpaso eléctrico y por el parón ferroviario de este domingo, que dejó varados a miles de viajeros de la alta velocidad en el epílogo de un puente festivo en la Comunidad de Madrid. Los dos son los últimos episodios del gran libro del apocalipsis que se escribe desde la llegada del presidente a Moncloa.

El líder socialista, según precisan fuentes gubernamentales, se referirá en la tribuna al capítulo eléctrico como una "vulnerabilidad del sistema" que deberá reforzar, precisamente, con su plan para defensa. Y es que la comparecencia estaba en un principio destinada a detallar a los diputados el pormenor del aumento presupuestario comprometido con la OTAN para alcanzar el 2 % del PIB en inversión militar antes de que acabe el año. Desde que Sánchez se comprometió a ello con sus aliados atlánticos y europeos, Moncloa siempre jugó la baza del incremento de las partidas de ciberseguridad para engordar el presupuesto de defensa.

La tesis para vencer la resistencia de la opinión pública española y del electorado de izquierdas en particular es que aumentar la contabilidad del ministerio que dirige Margarita Robles no es (solo) gastar más en armas, munición o en pesados carros de combate, sino defenderse de las amenzas que afronta España directamente, entre ellas (y con especial hincapié) la ciberseguridad. Ese es el motivo por el que Moncloa se niega a enterrar la posibilidad de que el cero del sistema eléctrico se debiera a una intromisión externa en la red informática de alguno de los operadores del sistema.

Precisamnete, el Gobierno aprovechó el episodio este martes para dar luz verde en el Consejo de Ministros a un plan milmillonario con el que reforzar la ciberseguridad de algunas instituciones y organismos del Estado. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Digital, responsable del plan, delegan en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que decida si se debe financiar la ciberseguridad de Red Eléctrica o de algun otro ente intermediario. El Gobierno se vanagloria por tener investigando a los mejores expertos en seguridad cibernética. Y precisa que necesitará entre tres y seis meses para adivinar la causa del apagón.

El montante que puso encima de la mesa el Gobierno este martes es de 1.157 millones. Moncloa justifica el desembolso de este plan por la gravedad de las intromisiones en la red digital del país, más de 100.000 en 2024 -de las que el 70% afectaron a empresas, según explicó el ministro de Transformación Digital, Óscar López-. El contexto lo dice todo. La medida no es casual, pese a que Pedro Sánchez la anunció el pasado 24 de abril, días antes del fallo del sistema eléctrico.

La reacción institucional cuando ocurre una crisis es priorizar minimizar el impacto público: se abren investigaciones, como ha hecho Pedro Sánchez; se promete transparencia, como también ha hecho, pero sin admitir responsabilidad de forma inmediata. El uso de expresiones como "se esclarecerán los hechos", "estamos recabando datos" o "coordinación entre actores implicados" es parte de ese lenguaje técnico-político con el que ganar tiempo y controlar el relato.

Las sociedades modernas son una enrevesada red de actores que operan en un sistema tan intrincado que permite a los gobiernos, del nivel que sea, difuminar las responsabilidades cuando hay un fallo que conduce al caos. Precisamente, dicha complejidad es la pantalla tras la que se está protegiendo ahora el Gobierno, consciente de que, a priori, todas las hipótesis son plausibles para explicar el colapso de la red eléctrica que fundió los plomos del país y para justificar el incidente ferroviario.

Si el Gobierno no descarta todavía que el culpable del apagón sea un ciberataque, y si amplifica la repercusión del robo de cobre en las vías de la Alta Velocidad hasta el punto de hablar abiertamente de sabotaje con una motivación distinta a la económica, lo que está haciendo realmente es trasladar a la opinión pública la tesis de una conjura contra él para no asumir en primera persona los últimos fallos de gestión que los ciudadanos han sufrido estas últimas semanas. "Ese es el argumentario", admite un notorio socialista.

Así, en sistemas complejos, como el energético, las responsabilidades suelen estar fragmentadas entre varios entes —ministerios, organismos reguladores, empresas públicas o privadas—. Y todo ello facilita que cada parte eluda culpas escudándose en competencias limitadas o en la actuación de otros. Reconocer un error es caro. Para el Gobierno, implica erosionar su credibilidad e incluso puede costarle apoyos parlamentarios. Y para las empresas puede acarrear sanciones, pérdida de confianza del regulador o impacto bursátil. Este miércoles se palpará el sentir de los grupos políticos. Aunque algunos socialistas con raigambre para opinar empiezan a matar el relato monclovita: 

"A los profanos nos va quedando claro que el apagón lo causaron deficiencias del sistema que es urgente explicar y corregir; que hay que exigir responsabilidades a Red Eléctrica; que las renovables necesitan el complemento de otras fuentes y que es hora de abordar el debate de las nucleares", palabra de Javier Lambán.