“El fondo de la olla”: dura advertencia de un gremio de Vicentin ante la incertidumbre sobre el pago de más de 1200 sueldos
El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo alertó que la firma debería procesar más mercadería de otras empresas para hacer frente a los compromisos
SANTA FE.- En Vicentin “estamos rascando el fondo de la olla”. La gráfica expresión del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, Daniel Succi, sintetiza el actual momento que enfrenta la firma en concurso de acreedores y la amenaza cierta de la quiebra o la alternativa de un salvataje con el aporte de capitales externos.
El “rascar la olla” significa intentar por todos los medios conseguir fondos que permitan a comienzos del próximo mes abonar los sueldos de los 1235 trabajadores que prestan servicios en el complejo industrial, con plantas en el eje Reconquista-Avellaneda (extremo norte de la provincia) y el Gran Rosario (San Lorenzo y Ricardone).
“Estamos viendo si entregan soja los fasoneros en (el mes de) mayo. De lo contrario, solo con girasol y maíz no se alcanza para pagar los sueldos”, resaltó Succi ante una consulta de LA NACION.
En otras palabras, si los fasoneros a los que refiere Succi (Unión Agrícola de Avellaneda y Bunge) dejan de realizar su aporte de semillas para que las plantas continúen funcionando, casi de inmediato se corta la posibilidad de atender la grilla salarial, tras lo cual vendría el cierre de las plantas.
“Las reuniones con los interventores judiciales, el Ministerio de Trabajo y las empresas proveedoras de semilla están siendo fructíferas. La Unión Agrícola Avellaneda sigue poniendo semilla, Bunge sigue poniendo semilla”, destacó el dirigente sindical.
Respecto a los salarios adeudados, Succi detalló que se debía abonar un 20% adicional del mes de marzo y otro 20% en los próximos días. “Hoy la empresa está en manos de los interventores, así que ellos son los encargados de buscar, de rascar la olla de donde sea para poder pagar los salarios”, explicó.
Finalmente, Succi insistió en que el gremio sigue jugando un papel esencial en la defensa de los derechos de los trabajadores.
En cuanto al cuadro de situación, debe indicarse que Guillermo Nudenberg, uno de los interventores judiciales designados en el concurso preventivo de Vicentin, envió una carta al juez del expediente, Fabián Lorenzini, para solicitar la intervención de la Justicia Penal luego de que la planta de etanol de Avellaneda, Santa Fe, sufriera un corte de energía, a pesar de que el magistrado había ordenado expresamente que se debía evitar cualquier interrupción en el suministro.
En su planteo, Nudenberg denunció que la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (Cosepav) cortó el suministro eléctrico de la planta “sin previo aviso”, en un accionar que calificó como “manifiestamente intempestivo, irresponsable y reñido con las más mínimas y elementales pautas de buena fe y prudencia”.
Por su parte, Carlos Nobile, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda Ltda., explicó: “Hicimos el corte de energía y cuando nos llega la resolución del juez volvimos a conectar. Es un fallo preocupante, donde un juez se mete” (sic).
Nobile destacó que “la deuda de Vicentin son dos facturas de 598 millones de pesos más lo que se está consumiendo en abril, con un agravante: que la resolución del juez dice que es por 60 días judiciales”, lo que extiende el plazo hasta el 5 de agosto, incluyendo la feria judicial de julio.
Agregó que “el interventor dijo que no hay plata, que no van a poder pagar la deuda que tienen ni siquiera saben si van a poder pagar lo que se viene”.
Además, detalló que “el consumo de Vicentin representa el 38% de la facturación de la Cooperativa” y que están buscando alternativas, aunque actualmente “están atados de pies y manos”.
“Hoy tenemos espalda para aguantar esto, pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder. Le pedimos a la EPE (Empresa Provincial de la Energía) una financiación sin intereses hasta que Vicentin empiece a pagar. No se pueden llevar una empresa privada (como la cooperativa de servicios públicos) por la resolución de un juez. Que por salvar una empresa, nos lleven puesta una institución de 84 años, con un prestigio de los mejores de la provincia”, subrayó.
