El bufete internacional que desafía a Hacienda denuncia "inspecciones políticas" como al novio de Ayuso

"Nos ha llamado gente que ha sido objeto de inspecciones políticas". Así lo ha declarado Robert Amsterdam, fundador de Amsterdam & Partners, el bufete que ultima demandas masivas contra Hacienda que avanzó Vozpópuli, en la presentación de un informe en el que quiere documentar "abusos sistemáticos y violaciones de derechos por parte de Hacienda".

Amsterdam ha revelado este dato cuando se le ha preguntado por el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que considera "muy importante". Este abogado americano especializado en litigios internacionales y en Derechos Humanos no ha dado detalles sobre sus clientes ni sobre despachos y abogados españoles con los que trabajan y ha segurado que lo hace para no perjudicarles.

Miedo en abogados y despachos españoles

"Nunca he visto el miedo como el que veo en los profesionales españoles. Si trabajo contigo me inspeccionan, mi firma no se lo puede permitir", me dicen. 

El perfil de sus clientes es el de impatriados efectados por la Ley Beckham pero no se cierran a nada y ha sostenido que su iniciativa, que prevé acciones legales en varias jurisdicciones, incluidas España, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, pretende beneficiar al resto de contribuyentes.

Junto con Christopher Wales, asesor de la Hacienda británica con Tony Blair y Gordon Brown, Amsterdam ha presentado el informe Hacienda contra el Pueblo. España y la Ley Beckham, en el que detalla "presión sobre los asesores. Se amenaza a los abogados con la pérdida de su derecho a ejercer si apoyan a un cliente que se resiste a la presión de la Agencia Tributaria (AEAT) para llegar a este tipo de acuerdos. Conocemos bufetes que han recibido amenazas de auditorías del IVA, una de las tácticas favoritas de los regímenes autoritarios del mundo. Hemos comprobado que a los abogados les asusta aceptar casos que impliquen medidas defensivas contra la AEAT. Éste es un impedimento considerable para la justicia".

La reputación de España

En la presentación se ha hablado de reputación, cuando ha sostenido que lo que ocurre en España "no es normal. Hacienda es una vergüenza para España ["shame on Spain"], una desgracia nacional".

Preguntados por cómo deja Hacienda a la marca España y a la reputación del país y sobre cómo ellos la estarían dañando con su campaña de anuncios agresivos en prensa internacional, Amsterdam ha alertado de que van a seguir con la campaña.

El informe sitúa el problema principal en la AEAT, a la que considera que el Gobierno debe atar en corto: "El propio Gobierno, liderado en este tema por el Ministerio de Hacienda, debería ver que el ataque de la AEAT a la comunidad impatriada es jurídicamente erróneo, completamente contraproducente y que dañará gravemente la posición internacional de España".

Con todo, Amsterdam también ha advertido contra el Ejecutivo: "Montero y los demás en el Gobierno dicen que van a recaudar dinero de los ricos. Esto es basura, lo van a sacar de usted y yo, de la gente normal".

"Nadie viene a España con la intención de arriesgarse tanto para poder acogerse a la Ley Beckham. Es evidente que el programa de incentivos del Gobierno para los trabajadores extranjeros es gestionado por la AEAT como un señuelo y una trampa. Es posible que el Ministerio de Hacienda no sea consciente de esta situación", insiste el informe, que pone de ejemplo a un impatriado, Erik, con un salario de 750.000 euros, un rendimiento por inverisones en España de 5.000 euros y en todo el mundo excepto España de 250.000 euros, que puede acabar pagando 4,5 millones de impacto acumulativo por ser excluido del régimen Beckham.

El problema es más profundo para Amsterdam, que ha lamentado la ausencia de gobierno corporativo que ve en España y ha asegurado que en otros países no se permitiría que el Gobierno siga sin Presupuestos. También ha destacado el pobre desempeño del emprendimiento y la elevada tasa de paro juvenil, que cree relacionados.

En este sentido, el informe recoge cifras de productividad, inversión total en porcentaje del PIB, número de empresas cotizadas, capital captado en OPI europeas y capitalización bursátil en las que España no queda en buena posición respecto a sus vecinos, y parece insinuar que estas brechas se intentan suplir con los abusos de Hacienda.

Aunque los datos totales de ingresos no sean excepcionales, admite este trabajo, sí lo es "la tendencia hacia una mayor fiscalidad. La ratio impuesto/PIB ha pasado de estar por debajo de la media de la OCDE en 2009 (29,7%) a situarse muy por encima (37,3%) en 2023, lo que refleja una serie de factores, entre ellos el lastre fiscal. Desde 2000, ha aumentado más de un 4% mientras que el crecimiento medio de la OCDE en el mismo periodo sólo fue del 1%. La gente nota este tipo de aumento. Cuando alcanza el nivel español, crea una dinámica política difícil. Es problemático gravar con impuestos adicionales a particulares y empresas, sobre todo a los que tienen voto".

Intimidación al contribuyente

A continuación, el informe radiografía el modus operandi de la AEAT con los impatriados, y sostiene que "viola los derechos y principios de la UE" y muchos otros.

"Hemos visto a la AEAT vulnerar las reglas de protección de datos y privacidad, arrastrando a los hijos de las víctimas a su investigación para asistar a los contribuyentes y lograr que se sometan", destaca, y cuenta casos en los que pregunta e interroga en los colegios por ellos.

También denuncia que la búsqueda internacional de información, que caracteriza muchas investigaciones de la AEAT sobre impatriados, "no es sólo una expedición de pesca. Forma parte de una estrategia destimada a socavar la reputación del contribuyente de tal manera que sea más probable que acepte rápidamente hacer un trato que ponga fin a la investigación, sin tener en cuenta la existencia de una base jurídica. Los inspectores de la AEAT de esta manera "preparan" a las víctimas, para "ablandarlas" y hacerlas suceptibles a una oferta".

Cuando la autoridad tributaria solicitada accede, "las solicitudes que realiza en nombre de la AEAT a las instituciones financieras identifican al individuo, a ojos de sus banqueros y financieros, como al menos una persona de interés para las autoridades fiscales, un posible evasor fiscal y un posible blanqueador de capitales. Daña la reputación del individuo ante sus socios comerciales. Y ese parece ser precisamente el efecto que se pretende: no tanto una solicitud de información sino más bien un intento descarado de intimidación", advierte.