Cristina Dexeus, fiscal: "García Ortiz debería apartarse del cargo para dejar de salpicarnos con su situación procesal"

La causa que el Tribunal Supremo dirige contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos en la filtración de contenido confidencial de Alberto González Amador preocupa, y mucho, a una carrera fiscal que le ha reiterado en un sinfín de veces que debe dimitir. 

Los últimos avances en la investigación han tenido lugar este miércoles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de informar al juez que no han encontrado en el móvil del jefe del Ministerio Público contenido de interés tras analizar los documentos aportados por WhatsApp y Google.

Cabe recordar que el instructor Ángel Hurtado tuvo que pedir auxilio judicial tanto a Irlanda como a Estados Unidos, sede de ambas empresas, tras encontrar "cero mensajes" en los teléfonos que se le incautaron durante el registro de su despacho el 30 de octubre. Unos mensajes que él mismo reconoció haber eliminado.

Para Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, a García Ortiz "le ampara el derecho de defensa". Sin embargo, siempre ha defendido por activa y por pasiva que debería haber dimitido desde el minuto uno en el que el Tribunal Supremo abrió causa contra él en octubre para "poder dedicarse a su defensa procesal al margen de su institución".

Y es que, tal y como detalla en esta entrevista concedida a Vozpópuli para hablar sobre las novedades que giran en torno a su superior, García Ortiz está creando una "situación inédita, escandalosa y perjudicial para el Ministerio Fiscal". Por lo que, desde su punto de vista, que se aferre al cargo llega a ser un insulto. 

"Resulta paradójico que quien asume la dirección de la carrera fiscal y tiene encomendada la defensa de la legalidad y de la independencia de los tribunales se mantenga en el cargo pese a estar investigado por el Tribunal Supremo por la comisión de un delito. Debería proteger a la institución, a la carrera, apartarse del cargo para dejar de salpicarnos con su situación procesal con independencia del resultado de la causa", apunta. "Habrá que esforzarse mucho para recuperar el prestigio".

Critica que haya participado en decisiones que podrían beneficiarle  

Dexeus no sólo ha criticado que García Ortiz se mantuviese en el cargo, sino que también participase en decisiones que podían beneficiarle. El pasado martes 22 de abril, el jefe del Ministerio Público informó al Consejo Fiscal de su intención de nombrar a Emilio Sánchez Ulled para ponerle al frente de la nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Una plaza creada en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024.

Sin embargo, los vocales de la Asociación de Fiscales decidieron no participar en ese nombramiento por dos motivos. El primero de ellos, porque consideraban que García Ortiz debía abstenerse ya que, previsiblemente, esa fiscalía sería la que fijaría criterio sobre el delito de revelación de secretos. "Entendíamos que tenía un interés personal en la propuesta y, además, afectaba la imagen de imparcialidad y neutralidad de la institución ya muy dañada", apunta.

Incluso, "la comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscales dirigió a García Ortiz una carta con antelación a la celebración del pleno para que sacara del orden del día el punto relativo a la designación de esta plaza por razones que, pese a su obviedad, de nuevo pusimos en evidencia", pero no les respondió, resalta la presidenta de la asociación.

El segundo motivo por el que decidieron no participar fue, porque no estaban conformes con la creación de esa unidad. "No compartíamos los criterios para su creación al considerar que no estaba justificada y que se solapaba con las competencias de la Fiscalia Anticorrupción, que funciona adecuadamente y a la que, si se quiere apoyar y potenciar, bastaría con concederle más medios personales y materiales". 

Además, "el momento de creación de la misma no parece el más idóneo" con García Ortiz por un delito de los comprendidos dentro de los delitos contra la administración pública, por lo que puede tener interés personal en el nombramiento del fiscal que deba asumir las funciones de fiscal de sala en materia de delitos contravía administración pública".

Por último, Dexeus insiste en que "es indispensable un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que mejore el sistema de elección del FGE y revise las causas de cese para separar su nombramiento del gobierno que lo propone, pero también deberá contemplar el cese del jefe del Ministerio Público si está investigado por delito cometido en el ejercicio del cargo, con participación del Consejo fiscal. Además de potenciar y mejorar los mecanismos de discrepancia frente a órdenes del superior".