Asaja vaticina una subida en el precio de los alimentos por la reducción de la jornada laboral en el campo

La patronal agraria Asaja mostró este miércoles su rechazo a la imposición al campo de la reducción de la jornada laboral "pensada desde la ciudad" que ha aprobado el Gobierno, y que teme que provocará inflación alimentaria y desaparición de muchas explotaciones.

La organización agraria advierte en un comunicado de que "imponer desde el ámbito urbano una normativa sobre reducción de jornada, registro horario y desconexión digital sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario supondría un duro golpe para agricultores y ganaderos".

"El campo ya soporta una carga insostenible de costes, burocracia y exigencias medioambientales que ponen en jaque su viabilidad", indica Asaja, que ha pedido al Gobierno un estudio previo riguroso que evalúe el impacto y la viabilidad de aplicar esta norma en el sector primario, "donde las condiciones estructurales, económicas y laborales son radicalmente distintas a las del ámbito urbano".

La patronal aduce que la actividad agraria depende del ciclo biológico, del clima, de las estaciones, y no responde a horarios fijos ni a estructuras cerradas. Por eso, defiende que sea la negociación colectiva la que determine, con flexibilidad y conocimiento, las condiciones laborales en el campo.

"La imposición de un registro horario obligatorio, difícil de cumplir en muchas zonas rurales por falta de cobertura y conectividad, ya supone una carga burocrática adicional, inasumible para muchas pequeñas y medianas explotaciones. A esto se suma la desconexión digital, un concepto urbano que poco encaja en un sector donde la atención a cultivos y animales no entiende de horarios. El campo español se enfrenta ya a grandes retos como la crisis de precios, la falta de relevo generacional y las exigencias medioambientales de la política agrícola comunitaria", agrega el comunicado.

Asaja avisa de que el impacto del recorte obligatorio de la jornada va más allá del ámbito laboral. Cree que esta norma aumentará los costes de producción, y eso acabará trasladándose a los precios.

"Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la estructura ni la economía real del sector agrario", alerta el presidente de Asaja, Pedro Barato. “Es un nuevo lastre para la competitividad del campo español, y podría empujar a muchas explotaciones, ya al límite, a la desaparición”.