Apartados de sus puestos en la cárcel de Brieva dos empleados investigados por dar un móvil a Ana Julia Quezada

Dos empleados de la prisión de Brieva (Ávila) han sido apartados de sus puestos al estar siendo investigados por un posible delito de cohecho por presuntamente mantener relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz, a cambio de facilitarle un teléfono móvil.

Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, que ha detallado que los dos trabajadores son un funcionario y otro personal laboral.

Las autoridades han tomado declaración a un educador del centro penitenciario, tres reclusas y una mujer más, actual pareja de Quezada, y todos señalan que, además, la asesina de Gabriel habría grabado con su teléfono algunas de las relaciones sexuales, mantenidas con empleados y un cocinero, para chantajear a la dirección de la cárcel con el objetivo de conseguir su traslado a Barcelona.

Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo "conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna" a través de un educador. "La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda", recoge el informe de la directora.

Entretanto, Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles a las 10.30 horas en la que denunciará públicamente una situación de "desamparo y desprotección institucional y judicial".

En la comparecencia de este miércoles, Ramírez abordará también lo que considera una "vulneración de derechos" en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple una condena a prisión permanente revisable Quezada y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.