Sumar afronta con optimismo la negociación con Junts para reducir la jornada laboral pero el PSOE templa los ánimos

El Gobierno aborda la negociación para sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que comienza ahora su tramitación en el Congreso, con una actitud muy diferente en sus distintas alas. Sumar, que en este asunto lleva la voz cantante, se muestra muy optimista ante la posibilidad de sacar adelante su medida estrella de la legislatura. Diferentes fuentes tanto del Ministerio de Trabajo como del grupo parlamentario de la coalición en el Congreso se muestran convencidas de que hay muchas opciones de convencer a Junts para que termine dando su apoyo, que es imprescindible, al texto.

Por el contrario, el PSOE es mucho menos entusiasta: fuentes socialistas consideran que los independentistas catalanes no van de farol con su rechazo a la medida y avisan de que la negociación "está muy difícil". Y, por ahora, las declaraciones públicas acompañan más esa sensación que la de Sumar. Este martes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se mostró especialmente dura para reafirmar su negativa a apoyar la ley. "Nosotros queremos dejar clarísima nuestra posición, que es un no: no a una ley que se ha negociado solo con el lobby sindical español y que afecta a los de siempre, a la pequeña y mediana empresa catalana y también a los autónomos catalanes".

Nogueras, cuyo partido tiene importantes vínculos con los empresarios catalanes y está fuertemente presionado por la patronal de las pymes de esa comunidad, aseguró que reducir la jornada laboral máxima a siete horas y media, desde las ocho actuales, "pone en riesgo muchos puestos de trabajo". La portavoz, además, criticó que Trabajo haya "cerrado la puerta" a negociar el texto antes de enviarlo al Congreso, dado que el Gobierno ha preferido dejar los cambios para la tramitación legislativa y no alterar antes de hora el texto pactado con los sindicatos. E, incluso, Nogueras retó al Ejecutivo a pactar la norma "con la derecha española", si es que tiene "tan claro que la sacará adelante".

En privado, fuentes de Junts son incluso más contundentes en su negativa que la portavoz parlamentaria. "Nosotros no vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad", el instrumento legislativo que —si reúne el voto de la mayoría— sirve para derribar un texto en el Congreso en el primer paso de su tramitación, aseguran estas fuentes. Y los dirigentes consultados no ahorran en calificativos para el proyecto de ley diseñado por Trabajo con el apoyo de los sindicatos: lo tachan de "infumable", "inaceptable", "inviable" o diseñado "solo para tener un titular", y aseguran que, a su modo de ver, el Gobierno no puede "decidir las relaciones laborales" ni debe regular "cuántas horas trabajar".

Pese a este portazo, Trabajo asegura que lleva meses hablando con Junts, que la negociación es larga y que quedan mucho tiempo para convencer a los de Carles Puigdemont para que cambien de posición. Fuentes de Sumar consideran que los independentistas están únicamente buscando una posición fuerte de cara a la tramitación, y sostienen que hay margen para conversar sobre medidas que faciliten que las pequeñas y medianas empresas adopten la reducción de jornada sin que les suponga un grave perjuicio para sus cuentas.

Trabajo, además, insiste en que la reducción de jornada es una medida extremadamente popular entre todos los electorados, también los de los partidos de la derecha, por lo que estas formaciones van a tener un importante incentivo para no derribar la medida. Y en eso confía también el PSOE, pese a que ve las negociaciones muy complicadas: fuentes socialistas creen que, si Junts finalmente da su brazo a torcer, será porque la presión de la opinión pública habrá pesado más que la que está ejerciendo la patronal catalana y también que su propio corpus ideológico.

Sin líneas rojas... y sin garantías de llegar a 2025

Ante el duro discurso de Junts, Yolanda Díaz ha ofrecido una negociación en la que la única línea roja sea "bajar la jornada laboral a 12 millones de trabajadores". "Todo el margen de negociación es absolutamente posible", dijo la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros del martes. Ni siquiera parece irrenunciable ahora el objetivo de implantar la reducción de jornada antes del 31 de diciembre de 2025. Cuestión que causó un agrio enfrentamiento al más alto nivel entre el Ministerio de Economía —más flexible con los plazos— y Trabajo, que presionó por tramitar la norma por la vía de urgencia para llegar a tiempo a este año.

La vicepresidenta no hizo alusión a la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 en toda la rueda de prensa, pese a que fue específicamente interrogada por ello. Tampoco aparece el plazo en la presentación que ha difundido a los medios ni en la nota de prensa. Sí se encuentra recogido, en cambio, en el texto que ha llegado al Congreso, al que ha tenido acceso este periódico. En él se especifica que todas las empresas deben aplicar la reducción de jornada antes del 31 de diciembre de 2025, incluso las que no tienen convenio colectivo. Condición, esta última, que no aparecía en el texto anterior.

Además, Díaz se abre ahora a recuperar las famosas "medidas de acompañamiento" a las pequeñas empresas que finalmente quedaron fuera del texto pactado con los sindicatos tras el rechazo de la patronal a subirse al acuerdo. "Junts ha dicho que debe haber acompañamiento a las empresas catalanas. Hay margen para la negociación, se emplea una enmienda de devolución como herramienta de negociación", señaló.

La vicepresidenta segunda lanzó varios guiños a los posconvergentes, reconociendo que cada autonomía "tiene idiosincrasias propias" y que Cataluña tiene un tejido empresarial "con perfil propio". Díaz situó a Cataluña como "motor de arranque en nuestro país", con mayores productividades que la media nacional y con un 30% de los convenios que se firman con jornadas ya inferiores a las 37,5 horas a las que se pretende recortar el tiempo de trabajo máximo semanal.