PP y Vox pactaron en Cantabria pedir la expulsión de menores migrantes que ahora niega el Gobierno de Buruaga
El Ejecutivo autonómico respaldó una iniciativa de Vox para facilitar la repatriación de menores el mismo día que se sirvió de los votos de la extrema derecha para aprobar su polémica Ley de SimplificaciónAntecedentes - El Gobierno de Cantabria pide al Estado la expulsión de 18 menores migrantes tutelados La solicitud de expulsión por parte del Gobierno de Cantabria de 18 menores migrantes tutelados tiene un trasfondo político. Y es que la decisión del Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) —reflejada en un documento trasladado a la Delegación del Gobierno— se enmarca en un acuerdo entre PP y Vox para llevar a cabo estas expatriaciones, en un contexto en el que los populares gobiernan en minoría en la comunidad autónoma y requieren de los votos de la formación de extrema derecha para sacar adelante algunas de sus leyes más polémicas. Y es que la realidad, pese a que la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ahora niegue esas intenciones, es que su departamento ha pedido por escrito iniciar el procedimiento de “repatriación” de prácticamente todos los menores migrantes no acompañados bajo tutela en la comunidad. En total, se han remitido 18 oficios firmados por el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia, Jaime Serdio Agüeros, en los que se afirma que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen” y que “no constan circunstancias que indiquen que la repatriación pueda ser inconveniente para el menor”. El trasfondo político de esta medida se remonta al pasado 17 de marzo, cuando el PP apoyó una iniciativa de Vox en el Parlamento de Cantabria para facilitar la repatriación de menores migrantes. La Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el partido ultra para “la reintegración de menores no acompañados con sus familias” salió adelante gracias a los populares. A cambio, ese mismo día, el Gobierno de Buruaga logró aprobar en la Cámara autonómica la polémica Ley de Simplificación Administrativa con el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Vox, tras mostrarse reticente semanas atrás, cuando llegó a calificar esta norma de “despropósito” al considerarla “un puro brindis al sol”, se abrió finalmente a facilitar la aprobación de un texto que abre la puerta a numerosos cambios legales que afectan a temas tan variados como el urbanismo, los montes, la caza, los espacios protegidos, las emergencias, el turismo, la igualdad o la ordenación sanitaria. Una semana después de aquella votación, la Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria remitió los oficios de repatriación a la Delegación del Gobierno, tal y como figura en el documento al que tuvo acceso este lunes elDiario.es. Se trata de 18 textos prácticamente idénticos, según ha denunciado la propia delegada del Gobierno de España en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), que solo varían en el nombre del menor y que “carecen de informes individualizados y de cualquier referencia a la situación personal” de cada niño o adolescente. La representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma ha acusado al Gobierno cántabro de promover “una repatriación colectiva encubierta”, algo que, ha subrayado, “es contrario a la legislación española, al Derecho Internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Gómez de Diego ha cargado duramente en las últimas horas contra el Gobierno de Buruaga, al que acusa de actuar “con doble moral” y de “utilizar a los menores como moneda de cambio en sus pactos por debajo de la mesa con Vox”. “Mientras públicamente dicen defender el interés superior del menor y que no se les trate como fardos, por detrás remiten 18 oficios para tramitar su expulsión”, ha denunciado. Y ha añadido: “Si no quisieran que se tramitara la expulsión, no lo habrían solicitado”. En Cantabria no hay una crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad institucional Eugenia Gómez de Diego (PSOE) — Delegada del Gobierno de España en Cantabria La delegada también ha revelado que el Ejecutivo cántabro no ha tramitado los permisos de residencia de estos menores, por lo que la Delegación del Gobierno iniciará de oficio este procedimiento para seis de ellos. “En Cantabria no hay una crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad institucional”, ha sentenciado. “Hace apenas tres años, Cantabria dio ejemplo acogiendo a más de 2.000 personas ucranianas. ¿Cuál es entonces el problema con estos 18 menores? ¿Su color de piel?”, se ha preguntado Gómez de Diego, lamentando que “la presidenta de Cantabria no esté a la altura de la solidaridad que ha demostrado históricamente esta comunidad”. Petición de Vox El caso cántabro no es aislado. En t
El Ejecutivo autonómico respaldó una iniciativa de Vox para facilitar la repatriación de menores el mismo día que se sirvió de los votos de la extrema derecha para aprobar su polémica Ley de Simplificación
Antecedentes - El Gobierno de Cantabria pide al Estado la expulsión de 18 menores migrantes tutelados
La solicitud de expulsión por parte del Gobierno de Cantabria de 18 menores migrantes tutelados tiene un trasfondo político. Y es que la decisión del Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) —reflejada en un documento trasladado a la Delegación del Gobierno— se enmarca en un acuerdo entre PP y Vox para llevar a cabo estas expatriaciones, en un contexto en el que los populares gobiernan en minoría en la comunidad autónoma y requieren de los votos de la formación de extrema derecha para sacar adelante algunas de sus leyes más polémicas.
Y es que la realidad, pese a que la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ahora niegue esas intenciones, es que su departamento ha pedido por escrito iniciar el procedimiento de “repatriación” de prácticamente todos los menores migrantes no acompañados bajo tutela en la comunidad.
En total, se han remitido 18 oficios firmados por el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia, Jaime Serdio Agüeros, en los que se afirma que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen” y que “no constan circunstancias que indiquen que la repatriación pueda ser inconveniente para el menor”.
El trasfondo político de esta medida se remonta al pasado 17 de marzo, cuando el PP apoyó una iniciativa de Vox en el Parlamento de Cantabria para facilitar la repatriación de menores migrantes. La Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el partido ultra para “la reintegración de menores no acompañados con sus familias” salió adelante gracias a los populares.
A cambio, ese mismo día, el Gobierno de Buruaga logró aprobar en la Cámara autonómica la polémica Ley de Simplificación Administrativa con el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Vox, tras mostrarse reticente semanas atrás, cuando llegó a calificar esta norma de “despropósito” al considerarla “un puro brindis al sol”, se abrió finalmente a facilitar la aprobación de un texto que abre la puerta a numerosos cambios legales que afectan a temas tan variados como el urbanismo, los montes, la caza, los espacios protegidos, las emergencias, el turismo, la igualdad o la ordenación sanitaria.
Una semana después de aquella votación, la Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria remitió los oficios de repatriación a la Delegación del Gobierno, tal y como figura en el documento al que tuvo acceso este lunes elDiario.es. Se trata de 18 textos prácticamente idénticos, según ha denunciado la propia delegada del Gobierno de España en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), que solo varían en el nombre del menor y que “carecen de informes individualizados y de cualquier referencia a la situación personal” de cada niño o adolescente.
La representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma ha acusado al Gobierno cántabro de promover “una repatriación colectiva encubierta”, algo que, ha subrayado, “es contrario a la legislación española, al Derecho Internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Gómez de Diego ha cargado duramente en las últimas horas contra el Gobierno de Buruaga, al que acusa de actuar “con doble moral” y de “utilizar a los menores como moneda de cambio en sus pactos por debajo de la mesa con Vox”. “Mientras públicamente dicen defender el interés superior del menor y que no se les trate como fardos, por detrás remiten 18 oficios para tramitar su expulsión”, ha denunciado. Y ha añadido: “Si no quisieran que se tramitara la expulsión, no lo habrían solicitado”.
En Cantabria no hay una crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad institucional
La delegada también ha revelado que el Ejecutivo cántabro no ha tramitado los permisos de residencia de estos menores, por lo que la Delegación del Gobierno iniciará de oficio este procedimiento para seis de ellos. “En Cantabria no hay una crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad institucional”, ha sentenciado. “Hace apenas tres años, Cantabria dio ejemplo acogiendo a más de 2.000 personas ucranianas. ¿Cuál es entonces el problema con estos 18 menores? ¿Su color de piel?”, se ha preguntado Gómez de Diego, lamentando que “la presidenta de Cantabria no esté a la altura de la solidaridad que ha demostrado históricamente esta comunidad”.
Petición de Vox
El caso cántabro no es aislado. En territorios como Comunitat Valenciana o Murcia, Vox también ha condicionado su apoyo parlamentario al PP a cambio de medidas contra los menores migrantes. En el Parlament valenciano, el partido de Santiago Abascal condicionó su apoyo a los presupuestos del PP de Carlos Mazón a cambio de una partida de 5,5 millones de euros para expulsar a menores migrantes y otra de 100.000 destinada a verificar “fielmente” sus edades.
En Murcia, una de sus exigencias fue el cierre del centro de acogida para menores no acompañados de Santa Cruz, finalmente asumida por el Ejecutivo de Fernando López Miras. Cabe recordar, además, que Vox rompió el pasado verano todos los acuerdos de gobierno autonómicos que mantenía con el PP después de que esta última formación aceptara el pacto nacional para la acogida de menores migrantes.
En definitiva, la contradicción entre el relato público del Gobierno de Cantabria y los pasos que ha dado por escrito pone de relieve la motivación oculta del Ejecutivo de Buruaga que, en minoría, busca garantizarse el apoyo de Vox en determinadas medidas controvertidas mientras se pliega a su agenda ultra.
