CÓRDOBA.- Después de que en su primer día de alegato, los fiscales en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba afirmaron que “no hay dudas de que fueron inyectados” y de que “no solo hay indicios, hay pruebas” contra la enfermera Brenda Agüero, hoy pidieron la pena de prisión perpetua para ella. Este miércoles apuntaron a la responsabilidad de los otros diez imputados para los que solicitaron desde uno a cuatro años de prisión.

Entre los exfuncionarios están el exministro de Salud, Diego Cardozo (tres años de prisión condicional y uno de inhabilitación), y la exdirectora del hospital, Liliana Asís (cuatro años de prisión efectiva y tres de inhabilitación).

Están acusados de encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionarios públicos. Para tres médicas del hospital reclamaron un año de inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de denunciar.

También pidieron cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial por tres años para Julio Escudero Salama, exsubdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Él está imputado por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

Martha Gómez Flores, médica con especialidad en Neonatología, solicitaron cuatro años de prisión efectiva y tres de inhabilitación. Está acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, todo en concurso real con falsedad ideológica.

El rol de la enfermera, según los fiscales

Entre marzo y junio de 2022 en el Neonatal murieron cinco bebés -dos autopsias hechas en el momento revelaron hiperpotasemia y niveles de insulina incompatibles con la vida- y otros ocho se descompensaron pero lograron sobrevivir, algunos con secuelas.

Los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini ayer hicieron eje en el rol de Agüero. “Ella les inyectó potasio, sabía lo que hacía, era muy hábil para colocar inyecciones, sabía que eran dosis mortales, los quiso matar”, dijo Ballestrini e insistió en que “todos los elementos convergen a la actividad homicida”. Mirando a las madres y familias de las víctimas, cerró su intervención: “Ustedes no son culpables. La única culpable es Brenda Agüero”. Los jurados populares que el 2 de junio próximo dictarán sentencia. Si la consideran culpable, la única pena posible es la prisión perpetua.

“La intención de Brenda Agüero en su criminalidad serial era dar muerte a los bebés que inoculó sustancias letales”, subrayaron al pedir la perpetua.

Este miércoles Ruiz Moreno analizó las responsabilidades funcionales en los eventos de marzo a junio y los dividió en dos: una serie hasta mayo y otra después del 1° de ese mes, cuando un bebé se descompensó y se convirtió en el séptimo de la historia que terminó en 13.

“Antes de esa fecha se ven movimientos tendientes a averiguar qué estaba pasando, incluso con la participación multitudinaria en la reunión por análisis causa raíz del 28 de abril -sostuvo el fiscal-. Pero después de esa fecha se pasa al hermetismo y a tratar de que no se sepa que estaba ocurriendo. Evitando, incluso, dar el alerta al propio personal”.

Puso el acento en la terrible tarde del 6 de junio que se extiende hasta el 7, cuando mueren dos bebés y dos se descompensan.

La lista de acusados se completa con Pablo Carvajal, exsecretario de Salud, acusado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Para él pidieron tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación de tres años.

Pidieron un año de prisión, inhabilitación y el máximo de multa para Claudia Ringelheim, médica especialista en Obstetricia y Tocoginecología, que está imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. En tanto, para Adriana Moralez, especialista en Neonatología, pidieron tres años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación por tres años. Sobre ella pesa la carga de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

Completan el listado Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del Hospital Materno Neonatal supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público. Para ella pidieron un año de inhabilitación y multa.

Para María Luján, médica especialista en Pediatría y Neonatología, excoordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, solicitaron un año e inhabilitación y el máximo de la multa. Está imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso real con falsedad ideológica. En tanto, Alejandro Gauto, exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud, pidieron tres años prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial por tres años. Está acusado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.