Moncloa acusa a las eléctricas de “querer comprar elecciones” para frenar el cierre nuclear

El Gobierno intensifica su cruzada contra las grandes compañías eléctricas y les acusa directamente de “querer comprar elecciones por tener dinero”, según señala a este diario una destacada fuente gubernamental, para ralentizar el cierre nuclear. Es habitual que quien ostenta el poder busque enemigos y batallas con las que movilizar a los suyos. Y cuanto mayor es la hostilidad, más evidente se hace la desesperación. De ahí el gruejo lenguaje de algunos miembros del Gobierno.

El problema es que el Ejecutivo necesita a estas compañías para ejecutar con éxito la transición energética, pero esta vez ha decidido tapar cualquier responsabilidad que pudiera tener en el apagón, así como su falta de respuestas sobre las causas, con una guerra ideológica a la oposición y, por extensión, a las empresas dirigidas por "ultrarricos", los malos señalados por Sánchez, que estarían en comunion con el PP. El conflicto entre Moncloa y estas empresas se libra en varios frentes, aunque fuentes del Ministerio de Transición Ecológica descartan que la escalada retórica dinamite la "postiva" colaboración en la investigación sobre las causas del apagón.

El frente más importante es la línea nuclear. El Gobierno considera que las empresas energéticas están haciendo lobby a través del PP, al que utilizan como su brazo político, para presionar y lograr un consenso en el Congreso que permita alargar la vida de las centrales nucleares con cargo a las arcas del Estado; algo que el Ejecutivo, que apuesta decididamente por las energías renovables, considera injusto. 

Sánchez, que no dio novedad alguna sobre los motivos del fundido a negro de la red eléctrica, sí fue claro en este aspecto: "La oposición de Feijóo y Abascal intenta retratar al Gobierno como un ultra antinuclear. Y la posición del Gobierno en esta materia es racional y razonable. Para su información, en 2019, las grandes empresas energéticas, que son propietarias de estas centrales, pactaron entre ellas un calendario de cierre para las que aún están operativas. El Gobierno apoya su decisión. Desde entonces, hemos dicho lo mismo: si ellas acuerdan otro calendario, las escucharemos, porque somos un Gobierno dialogante. Ahora bien, lo haremos si se cumplen tres requisitos de sentido común: que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos, que sea económicamente viable y que sea a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden esas energéticas".

El presidente confronta la tesis difundida hasta el momento por algunos expertos sobre el colapso de la red eléctrica: "Me gustaría recomendar algo a la ciudadanía: que desconfíe de quienes le dicen que esto va de renovables o nucleares, porque no es así. A día de hoy, quiero decirles a los ciudadanos, para su tranquilidad, que no hay evidencia empírica que indique que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o una falta de nucleares", dijo.

Fuentes del Ejecutivo recuerdan a este diario que, "en 2024, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa ganaron 11.249 millones de euros, un 5,4% más que en 2023". "Pero les parece poco y han puesto a trabajar a sus lobistas", explican. Otras fuentes apuntan que "si hay que mantener la nuclear, eso tiene un coste. Lo que no puede ser es que lo pague el ciudadano medio. Son las energéticas las que tienen que asumir el calendario de cierre. Ellos quieren que el Gobierno les haga barato el negocio nuclear", zanjan.

Este pulso no puede entenderse al margen de la coyuntura política. En un contexto de tensión social y polarización electoral, el Gobierno ha optado por dibujar una frontera clara entre el poder económico y la ciudadanía. El relato es conocido pero eficaz: un Ejecutivo que se enfrenta a los “ultrarricos” para proteger el interés general. Esa estrategia busca movilizar a su electorado natural, consolidar apoyos a su izquierda y desviar el foco del apagón que el 28 de abril dejó a millones de usuarios sin suministro, y cuya gestión todavía levanta preguntas sin resolver.

Pero se trata de un juego de alto riesgo. Declarar la guerra a las eléctricas —actores clave en la transición energética— puede tener consecuencias técnicas, económicas e institucionales. La falta de interlocución fluida podría ralentizar inversiones, enrarecer el clima empresarial o incluso abrir una brecha jurídica si el cierre nuclear termina judicializado. Además, el señalamiento constante al PP como brazo político de esos intereses económicos amenaza con romper puentes en la interlocución parlamentaria, en un momento en el que el Ejecutivo necesita estabilidad legislativa. Este mismo jueves se vota el decreto de medidas por los aranceles de Estados Unidos.

En definitiva, Moncloa ha elegido confrontar de forma abierta con un sector con enorme poder económico y capacidad de influencia. El movimiento puede reforzar su relato y cohesionar al bloque progresista. Pero también puede activar resistencias poderosas, tanto dentro como fuera de las instituciones. Y en medio, una pregunta clave sigue sin respuesta clara: ¿quién asume los costes de la energía del futuro?

El otro frente de disputa es la cuestión de las indemnizaciones por el apagón. En estos momentos, fuentes del núcleo duro de Moncloa explican que el Gobierno, una vez ha constatado que Red Eléctrica asegura que el incidente no se produjo por un fallo en sus sistemas, cree son las empresas del sector que se encargan de las otras fases, las que pueden ser responsables. Pero estas también dicen que no ha habido problemas en sus tripas. En juego hay mucho dinero para reparar los daños.