Luz verde a la presa de Alcolea, paralizada por el temor a aguas tóxicas: la acabará el Gobierno andaluz y el Estado compensará
El Ejecutivo central realizará obras en la provincia de Huelva por un importe similar al que queda por ejecutar y se desprende del embalse, que pasará a ser de gestión directa de la Junta de AndalucíaMoreno esgrime la catástrofe de la DANA para exigir al Gobierno la presa de Huelva bloqueada por el exceso de aguas tóxicas Todavía queda por afinar, pero ya hay fumata blanca sobre la presa de Alcolea. Esta infraestructura, considerada clave para abastecer a Huelva (sobre todo a su regadío), lleva años paralizada por las dudas sobre su viabilidad ya que acumularía agua del río Odiel que baja muy contaminada. Considerada de interés general del Estado, la solución pactada es que la Junta de Andalucía asuma la construcción y gestión del embalse, mientras que el Ejecutivo central compensará por un importe similar al de la factura final en otras obras hidráulicas en la provincia onubense. El entendimiento obedece sobre todo a un cambio de postura del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha levantado su veto a una obra que el Gobierno andaluz no ha dejado de reclamar. El cambio de postura tiene mucho que ver con que la fórmula acordada supone su desvinculación del proyecto, ya que la Junta la incluye entre sus competencias y se encargará en exclusiva de terminarla. Con ello, tendrá que afrontar la cuestión de los residuos mineros si finalmente el problema da la cara. El giro del Miteco se empezó a dar el pasado septiembre, pero cristalizó ya en enero con un factor adicional importante: la DANA que sufrió Valencia puso sobre la mesa que esta presa sirve también de regulación para evitar inundaciones de municipios, un argumento que ya esgrimió en noviembre el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una carta remitida al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya apuntó hace un mes que se estaba analizando una propuesta de la Junta para terminar las obras que “vemos con buenos ojos”. “Alcanzar una solución definitiva” Ahora es en otra misiva en la que el Ministerio reitera al Gobierno andaluz su disposición para “alcanzar una solución definitiva para la presa”. El escrito ha sido remitido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que es a su vez el responsable de las políticas de agua. Ahora, sobre la base del acuerdo que ambas partes consideran que ya se ha alcanzado, toca afinar cómo hacerlo. El primer paso sería la creación de un grupo de trabajo técnico-administrativo, al que se encargará analizar la situación actual y encontrar “la mejor fórmula jurídico-administrativa para el desarrollo del acuerdo”, reza la carta. Asimismo, tendrá que identificar “los trámites necesarios para su cumplimiento”, un ofrecimiento al que la Consejería se ha comprometido a dar una respuesta lo antes posible una vez que conozca los detalles. Las partes se han cruzado ya un borrador de protocolo con las premisas del acuerdo, y el Miteco ya ha elegido para su valoración un listado de actuaciones con los que compensar por dejar de hacer una infraestructura que, a día de hoy, sigue siendo de su competencia. La premisa es que “las actuaciones financiadas por el Ministerio se ejecuten en la provincia de Huelva y que el coste total de los trabajos sea por un importe similar a la inversión que resta actualmente en la presa de Alcolea”. Presupuesto inicial de 89 millones ¿De qué cantidades estaríamos hablando? Eso es precisamente lo que hay que precisar, porque el importe de adjudicación en su momento fue de 89 millones de euros, pero los trabajos se frenaron en 2017 y habría que actualizar tanto el proyecto como su presupuesto. Junto a ello, fijar formalmente en qué porcentaje de ejecución quedaron las obras, sentido en el que suele barajarse la cifra del 23%. El Ministerio ha transmitido a la Junta su intención de “dar la máxima diligencia a este asunto”, concretando los detalles mientras se trabaja en un convenio “en el que se fijen las obligaciones jurídicas y económicas de cada una de las partes”. Eso sí, se apunta que esto sí “requerirá una tramitación compleja” por cada una de las administraciones. Otra cuestión es la de la contaminación, sobre la que se han sucedido los informes a favor y en contra ante el riesgo de que el agua que acumule Alcolea sea ácida, con elevadas concentraciones de metales de origen minero como aluminio, cobre, cadmio, manganeso y zinc. Todo ello por lixiviados mineros que han provocado que el Odiel (del que se alimentaría la presa) y el cercano Tinto sean los ríos que más contaminan el mar en todo el mundo con tóxicos mineros. Ahí la Junta de Andalucía siempre ha defendido que el proyecto del embalse ya incluye suficientes medidas correctoras, algo sobre lo que el Gobierno central mantiene sus dudas. El último e
El Ejecutivo central realizará obras en la provincia de Huelva por un importe similar al que queda por ejecutar y se desprende del embalse, que pasará a ser de gestión directa de la Junta de Andalucía
Moreno esgrime la catástrofe de la DANA para exigir al Gobierno la presa de Huelva bloqueada por el exceso de aguas tóxicas
Todavía queda por afinar, pero ya hay fumata blanca sobre la presa de Alcolea. Esta infraestructura, considerada clave para abastecer a Huelva (sobre todo a su regadío), lleva años paralizada por las dudas sobre su viabilidad ya que acumularía agua del río Odiel que baja muy contaminada. Considerada de interés general del Estado, la solución pactada es que la Junta de Andalucía asuma la construcción y gestión del embalse, mientras que el Ejecutivo central compensará por un importe similar al de la factura final en otras obras hidráulicas en la provincia onubense.
El entendimiento obedece sobre todo a un cambio de postura del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha levantado su veto a una obra que el Gobierno andaluz no ha dejado de reclamar. El cambio de postura tiene mucho que ver con que la fórmula acordada supone su desvinculación del proyecto, ya que la Junta la incluye entre sus competencias y se encargará en exclusiva de terminarla. Con ello, tendrá que afrontar la cuestión de los residuos mineros si finalmente el problema da la cara.
El giro del Miteco se empezó a dar el pasado septiembre, pero cristalizó ya en enero con un factor adicional importante: la DANA que sufrió Valencia puso sobre la mesa que esta presa sirve también de regulación para evitar inundaciones de municipios, un argumento que ya esgrimió en noviembre el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una carta remitida al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya apuntó hace un mes que se estaba analizando una propuesta de la Junta para terminar las obras que “vemos con buenos ojos”.
“Alcanzar una solución definitiva”
Ahora es en otra misiva en la que el Ministerio reitera al Gobierno andaluz su disposición para “alcanzar una solución definitiva para la presa”. El escrito ha sido remitido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que es a su vez el responsable de las políticas de agua. Ahora, sobre la base del acuerdo que ambas partes consideran que ya se ha alcanzado, toca afinar cómo hacerlo.
El primer paso sería la creación de un grupo de trabajo técnico-administrativo, al que se encargará analizar la situación actual y encontrar “la mejor fórmula jurídico-administrativa para el desarrollo del acuerdo”, reza la carta. Asimismo, tendrá que identificar “los trámites necesarios para su cumplimiento”, un ofrecimiento al que la Consejería se ha comprometido a dar una respuesta lo antes posible una vez que conozca los detalles.
Las partes se han cruzado ya un borrador de protocolo con las premisas del acuerdo, y el Miteco ya ha elegido para su valoración un listado de actuaciones con los que compensar por dejar de hacer una infraestructura que, a día de hoy, sigue siendo de su competencia. La premisa es que “las actuaciones financiadas por el Ministerio se ejecuten en la provincia de Huelva y que el coste total de los trabajos sea por un importe similar a la inversión que resta actualmente en la presa de Alcolea”.
Presupuesto inicial de 89 millones
¿De qué cantidades estaríamos hablando? Eso es precisamente lo que hay que precisar, porque el importe de adjudicación en su momento fue de 89 millones de euros, pero los trabajos se frenaron en 2017 y habría que actualizar tanto el proyecto como su presupuesto. Junto a ello, fijar formalmente en qué porcentaje de ejecución quedaron las obras, sentido en el que suele barajarse la cifra del 23%.
El Ministerio ha transmitido a la Junta su intención de “dar la máxima diligencia a este asunto”, concretando los detalles mientras se trabaja en un convenio “en el que se fijen las obligaciones jurídicas y económicas de cada una de las partes”. Eso sí, se apunta que esto sí “requerirá una tramitación compleja” por cada una de las administraciones.
Otra cuestión es la de la contaminación, sobre la que se han sucedido los informes a favor y en contra ante el riesgo de que el agua que acumule Alcolea sea ácida, con elevadas concentraciones de metales de origen minero como aluminio, cobre, cadmio, manganeso y zinc. Todo ello por lixiviados mineros que han provocado que el Odiel (del que se alimentaría la presa) y el cercano Tinto sean los ríos que más contaminan el mar en todo el mundo con tóxicos mineros.
Ahí la Junta de Andalucía siempre ha defendido que el proyecto del embalse ya incluye suficientes medidas correctoras, algo sobre lo que el Gobierno central mantiene sus dudas. El último estudio científico sobre la cuestión lleva la firma de la Universidad de Huelva y apuntaba que para garantizar un agua de buena calidad en Alcolea “sería necesario reducir los vertidos ácidos” en su cuenca “entre el 45 y el 70%”.
