Las finanzas del Vaticano: así gestiona la Iglesia su inmenso patrimonio

La iglesia católica siempre ha sido muy celosa en lo que respecta a sus cuentas. Los sacerdotes de las numerosas órdenes religiosas no acuden a las sucursales para la gestión del patrimonio, sino que son los bancos privados y gestoras de fondos financieros especializados quienes se encargan de la administración de estos archivos.

A la hora de abordar cuestiones económicas, la Iglesia funciona de una forma similar a la de una gran corporación. Por todos es conocida la gran riqueza y amplitud del patrimonio eclesiástico, aunque la opacidad al respecto de todos los asuntos relacionados con el Vaticano hace que resulte complicado poder contabilizar sus activos.

A lo largo de los siglos, la Iglesia católica ha acumulado una enorme fortuna, y se estima que a día de hoy posee una riqueza total que ronda los dos billones de euros solo en bienes inmuebles, es decir, sin tener en cuenta el efectivo, las acciones, las reservas de oro, el patrimonio artístico, etcétera.

De acuerdo a lo publicado por Nasdaq, resulta complicado poder tener certezas acerca de las cuentas de la Iglesia por la opacidad del Banco Vaticano, que ha sido protagonista de numerosos escándalos relacionados con la malversación y el fraude, dificultando de esta manera el seguimiento preciso del flujo efectivo. A ello se suma que hay muchos países, como EEUU, en los que los grupos religiosos no tienen obligación de publicar sus datos financieros.

De todas formas, a través de distintas filtraciones se han podido conocer algunos datos interesantes acerca de las cuentas de la Iglesia, así como por los estudios llevados a cabo por especialistas como KPMG, que calcula que cada año la institución genera 32.500 millones de euros.

¿Quién gestiona el patrimonio de la Iglesia?

En España hay tres firmas que se encargan de la gestión del dinero generado por la Iglesia, que son Portocolom, Altum Faithful e iCapital. La banca española tiene un trato preferencial a los responsables financieros de las instituciones religiosas, a los que se conoce como ecónomos.

Una de las principales preocupaciones de estas órdenes radica en el sostenimiento de la propia institución, cubriendo así las necesidades de monjas y frailes, que por lo general no han cotizado nada y, por tanto, no perciben pensiones públicas. Por otro lado, hay que destacar que el patrimonio de la Iglesia no pertenece a una persona concreta de la institución, por lo que no hay una persona que pueda tomar decisiones sobre estos activos.

De esta forma, la institución dispone de un modelo de gobierno, de toma de decisiones, que va en consonancia con la realidad financiera y de la que forman parte distintas personas y órganos de gobierno, siempre bajo unas directrices y limitaciones claramente definidas. Por lo general, la gestión recae sobre los ecónomos que debe reportar una comisión económica que pertenece a la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede.

No obstante, hay que tener en cuenta que la Iglesia también tiene que lidiar con algunas dificultades a la hora de invertir, si bien existe un “manual de buenas prácticas” que utilizan las órdenes religiosas para gestionar su patrimonio.

Todas estas recomendaciones siguen en todo momento las normas de la Iglesia católica, evitando llegar a acuerdos con aquellas empresas que fomenten de alguna forma el matrimonio entre personas del mismo género o invertir en bonos del Estado de países en los que el aborto sea legal. De esta manera, se busca que las decisiones financieras vayan acordes a los valores y directrices de la Iglesia.