Indemnización de 2 millones de euros a la familia de una mujer que quedó en coma tras extirparle la vesícula
Política y Normativa soledadvalle Jue, 08/05/2025 - 16:33 Sentencia Por la aguja de Veress se insufla el gas en el abdomen del paciente para despejar libre el campo de visión al cirujano en la extirpación de la vesícula. Es decir, para crear el neumoperitoneo, que es necesario para realizar la citada intervención. Colocar bien esa aguja es vital. Hacerlo mal, puede derivar en que ese gas, que normalmente es dióxido de carbono (CO2), termine en el torrente sanguíneo, con consecuencias imprevisibles. Ese error fatal en la colocación de la aguja de Veress derivó en la situación en la que vive la paciente, reconocido con un grado de discapacidad del 95%. Así ha concluido la Audiencia Provincial de Huelva en una sentencia que condena a la compañía aseguradora sanitaria de la afectada, SegurCaixa Adeslas, a indemnizar a ella y a su familia con dos millones de euros, resultado de sumar al capital principal, que han sido de 1,7 millones de euros, los intereses. El despacho de Alfonso Iglesias, especialista en Derecho Sanitario, ha llevado la defensa de la familia.La paciente, de 35 años cuando ocurrieron los hechos que se juzgan, fue diagnosticada de una coleliatisis sintomática. Como abordaje del problema, le propusieron quitarle la vesícula, es decir, someterse a una colecistectomía por laparoscopia. El día de la intervención, la paciente firmó el consentimiento informado, donde estaba recogido el riesgo de embolia gaseosa, que se materializó. Pero la asunción de los riesgos, según recoge la sentencia, se realiza "sin perjuicio de la responsabilidad del médico si incurre en una mala praxis constatada". Es decir, que esa firma no cubre los daño por equivocaciones demostrables e injustificables. Los problemas se manifestaron al comienzo de la intervención, "fue en el momento de la creación del neumoperitoneo, cuando se produjo en la paciente una situación de bache hipotensivo brusco. Dicho bache fue superado mediante la administración de fluidoterapia, de efedrefina y fenilefrina", según recoge la historia clínica de la paciente. De modo que, la cirugía continuó y se le extirpó la vesícula. Pero en la unidad de recuperación postanestesia se vio que la paciente no respondía según lo esperado. Mediante un TC se constató "un deterioro neurológico importante" con "lesiones difusas". Además, un ecocardiograma transesofágico puso de manifiesto que la paciente tenía un foramen oval permeable (FOP). El diagnóstico final fue de infarto cerebral con grave deterioro neurológico. La mujer salió del quirófano con "un coma estructural". Fue derivada a otro hospital, donde ingresó en "estado vegetativo" y se le aplicó rehabilitación. Tiene reconocido un grado de gran invalidez, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y un grado de discapacidad del 95%. Condena por no descartar una enfermedad congénita antes de cerrar una ileostomía a un niño, Absolución porque cuando se utilizó el perfluoroctano no había alerta sanitaria, Indemnización de 55.000 euros por falta de medidas para evitar un suicidio La defensa de la actuación del cirujano y el anestesista en el juicio se centró en el descubrimiento posterior a la cirugía de que la paciente tenía u La Audiencia Provincial de Huelva reconoce que la situación de la paciente, de 35 años en el momento de los hechos, derivó de "una maniobra inadecuada". Off Soledad Valle Off
Por la aguja de Veress se insufla el gas en el abdomen del paciente para despejar libre el campo de visión al cirujano en la extirpación de la vesícula. Es decir, para crear el neumoperitoneo, que es necesario para realizar la citada intervención. Colocar bien esa aguja es vital. Hacerlo mal, puede derivar en que ese gas, que normalmente es dióxido de carbono (CO2), termine en el torrente sanguíneo, con consecuencias imprevisibles.
Ese error fatal en la colocación de la aguja de Veress derivó en la situación en la que vive la paciente, reconocido con un grado de discapacidad del 95%. Así ha concluido la Audiencia Provincial de Huelva en una sentencia que condena a la compañía aseguradora sanitaria de la afectada, SegurCaixa Adeslas, a indemnizar a ella y a su familia con dos millones de euros, resultado de sumar al capital principal, que han sido de 1,7 millones de euros, los intereses.
El despacho de Alfonso Iglesias, especialista en Derecho Sanitario, ha llevado la defensa de la familia.
La paciente, de 35 años cuando ocurrieron los hechos que se juzgan, fue diagnosticada de una coleliatisis sintomática. Como abordaje del problema, le propusieron quitarle la vesícula, es decir, someterse a una colecistectomía por laparoscopia.
El día de la intervención, la paciente firmó el consentimiento informado, donde estaba recogido el riesgo de embolia gaseosa, que se materializó. Pero la asunción de los riesgos, según recoge la sentencia, se realiza "sin perjuicio de la responsabilidad del médico si incurre en una mala praxis constatada". Es decir, que esa firma no cubre los daño por equivocaciones demostrables e injustificables.
Los problemas se manifestaron al comienzo de la intervención, "fue en el momento de la creación del neumoperitoneo, cuando se produjo en la paciente una situación de bache hipotensivo brusco. Dicho bache fue superado mediante la administración de fluidoterapia, de efedrefina y fenilefrina", según recoge la historia clínica de la paciente.
De modo que, la cirugía continuó y se le extirpó la vesícula. Pero en la unidad de recuperación postanestesia se vio que la paciente no respondía según lo esperado. Mediante un TC se constató "un deterioro neurológico importante" con "lesiones difusas". Además, un ecocardiograma transesofágico puso de manifiesto que la paciente tenía un foramen oval permeable (FOP). El diagnóstico final fue de infarto cerebral con grave deterioro neurológico.
La mujer salió del quirófano con "un coma estructural". Fue derivada a otro hospital, donde ingresó en "estado vegetativo" y se le aplicó rehabilitación. Tiene reconocido un grado de gran invalidez, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y un grado de discapacidad del 95%.
