El Gobierno anunció hace seis meses el nombramiento de 150 jueces, pero no envió ningún pliego al Senado
Ahora dice que lo hará “de inmediato”; las designaciones están frenadas en el Poder Ejecutivo

Hace exactamente seis meses el Gobierno anunció, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que avanzaría con el nombramiento de 150 jueces para cubrir el 30% de las vacantes del Poder Judicial. Sin embargo, medio año después, no envió ningún pliego al Senado.
“Estamos en proceso de envío inmediato al Senado”, dijo hoy una alta fuente del Ministerio de Justicia cuando LA NACION consultó por las razones de la demora. “En breve arrancamos, viene bien”, agregó un vocero autorizado del Gobierno. Aunque no supo decir cuando. “Están en estudio final, vamos por etapas. Los enviaremos a la brevedad”, sumó otra voz de peso en el Ministerio.
Hoy, las ternas de candidatos a jueces que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo ya no son 150, como hace seis meses, sino 184.
Los cargos a cubrir cuyos pliegos están en manos del Gobierno no son los mas sensibles del Poder Judicial. Los pliegos que están retenidos son de jueces civiles, laborales, federales del interior, camaristas del interior, de tribunales orales federales del interior, jueces contenciosos y algunos del tribunal de defensa de la competencia.
No incluyen los estratégicos candidatos de los juzgados federales de Comodoro Py (cuatro vacantes), de la Cámara Federal (dos cargos), de la Cámara de Casación Penal (tres vacantes). Esos concursos están en trámite en el Consejo de la Magistratura.
Para cubrir cada cargo, el Consejo de la Magistratura hizo concursos tomó exámenes escritos, hizo entrevistas personales y votó el envío de tres nombres al Poder Ejecutivo para cada vacante. El presidente Javier Milei debe elegir uno de los nombres de cada terna y enviarlo al Senado, donde el nombre del juez propuesto obtendrá acuerdo por mayoría o no.
El proceso es en general producto de una negociación política donde el oficialismo y los partidos de oposición acuerdan dar apoyo a determinados candidatos según los deseos de cada bloque, y de los gobernadores.
La conversación sobre estos 150 nombres (hoy 184) estuvo en un momento atada a los votos para aprobar los nombres de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte, por lo que una negociación tan amplia nunca prospero y demoró los nombramientos.
El 6 de noviembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se pararon en la sala de conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: “El gobierno nacional enviará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuiteó, “La casta dejó una justicia vacía, sin jueces ni fiscales. Como consecuencia, los criminales no van presos y los corruptos no son condenados. Para solucionar la crisis que heredamos, en esta primera etapa enviaremos 150 pliegos al Senado para cubrir las vacantes”
Adorni sostuvo: “Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos, los que protegen el derecho de propiedad, los que median en un conflicto laboral, los que emiten sentencia sobre el embargo una empresa, los que deciden si un niño huérfano va a encontrar una familia”.
“Por eso es tan importante esta medida, que además es inédita porque supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri”, dijo.
Amerio abundó “desde el inicio de esta gestión el gobierno del presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país”.
“Este gobierno recibió una Justicia con una vacancia del 30% en jueces, y casi 50% de vacancias de fiscales. Es decir, que 1 de cada 3 juzgados no tiene juez y 1 de cada 2 fiscalías no tiene un fiscal. Además, hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios, como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018”, agregó Amerio.
“Es imposible que el sistema funcione correctamente; uno de los problemas centrales de la justicia es la demora en la resolución de causas. Esto afecta a los argentinos de bien que esperan durante años que la justicia actúe y les dé una respuesta. Los juicios hoy son interminables porque los juzgados no dan abasto con la cantidad de causas que tienen, principalmente porque no hay jueces designados para que el que comete un delito vaya preso”, añadió.
Y reconoció que la falta de jueces “ha sido motivo de preocupación en informes de organismos internacionales, como la OCDE y el GAFI”.
“En el ámbito del Ministerio de Justicia están siendo analizadas 241 vacantes de jueces, fiscales y defensores, de las cuales 228 ya han cumplido el procedimiento administrativo correspondiente y están en condiciones de ser remitidas al Congreso de la Nación. Con la mayor brevedad posible, se enviarán al Senado los pliegos”, prometió entonces Amerio.
Explicó que en los 1002 juzgados nacionales y federales hay 311 vacancias. También, que en las 368 fiscalías federales hay 161 cargos vacantes. Y que de los 265 cargos de defensores, 80 no tienen titular.