El Gobierno analiza dividir y enviar los pliegos antes de las elecciones de octubre

Ante la presión para cubrir los cientos de cargos pendientes en la Justicia, el Gobierno analiza adelantar el envío de los pliegos al Senado antes de las elecciones nacionales de octubre, inclusive la de los nuevos candidatos para la Corte Suprema de Justicia.

Según pudo averiguar El Cronista de altas fuentes de la cartera de Justicia, la reforma que se cocina en el salón Martín Fierro implica, por un lado, una batería de pliegos que incluye a los 232 cargos de defensores, fiscales y jueces federales pendientes de nombramiento y, por otro, las candidaturas para integrar el máximo tribunal. "Todo junto no, después se traba", reconocieron.

El asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, retomarán este segundo round con el Senado tras la derrota histórica por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. Durante las conversaciones que se llevaron a cabo en la previa de enero y febrero en Balcarce 50 aseguraban que todas las vacantes de la Justicia estaban sobre la mesa como negociación por los Supremos, pero los otros pliegos nunca fueron presentados.

El intento fallido de la negociación en paralelo y puertas adentro tiene como antesala el amague de las sesiones extraordinarias de diciembre del 2024: durante los días previos al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en los pasillos de Casa Rosada insistían sobre la inminencia de cubrir las vacantes en la Justicia y, sin embargo, en ese primer temario no se incluyeron ni los jueces de la Corte. 

Finalmente, los pliegos del máximo tribunal tuvieron su último tránsito este año, sin éxito, y las vacantes de la Justicia federal no asomaron a ver la luz del sol.

Tras el estacazo contra Lijo y García-Mansilla, el tándem judicial del gobierno libertario cerró la persiana sobre la posibilidad de retomar el debate por los jueces de la Corte antes de ampliar su representación en la Cámara alta con las elecciones de medio término. 

Sin embargo, el vacío judicial no permite dar lugar a más postergaciones y, esta vez, quieren ir a fondo con todas las vacantes. "El 80% ya están cerradas, pero hay que terminar de pulir el esquema", precisaron las fuentes a este medio.

La presión del vacío judicial

La diferencia principal radica en que las demás vacantes requieren de una mayoría simple, mientras que para la Corte se deben reclutar dos tercios de los presentes. Todos deben pasar por la comisión de Acuerdos que preside la senadora larretista del PRO, Guadalupe Tagliaferri, a quien se le vence su banca este año y, además, figura como segunda en la lista de Horacio Rodríguez Larreta para las elecciones porteñas. 

Ella fue una estratega clave para voltear los candidatos del presidente Javier Milei en el Senado, de la mano del radical Martín Lousteau y el sector del peronismo que comanda José Mayans, en reclamo por las designaciones por decreto.

Es decir que, si bien el interbloque de 34 de Unión por la Patria es indispensable para negociar la Corte Suprema, no lo es para el resto de los jueces. En ese sentido es que los aliados de la UCR presionan para que el Gobierno nacional apure los otros nombramientos. 

Públicamente alzó la voz el bonaerense Maximiliano Abad, quien además mantiene conversaciones con los libertarios para el armado en la provincia, mientras que Eduardo Vischi conoce el tejido interno: no solamente frecuenta el despacho de Santiago Caputo sino que también tiene su lugar en el Consejo de la Magistratura, con Amerio como representante del Ejecutivo y presidente de la comisión de Administración de Finanzas.

El organismo judicial también tiene atrasos que aportan al vaciamiento de la Justicia, puesto que tiene en sus manos los concursos para cubrir más de cien cargos en juzgados clave, como Comodoro Py.

Frente a este panorama, la pelea por los jueces de la Corte Suprema difícilmente tenga lugar este año, independientemente de si el Gobierno presenta otra vez los pliegos: el peronismo le sigue reclamando a la Casa Rosada una ampliación del máximo tribunal para negociar las candidaturas, pero, según insisten en Balcarce 50, eso no tendrá lugar en el corto plazo.

Con la renovación de las Cámaras tras las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno igualmente estará lejos de los dos tercios que necesita para poder blindar a sus candidatos, aunque se acerque. Mientras tanto, la Corte mantiene un sistema de mayorías imposibilitado, con solo tres miembros, y la idea de seguir el curso con un mecanismo de reemplazo de jueces por conjueces no es un escenario sostenible para el Gobierno.