El Gobierno acusa a Red Eléctrica y los operadores privados de falta de información sobre el origen del apagón

El Gobierno da por superada la fase más crítica de la emergencia afrontada este lunes con el restablecimiento de, prácticamente, el cien por cien del suministro eléctrico en todo el territorio. Un trabajo que en el Ejecutivo consideran que se ha llevado a cabo de “manera ejemplar y en tiempo récord” tras el inédito apagón que paralizó al país. Pero aún queda por delante una tarea más compleja: saber por qué a las 12.33 del 28 de abril de 2025 en España desaparecieron “súbitamente” 15 gigavatios de la energía que se estaba produciendo. O lo que es lo mismo, el 60% de la luz que se estaba consumiendo en ese instante. Y en esa búsqueda de explicaciones chocan las posiciones de Red Eléctrica, participada en un 20% por el Estado, y de los operadores privados con la postura del propio Gobierno.

En el día después fue el presidente quien públicamente señaló hasta en tres ocasiones durante su comparecencia en la Moncloa a la posible responsabilidad “de los operadores privados”. Y quien afirmó haberse enterado “por los medios de comunicación” de las conclusiones de una investigación de Red Eléctrica que no desechó, pero que aclaró que no es suficiente. “Ojalá, espero que ese sea el diagnóstico, el de Red Eléctrica. No lo pongo en duda nada, solo digo que pongo en marcha una comisión técnica e independiente para cerciorarnos o descartar cualquier posibilidad de que haya contribuido un ciberataque a esta situación. Ojalá no sea así y sean otras hipótesis”, afirmó.

La situación, según varias fuentes gubernamentales, es enconada entre el Ejecutivo, Red Eléctrica y los operadores privados, que en la tarde de este martes se vieron las caras en la Moncloa en una cita convocada por Pedro Sánchez. El propio Sánchez fue explícito en un mensaje en sus redes sociales tras ese encuentro. Les agradeció “la labor en la pronta recuperación” del suministro. Pero les puso deberes y exigió “que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente”.

Mientras, la derecha, incluida el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo carga contra el Ejecutivo al que este martes acusó de urdir un apagón informativo tras el eléctrico y se encomendó a los populares europeos, reunidos en el cónclave de Valencia, para que las instituciones comunitarias esclarezcan lo que ha pasado.

En el Gobierno explican que, tras volcarse en las primeras horas en devolver la normalidad al país con el restablecimiento del suministro, la demanda de información concreta y exacta tanto a Red Eléctrica como a los operadores privados para ahondar en el origen de la crisis no ha sido satisfecha. Según el Ejecutivo, el comportamiento en ese sentido tanto de Red Eléctrica -cuya presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor, llegó a afirmar en una entrevista en Antena 3 Televisión en 2021 que una situación como esta no podría darse en España- como de las empresas privadas es idéntico: negar que la causa tenga relación alguna con sus redes, estaciones o subestaciones y eludir cualquier responsabilidad sin aportar más datos.

Según varios miembros del Gobierno, existe un profundo malestar en la Moncloa por esa actitud de Red Eléctrica, que califican de “connivencia” con las operadoras y que esas mismas fuentes achacan a un intento de defenderse de futuras responsabilidades. E incluso apuntan en esa línea a que varios directivos de la compañía participada ya han reclamado asesoría legal experta ante las investigaciones y reclamaciones que sucederán al apagón.

En el fondo, lo que empieza a sobrevolar el ambiente a juicio del Gobierno es una posible batalla legal a medio plazo por el posible pago de indemnizaciones que se prevén millonarias, con un segundo país como Portugal y algunas regiones de Francia, como perjudicados. Recuerdan en el Ejecutivo, por ejemplo, el caso de una indemnización de 10 millones de euros que Endesa tuvo que abonar con la Generalitat de Catalunya por un apagón en Barcelona y que acabó resolviéndose en los tribunales. Este mismo martes, Salvador Illa anunció que la administración catalana abrirá dos expedientes informativos a Red Eléctrica y Endesa y al resto de operadores privados que operan en la comunidad para “averiguar” las causas del apagón eléctrico de este lunes y evitar que se repita.

El enfado del Gobierno alude directamente a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. A la exministra socialista le afean “no haberse puesto al frente” de la crisis durante las horas más críticas y también no haber comparecido públicamente para ofrecer explicaciones. Varias fuentes del Ejecutivo aseguran que no se trata del único choque en los últimos meses.

Durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, el propio presidente señaló de manera más explícita sus diferencias con la gestión de Red Eléctrica en las últimas horas. Sánchez descartó desechar la hipótesis de un ciberataque, aseguró haberse enterado “por los medios” de sus investigaciones y señaló directamente a los “operadores privados”, a los que hasta en tres ocasiones reclamó “responsabilidades llegado el caso”.

“La responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional. Y una vez examinados esos registros de Red eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis que, por supuesto, ya les adelanto, serán públicos”, insistió el presidente en su comparecencia.

En el Gobierno recalcan que no ponen en duda “el rigor” de las conclusiones de la compañía, pero consideran que, como parte implicada, es responsabilidad desarrollar una “investigación pública” para determinar si todo el mundo hizo lo que debía para actuar en consecuencia.

Choque con Red Eléctrica

El choque con la compañía participada por el Estado empezó el mismo lunes del apagón. Por la mañana, la comparecencia del director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, parecía despejar la confusión que luego se apoderaría de la jornada. Prieto exponía conclusiones “de carácter preliminar”, pero una de ellas era muy clara: “Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de seguridad en el centro de control de Red Eléctrica”.

Expertos del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, habían trabajado hasta la madrugada en los servidores de Red Eléctrica. La conclusión que trasladaron a los responsables del operador era que no había indicio alguno de ataque informático, según relatan a elDiario.es fuentes conocedoras de ese trabajo sobre el terreno. Según confirmó Prieto, a la conclusión de que no se había producido un ciberataque también se llegó con la colaboración del Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía, y del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cenepic), adscrito a Interior.

Pero esas certezas las disiparía después con la comparecencia pública el presidente del Gobierno, quien desde Moncloa respondía a los periodistas que había conocido la conclusión de Red Eléctrica por los medios de comunicación, que respetaba sus conclusiones –adoptadas con información del CNI– e insistía en que no se podía descartar el ciberataque. Algunas fuentes gubernamentales sostienen que una cosa es que Red Eléctrica descarte un ataque a sus sistemas y otra, que este no pudiera darse en otra fase del proceso.

Mientras comparecía Sánchez, la Audiencia Nacional informaba de que el juez de guardia, José Luis Calama, había abierto diligencias de investigación basándose en la sospecha trasladada por el propio Pedro Sánchez la jornada anterior sobre los cinco segundos en los que se habían perdido 15.000 megavatios de forma inédita.

Calama, sin haber consultado a la Fiscalía, ordenaba informes al CNI y la Policía y advertía de que es competente para investigar porque los ciberataques están catalogados como delitos de terrorismo. ¿Cómo resultaba posible que el CNI hubiera descartado a Red Eléctrica un ataque informático y que el presidente del Gobierno no lo supiera? Pedro Sánchez había sido muy contundente al referirse a los “operadores privados”, las eléctricas, para demandarles cooperación en la investigación de las causas del apagón.

Sobre la posibilidad de que el ciberataque hubiera estado dirigido a alguna de las compañías eléctricas y no a Red Eléctrica, fuentes de la seguridad del Estado consultadas por elDiario.es descartan que el apagón total hubiera podido tener su origen en el ataque a una de las compañías que prestan servicio a los ciudadanos. En el mismo sentido adelantan que el informe del CNI al juez, que ha impuesto un plazo de diez días para su presentación, descartará de forma preliminar la tesis del ciberataque.

Durante la jornada aparecía una posible explicación a la contundencia del presidente con las compañías eléctricas y no tenía que ver con la posibilidad de que hubieran recibido un ciberataque y no quisieran confesarlo. El experto del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel ofrecía varias entrevistas en las que responsabilizaba a las eléctricas del fallo que provocó el apagón. Turiel fue especialmente contundente en declaraciones a Gara: “No hubo ataque exterior, el apagón es producto de la codicia de las grandes eléctricas”. “Hay que obligar a las empresas a poner los sistemas de estabilización. Lo que ha dicho Sánchez este martes va de esto, pone el acento en donde hay que ponerlo. Hay un tema que es que no se ha invertido, pero también si la central de ciclo de gas combinado hubiera estado preparada para coger el relevo, los problemas hubieran sido más pequeños. Las tenían paradas y eso es una responsabilidad criminal”, aseguró Turiel, quien a continuación señalaba a esos responsables: “Iberdrola, Endesa, Naturgy… Las grandes energéticas son las que controlan las centrales de gas de ciclo combinado”.