El alquiler de temporada, gasolina para el alza de precios en Madrid: 10.000 euros por tres meses en un piso de Chamberí

Las webs donde encontrar un alquiler de temporada con pedigrí presentan un diseño elegante, hablan de las bondades del Madrid “castizo” y cuentan con imágenes de estancias diáfanas e iluminadas por los rayos del sol. Al pulsar en cualquiera de los pisos que albergan, sin embargo, destapan la transformación radical en el modelo de alojamiento que experimenta Madrid (como otras grandes ciudades). Así, un “piso ideal para una pareja en el barrio de Chamberí”, supone un dispendio inmediato de casi 10.000 euros por solo tres meses.

El desglose de este “piso ideal” de 65 metros cuadrados en el portal de ShMadrid incluye 1.700 euros mensuales por el arrendamiento, lo que lleva ya la cuantía a 5.100 euros. A ello se añade una “fianza mínima” de 3.400, dos meses, hasta los 8.500. Por último aparecen los “honorarios de agencia”, que son de 1.190 euros (y alcanzan los 1.700 para estancias de cinco o más meses), más IVA del 21%. En total, 1.439,90€ solo en este concepto. La suma total es por lo tanto de 9.939,90€.

Son los precios que materializan la expansión de los contratos de temporada en Madrid, una modalidad que escapa a las medidas reguladoras de la última Ley de Vivienda. Por ello, no hay una duración mínima requerida (en los habituales es de cinco años entre particulares y siete con un gran tenedor), ni subidas limitadas al 3% o el IPC. Además, permiten que los gastos de agencia u honorarios sigan repercutiendo en los inquilinos.

La falta de regulación, unida al perfil de usuario de webs como ShMadrid o Nuva Living (nómadas digitales con buena posición económica), dispara los precios en estos portales. Las desorbitadas cuantías escenifican lo que muestran los datos: Madrid es la capital española con una mayor diferencia entre el precio por metro cuadrado del alquiler de temporada (31,90 euros) frente al de larga estancia (22,10). En Barcelona, donde el tradicional es más caro (26,20 euros por metro cuadrado), el de corta duración promedia un valor menor (29,20) respecto a la capital.

Así, cada vez son más los alojamientos que se ofertan con esta fórmula y quedan fuera del mercado tradicional. Su proliferación es tal que los anuncios de este tipo de arrendamiento no dejan de crecer también en Idealista, donde en solo seis meses han pasado del 30 al 35% en todas las capitales de provincia (incluida Madrid), según los registros recabados por elDiario.es.

La marca Nuva tiene decenas de alojamientos en Lavapiés, Atocha e incluso municipios limítrofes como Pozuelo, con precios mensuales que superan los 2.000 euros y una fianza de 1.000. Respecto a Sh, el distrito Centro aglutina 18 de sus pisos ofertados, mientras que Chamberí ocupa la segunda posición con ocho. Pero llegan también a Salamanca, Retiro, Chamartín, Tetuán, Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Ciudad Lineal.

Uno de los pisos del distrito de Arganzuela, al sur de la ciudad, alcanza los 1.850 euros mensuales. Situado en el Paseo de los Melancólicos del barrio Imperial, ocupar sus 78 metros cuadrados durante tres meses supone un desembolso de 10.816,95 euros. A las tres mensualidades se unen otras dos en concepto de fianza y 1.295 euros más IVA como honorarios de la agencia.

En este sentido, el propio portal inmobiliario incluye una pequeña pestaña con la pregunta “¿por qué pagar honorarios de agencia?”. Al pulsar, un desplegable con siete apartados destaca aspectos como “servicio y transparencia”, la posibilidad de contar con un “gestor personalizado”, el “amplio horario de atención”, la “facilidad de pago”, la “calidad y diversidad de los pisos”, su “web optimizada” o un blog en el que “cada día más de 50 personas están trabajando para recoger las últimas tendencias de Madrid”.

Estas justificaciones no convencen al movimiento por la vivienda y en defensa de los derechos de inquilinos. Para Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, se trata de “una práctica cada vez más común entre los rentistas que buscan eludir la ley y maximizar sus beneficios”.

La otra vertiente del alquiler de temporada: desprotección para los más vulnerables

A la par que los portales dirigidos a nómadas digitales y otros ocupantes de corta estancia inflan los precios de las viviendas, el alquiler de temporada es el último recurso para un perfil muy distinto de inquilino. Personas migrantes o vulnerables que no logran acceder a los arrendamientos tradicionales y se ven abocados a este modelo de menor regulación, mayores abusos y escasa protección.

“Incrementa la bola de la precariedad y el bucle de la desigualdad”, resume una integrante de la Organización de Vivienda de Tetuán que durante años vivió en un piso con uno de estos contratos. La mujer, que prefiere no dar su nombre, abonaba una cantidad mucho menor que la de las plataformas dirigidas a un perfil de mayor poder adquisitivo: “Pagábamos unos 1.000 euros entre tres compañeros, aunque esto fue hace ya cuatro años”.

El problema viene de la absoluta inestabilidad de quienes afrontan esta modalidad de alquiler no por elección, sino como única alternativa: “La relación de poder entre rentistas e inquilinos existe siempre, pero en arrendamientos temporales es todavía mayor porque se aprovechan de la situación precaria de la gente. Una persona migrante que viene con un permiso de trabajo o no tiene NIE solo puede acceder a estos contratos. Están dirigidos a personas con situaciones especialmente vulnerables, que cuando buscan alquileres de larga estancia no pasan los seguros de impago o no dan el perfil (una frase que suele esconder un argumento racista). No es una decisión propia, te queda eso o subarrendar, que es incluso más vulnerable al no haber contrato de por medio”.

“El truco es que estos contratos no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino por el Código Civil. La LAU te protege con márgenes de preaviso, algo que no sucede con el de habitaciones temporal. De un año prorrogable a cinco en el alquiler de larga estancia, aquí se pasa a la temporalidad y la renovación que quiera el casero. En la práctica, ese contrato no se renueva, como inquilina he seguido pagando mensualidades mientras el único papel que he tenido ha sido el primer contrato, que duraba un año y ya estaba caducado”, cuenta.

La relación de poder entre rentistas e inquilinos existe siempre, pero en alquileres de temporada es mayor porque se aprovechan de la situación precaria de la gente. Una persona migrante que no tiene NIE solo puede acceder a estos contratos.

“Sientes que el dueño puede hacer contigo lo que quiera, ponerlo turístico de forma inminente y echarte más fácilmente”, dice. Ella consiguió pasar de uno de estos alquileres de temporada al de larga estancia en la misma vivienda donde residía. Fue previo aumento, eso sí, de un 20% en la mensualidad entre el fin de un contrato y la firma del otro.

Apostilla que “no es solo un problema de la juventud, cada vez vemos más personas mayores que alquilan habitaciones por temporada y les renuevan cada dos o tres meses, con la inquietud que eso les genera”. Una fórmula de la que “los co-livings también se aprovechan, en Tetuán no dejan de proliferar”.

Critica igualmente “la frialdad de un proceso en el que ni conoces a la propiedad, todo es gestión virtual”. Y añade: “Si a esto le unes que la temporalidad deja vía libre a empresas y rentistas, te encuentras con casos de personas que han recibido avisos de expulsión con dos semanas de antelación, después de cuatro años de relación constante y exclusivamente telemática con sus caseros”. Apunta por ello a una vulnerabilidad que no es solo económica: “También si pasa algo en el piso, necesitas algún arreglo o no puedes acceder a la vivienda por un fallo informático. Muchas veces no hay ni un teléfono al que acudir”.

Pablo Pérez denuncia “la inseguridad de estos alquileres a largo plazo disfrazados de temporales”. Cree que esta herramienta “se está usando de manera fraudulenta para deshacerse rápidamente de los inquilinos, a costa de su seguridad y su estabilidad si no cumplen las expectativas de los caseros”. Habla de una modalidad “abusiva en la que asumen gastos injustificados como el mes de agencia”. Asimismo, “desprotege a quienes viven de alquiler porque pueden ser desahuciados sin previo aviso”. Aboga porque estén regulados “como mínimo por la Ley de Arrendamientos Urbanos, en vez del Código Civil”. Su conclusión es que el alquiler de temporada “se ha convertido en una trampa para las inquilinas”.

En septiembre de 2024, movimientos sociales por el derecho a la vivienda encabezados por el Sindicato de Inquilinas llevaron al Congreso una iniciativa para regular los alquileres de temporada, pero la tumbaron PP, Vox, Junts y UPN. Fue una de las gotas que colmó la paciencia de estas organizaciones, convocantes de la gran manifestación por la vivienda del 5 de abril.

El Gobierno había anunciado antes, en julio, que limitaría los alquileres de temporada para terminar con el “fraude”. No ha sido hasta este enero cuando ha puesto en marcha una ventanilla única digital, un registro que los propietarios que decidan dedicar sus viviendas a uso turístico o temporal deben incluirlo en los anuncios y, en este último caso, justificar la temporalidad. Sin embargo, la herramienta del Ministerio de Vivienda no será obligatoria hasta julio y hasta la fecha no ha tenido ningún poder disuasorio.