Un juzgado investiga una presunta falsificación de parches desfibriladores para niños en ambulancias canarias

El Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a cinco personas por presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental en relación con irregularidades detectadas en material intervenido en ambulancias de la isla. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2023 ante la Policía Nacional por un trabajador de Tasisa, empresa adjudicataria de varios lotes licitados en el último concurso de transporte sanitario urgente en Canarias.

Las cinco personas investigadas hasta la fecha en esta causa son el responsable comercial, la apoderada y un administrativo de Tasisa y dos gestores de la farmacia donde esta empresa suele adquirir los medicamentos. A esta adjudicataria del servicio de ambulancias también se le imputan delitos contra la salud pública, al igual que a Global Technical Supplies, proveedora de productos sanitarios de Tasisa.

El denunciante es delegado de prevención del Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (SITES). Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan al 20 de julio de 2023. Al incorporarse a su turno, este técnico fue informado por la dotación saliente de la ambulancia de que se había encontrado una etiqueta presuntamente falsificada en un parche desfibrilador de la marca ZOLL, usado para la reanimación cardiopulmonar de niños y niñas de hasta ocho años.

En la etiqueta del embalaje figuraba el 5 de mayo de 2028 como fecha de caducidad del parche desfibrilador, aunque los datos estaban “medio borrosos”. Por ello, los trabajadores decidieron despegar la etiqueta por el lado inferior derecho y observaron restos de una anterior que había sido arrancada. No era legible, pero en la parte trasera había otra etiqueta, esta de color azul, con una fecha diferente, la de caducidad original: el 5 de diciembre de 2022. 

El denunciante sospechaba que algún responsable de la empresa había falsificado la etiqueta para no desechar parches desfibriladores que llevaban medio año caducados. Este material de uso pediátrico tiene un coste unitario de entre 89 y 100 euros y una vida útil estimada de dos años, según recogen diferentes páginas de venta de estos productos, mientras que la etiqueta presuntamente manipulada tenía una caducidad de cinco.

Antes de presentar la denuncia, este trabajador revisó las cajas de repuestos guardadas en la base de las ambulancias y encontró otros dos parches “en similares circunstancias”, aunque en este caso sin la fecha de caducidad original, y puso los hechos en conocimiento de un responsable de su empresa. Aunque en un primer momento, según la versión recogida en el atestado policial, Tasisa le informó de que abriría una investigación interna, hasta el momento de la denuncia (más de un mes después del hallazgo) el delegado de prevención del sindicato SITES no había obtenido respuesta ni explicación alguna de lo sucedido, ni por parte de esta empresa ni por parte de su matriz, la multinacional Health Transportation Group (HTGroup).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y solicitó a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), responsable del servicio de ambulancias, un listado con las revisiones realizadas entre junio de 2020 y octubre de 2023 a los doce vehículos con los que Tasisa presta servicios al SUC en la isla de Gran Canaria (diez de soporte vital básico, una medicalizada y una sanitarizada), así como las facturas de compra de material médico. 

En un oficio inicial, la UDEF había advertido de que los hechos contenidos en la denuncia podían ser constitutivos de un delito contra la salud pública, “en virtud del riesgo grave contra la salud/vida que se estaría ocasionando a niños” de hasta ocho años, “toda vez que la alteración realizada sobre los parches (usados para reanimar a menores en caso de parada) conllevaría que terceros desconocedores utilizasen esos repuestos sanitarios durante un servicio urgente y de asistencia prioritaria”. 

A finales de noviembre de 2023 y tras recibir autorización judicial, la UDEF registró las oficinas de Tasisa en Las Palmas de Gran Canaria y el cuarto del equipo de ambulancias medicalizadas del 1-1-2 situado en la cuarta planta del Hospital Insular de Gran Canaria. En esa actuación, la Policía detectó “innumerables carencias y anomalías” tanto en ambulancias de soporte vital básico como en las medicalizadas y sanitarizadas de Tasisa.

En un informe remitido al juzgado en abril de 2024, la UDEF constata la existencia de medicinas caducadas o deterioradas, entre ellas otros parches desfibriladores pediátricos; de fármacos con menos principio activo del fijado en las bases del concurso, o de importantes “lagunas terapéuticas”. Es decir, medicamentos o repuestos sanitarios que no estaban en las ambulancias ni en las bases pese a que debían estar o que no funcionaban y podían provocar “peligro para la vida de los pacientes”. 

A modo de ejemplo, los investigadores aludían a “la habitual insuficiencia o escasez de insulina” en los recursos de transporte sanitario. Esta carencia ya había sido advertida por la empresa pública responsable del servicio, GSC, desde la inspección realizada el primer trimestre de 2021. A pesar de ello, esta “carestía” persistió en las ambulancias durante los años siguientes. Según las facturas cotejadas por la UDEF, la empresa adquiría “muy pocas unidades” para abastecer los recursos. “A las ambulancias no se les habría dotado de esta medicina importante para determinadas personas durante más de medio año en 2021”, recoge la unidad especializada de la Policía Nacional en su último informe.  

Controles “extremadamente relajados y apáticos”

En las conclusiones de ese informe, los investigadores señalan que los controles de la empresa pública GSC sobre la adjudicataria del servicio han sido “extremadamente relajados y apáticos”. En tres años se habían realizado un total de 51 inspecciones sobre diez ambulancias de tipo B (soporte vital básico) y sólo una revisión a un recurso de tipo C (medicalizado), mientras que el otro nunca había sido analizado. En total, la administración había impuesto a Tasisa en penalización por esos incumplimientos de contrato un total de 23.900 euros. Según los cálculos de la UDEF, esa cifra debió ascender al menos a 39.100 euros, según el baremo de sanciones previstas en las bases del concurso convocado en 2019. 

La UDEF señala en ese informe que las irregularidades detectadas desde las primeras inspecciones, “lejos de haber sido subsanadas”, se fueron repitiendo en los años posteriores, “perdurando en los diferentes recursos”. “Resulta sorprendente que una ambulancia tipo C (medicalizada o sanitarizada) sólo fue objeto de una inspección (en diciembre de 2020) en la que fueron halladas 106 carencias, entre medicación diversa y material fungible, y a pesar de ello no volvió a ser revisada a fin de comprobar que todos esos defectos hubieran sido solventados”. 

En las inspecciones a las ambulancias de soporte vital básico se había detectado la falta recurrente de botellas de oxígeno portátil adaptada a la mochila para el transporte de material respiratorio, de medicamentos como la insulina u otros utilizados con fines anestésicos o de cuidados intensivos, de material fungible (campos estériles, mascarillas, apósitos, pinzas…), en ocasiones también de monitores de constantes vitales portátiles o de parches pediátricos para el desfibrilador. “Las ambulancias de soporte vital básico y las medicalizadas, en su función de eslabones trascendentales en la cadena de atención médica, vienen presentando innumerables carencias y anomalías asociadas a sus servicios diarios y que los responsables de Tasisa han ido perpetuando”, señala la UDEF. 

Los investigadores también solicitaron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) un informe sobre la peligrosidad de los fármacos caducados intervenidos durante el registro a la empresa. En el caso de los parches pediátricos, la agencia explica que su caducidad comporta “un riesgo muy grave para la salud, ya que la desfibrilación es un tratamiento utilizado en situaciones potencialmente mortales para el paciente, y en el caso de que los productos estén caducados no se puede asegurar su correcto funcionamiento, lo que en estas situaciones podría resultar crítico”. 

Además de la pérdida de eficacia de los medicamentos caducados, en algunos casos de fármacos de estrecho margen terapéutico (intervalo en el que cabe esperar una respuesta adecuada sin toxicidad) “una mínima variación en la dosis podría producir efectos no deseados en el paciente”, señala ese mismo informe de la AEMPS. En mayo del año pasado, el juez envió un oficio al Instituto de Medicina Legal para que determine, a partir del último escrito de la UDEF, si existe un riesgo grave para la salud de los pacientes por las irregularidades detectadas en las ambulancias de esta empresa en Gran Canaria. 

Por su parte, la empresa pública GSC ya ha aportado el expediente de las auditorías practicadas a esos recursos por la comisión de seguimiento del servicio de transporte sanitario urgente. En el concurso de 2020, Tasisa resultó adjudicataria de uno de los lotes licitados en la isla de Gran Canaria (la zona 2) por un importe de 11 millones de euros por tres años (de finales de 2020 a finales de 2023), mientras que Iscan se hizo con las otras dos zonas por un total de 28,3 millones. Esos contratos ya han sido prorrogados en dos ocasiones. En el caso de Tasisa, por 3,6 millones de euros el primer año y por 3,7 el segundo.

En la isla de Tenerife, la empresa ahora investigada por un presunto delito de salud pública fue la adjudicataria de los lotes correspondientes a las tres zonas por un total de 37 millones de euros. Esos contratos también han sido prorrogados.

Desde la empresa han preferido no hacer ningún tipo de valoración hasta el momento, ya que los investigados aún no han prestado declaración (se acogieron a su derecho a no hacerlo ante la Policía y la citación con el juez ha sido suspendida hasta junio).