Cárceles sin privilegios
Los centros de estudiantes universitarios son usinas en las que se despliegan iniciativas y se forjan vocaciones valiosas. Tal vez pocos sepan que también funcionan en contextos de encierro, aun cuando el derecho a asociarse a ellos no se encuentre reconocido normativamente cuando la educación se brinda en contextos carcelarios. El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso recientemente no habilitar el funcionamiento de aquellos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Se sostuvo que, con el pretexto de cumplir supuestas tareas inherentes a tal función, los internos permanecen en los centros educativos de lunes a viernes en extensas franjas horarias que exceden los horarios de cursada. La asistencia y la prolongada permanencia en esos centros “impiden que se realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”. El rechazo de los reclusos del Centro de Estudiantes Universitarios de Devoto (CUD) no tardó en llegar. Las batucadas y la quema de sábanas en las ventanas que dan a la calle fueron la manifestación de encendidas protestas en un barrio que ve cómo se dilatan las promesas de mudanza de esa cárcel. Unos 75 internos rechazaron formalmente la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich, medida que afecta también a los presos de otros centros que funcionan en unidades penitenciarias dentro del Programa UBA XXI.El CUD recurrió a la Procuración Penitenciaria de la Nación y a la Comisión de Cárceles, que presentaron un habeas corpus para sostener que los centros están reconocidos como tales y que la medida “agrava de manera ilegítima las condiciones de detención”, como limitante también a la reinserción. La acción fue rechazada por el Juzgado Federal Nº 1, subrogado por el juez Sebastián Ramos. Un abogado recibido en Devoto explicó que la resolución deja a los internos sin el espacio en el que pueden consultar la biblioteca o usar una computadora para hacer un trabajo práctico, y en el que los estudiantes más avanzados brindan, además, clases de apoyo a sus compañeros. El planteo podría tener alguna validez en un ámbito extracarcelario, pero hablamos de concesiones de excepcionalidad que no necesariamente deben asociarse a quienes purgan condenas. Desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios se aclaró que de ninguna manera se busca afectar el derecho a la educación de quienes están privados de su libertad. Argumentan que quienes permanecen en los centros de estudiantes se sustraen del tratamiento penitenciario, generando una desigualdad con el resto de los reclusos, y que hay radicadas al menos tres causas penales por venta de estupefacientes en el CUD. Acceder a una educación superior o al aprendizaje de oficios mientras se paga en la cárcel por los delitos cometidos es de por sí un valioso beneficio de cara a la reinserción, pero no justifica ninguna otra forma de privilegio. Pensar que la realidad carcelaria y la vida en libertad pueden asimilarse es un error. Años de doctrinas garantistas que permitieron liberar reos en tiempos de pandemia han conducido a una subversión de valores que la cordura y la sensatez deben volver a su lugar, como el uso de celulares en las cárceles. La política penitenciaria ha entrado sanamente en revisión. El Estado debe ofrecer la posibilidad de educarse, trabajar y encontrar un camino distinto al delictivo para la resocialización de los presos, pero sin exceptuarlos de las tareas o las condiciones que les son propias sin diferenciaciones injustificadas.
Los centros de estudiantes universitarios son usinas en las que se despliegan iniciativas y se forjan vocaciones valiosas. Tal vez pocos sepan que también funcionan en contextos de encierro, aun cuando el derecho a asociarse a ellos no se encuentre reconocido normativamente cuando la educación se brinda en contextos carcelarios. El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso recientemente no habilitar el funcionamiento de aquellos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
Se sostuvo que, con el pretexto de cumplir supuestas tareas inherentes a tal función, los internos permanecen en los centros educativos de lunes a viernes en extensas franjas horarias que exceden los horarios de cursada. La asistencia y la prolongada permanencia en esos centros “impiden que se realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”.
El rechazo de los reclusos del Centro de Estudiantes Universitarios de Devoto (CUD) no tardó en llegar. Las batucadas y la quema de sábanas en las ventanas que dan a la calle fueron la manifestación de encendidas protestas en un barrio que ve cómo se dilatan las promesas de mudanza de esa cárcel. Unos 75 internos rechazaron formalmente la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich, medida que afecta también a los presos de otros centros que funcionan en unidades penitenciarias dentro del Programa UBA XXI.
El CUD recurrió a la Procuración Penitenciaria de la Nación y a la Comisión de Cárceles, que presentaron un habeas corpus para sostener que los centros están reconocidos como tales y que la medida “agrava de manera ilegítima las condiciones de detención”, como limitante también a la reinserción. La acción fue rechazada por el Juzgado Federal Nº 1, subrogado por el juez Sebastián Ramos. Un abogado recibido en Devoto explicó que la resolución deja a los internos sin el espacio en el que pueden consultar la biblioteca o usar una computadora para hacer un trabajo práctico, y en el que los estudiantes más avanzados brindan, además, clases de apoyo a sus compañeros. El planteo podría tener alguna validez en un ámbito extracarcelario, pero hablamos de concesiones de excepcionalidad que no necesariamente deben asociarse a quienes purgan condenas.
Desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios se aclaró que de ninguna manera se busca afectar el derecho a la educación de quienes están privados de su libertad. Argumentan que quienes permanecen en los centros de estudiantes se sustraen del tratamiento penitenciario, generando una desigualdad con el resto de los reclusos, y que hay radicadas al menos tres causas penales por venta de estupefacientes en el CUD.
Acceder a una educación superior o al aprendizaje de oficios mientras se paga en la cárcel por los delitos cometidos es de por sí un valioso beneficio de cara a la reinserción, pero no justifica ninguna otra forma de privilegio. Pensar que la realidad carcelaria y la vida en libertad pueden asimilarse es un error.
Años de doctrinas garantistas que permitieron liberar reos en tiempos de pandemia han conducido a una subversión de valores que la cordura y la sensatez deben volver a su lugar, como el uso de celulares en las cárceles. La política penitenciaria ha entrado sanamente en revisión. El Estado debe ofrecer la posibilidad de educarse, trabajar y encontrar un camino distinto al delictivo para la resocialización de los presos, pero sin exceptuarlos de las tareas o las condiciones que les son propias sin diferenciaciones injustificadas.
