Una asociación de damnificados de la DANA recurre a la Audiencia para imputar al presidente del Júcar

La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia, ha elevado un recurso directo de apelación a la Audiencia Provincial de Valencia para que acuerde citar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y tres responsables autonómicos de emergencias. En concreto, el ex director general Alberto Martín, el subdirector Jorge Suárez y la coordinadora Inmaculada Piles. Y revoque, de este modo, el auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la juez que instruye las diligencias del caso de la DANA de este 29 de octubre, que lo rechazaba.

Se da la circunstancia de que la magistrada que instruye las diligencias previas del caso de la DANA ya rechazó llamar a declarar en calidad de investigado a Miguel Polo, este mes de abril, tal como había solicitado la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso en escrito dirigido a la propia juez de fecha 16 de abril. En su lugar, la magistrada decidió llamar a declarar a Miguel Polo en calidad de testigo.

Con fecha 8 de mayo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra remitió a las partes un auto en que desestimaba el recurso de reforma de la citada asociación frente a la negativa de admitir una querella contra los antes mencionados. Y, en el caso de Miguel Polo, la juez argumentó entonces, entre otras cuestiones: «La ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH, así como por la posibilidad de acceso al mismo, por lo que de forma paralela no procede atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a, prácticamente, todos los cargos directivos, o no, de dicho organismo».

Ahora, en su recurso de apelación, la Asociación expone que «resulta incomprensible para esta parte que, dada la gravedad y urgencia de la situación, y estando el Sr. Polo presente en la reunión del CECOPI, no estimara necesario comunicar directamente a los allí reunidos el desbordamiento del barranco, con el objetivo de facilitar una respuesta más ágil y eficaz».

Argumenta además que «más allá de que por su organismo se remitieran e mails», la misión de Miguel Polo, al igual que la del resto «de representantes ‘técnicos’ convocados es informar a la dirección del CECOPI de los avances de la situación conforme a los datos que cada ‘técnico’ maneje en función de sus atribuciones».

Recuerda que la declaración ante la juez de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, «ha servido para confirmar la pasividad del Sr. Polo al señalar que éste no trasladó al CECOPI ni la existencia de los correos electrónicos enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar ni, mucho menos, el contenido de los mismos». Y tilda «esta omisión» de «especialmente grave si se tiene en cuenta que el Sr. Polo ostenta la presidencia de dicho organismo y, al mismo tiempo, forma parte del CECOPI, órgano encargado de coordinar la respuesta ante emergencias de esta naturaleza».

Añade que la Confederación Hidrográfica del Júcar «con pleno acceso a los datos en tiempo real a través del sistema SAIH» (Sistema de Alertas de Información Hidrológica) «debió haber activado sin dilación los protocolos de emergencia. Sin embargo, no lo hizo».

Agrega que, pese a esa situación crítica, el presidente del Júcar «actuó de forma negligente», desatendiendo el propio protocolo del organismo, que establece la obligación de comunicar a Protección Civil al rebasarse los 150 m3/s. Recuerda la Asociación también que «a ello se suma la liberación de aguas desde la presa de Forata, que elevó notablemente el volumen aguas abajo sin que se informara adecuadamente».

Y sostiene que «no resulta aceptable justificar la respuesta de la CHJ con el mero envío de correos electrónicos que recogían datos de precipitaciones sin advertir expresamente del riesgo de desbordamiento». «La obligación de este organismo iba más allá de recopilar información: debía valorar el peligro y recomendar al Comité de Dirección las medidas de protección oportunas», dice. Y se pregunta: «¿Quién era la voz de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el CECOPI? El Sr. Polo».

Añade que el papel de Miguel Polo en el CECOPI «no era meramente informativo, sino operativo. Debía impulsar decisiones basadas en los datos críticos que conocía en tiempo real». Afirma que: «Su falta de acción constituye una omisión grave de sus funciones, pues no bastaba con enviar correos: debía velar porque las medidas preventivas se aplicaran con urgencia y eficacia».