Susana Gisbert, tras la causa contra Alvise: "Si hay indemnización la donaré a inmigración, que es contra lo que él va"
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación contra el eurodiputado y líder del partido político "Se acabó la fiesta", Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, por un presunto caso de acoso a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert. La causa se abrió tras una denuncia presentada por la propia Gisbert, quien acusó a Alvise de cometer delitos de injurias contra funcionario público, coacciones y un presunto delito de odio, a raíz de un llamamiento realizado por el político a través de redes sociales instando a sus seguidores a hostigarla. Las actuaciones de Alvise no se limitaron a opiniones polémicas o comentarios críticos en estas plataformas. Según la fiscal, lo que comenzó como una campaña de descrédito se convirtió rápidamente en una avalancha coordinada de acoso. "Él instaba a sus seguidores a que me llenaran las redes, a que me persiguieran. Había una frase, que era algo así como que a ver si me violaban unos menas", relata la fiscal en una entrevista concedida a ElPlural.com. Este tipo de incitación pública generó una ola de mensajes ofensivos, que no solo afectaron a su entorno profesional, sino también a su vida personal. Asimismo, el hostigamiento tuvo consecuencias inmediatas. "Sus seguidores me torpedearon las redes sociales hasta el punto de que la cuenta de Instagram que yo tenía abierta, me la tuve que hacer privada", explica Gisbert. La presión fue tan intensa que incluso llegó a considerar en no denunciar, aunque finalmente lo hizo por recomendación directa de la Fiscalía: "Estuve planteándome si denunciaba o no, pero al final desde fiscalía me dijeron: 'Te plantees lo que te plantees, esto es un delito perseguible de oficio'". Y añade que "ha recibido muy satisfecha la noticia" de que el Alto Tribunal se abra a investigar a Alvise. El caso de Susana Gisbert tampoco es aislado. Cada vez más mujeres que ocupan cargos públicos, especialmente en el ámbito judicial, político o mediático, sufren un acoso en redes sociales significativamente superior al de sus homólogos varones. Además, en el caso de las mujeres, el acoso va más allá de la crítica legítima; se centra, en muchas ocasiones, en aspectos personales, sexuales o familiares, lo que evidencia el patrón sexista y misógino en la forma de atacar a figuras públicas femeninas. "La verdad es que fue muy desagradable y además lo que más me movió a mover ficha, fue cuando empezó a meterse gente en la cuenta de mi hija y ahí me dije 'esto no puede seguir adelante', y desde la jefatura me apoyaron en todo momento", manifiesta Gisbert. La fiscal es clara en su propósito respecto a la denuncia: "Yo quiero que se haga justicia, que le impongan la pena que corresponda y si corresponde una indemnización, la invertiré inmediatamente en donarla a una causa como la inmigración, que es contra la que él va", avanza. La legislación española contempla mecanismos para perseguir el acoso en redes sociales, sin embargo, en ocasiones...
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación contra el eurodiputado y líder del partido político "Se acabó la fiesta", Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, por un presunto caso de acoso a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert. La causa se abrió tras una denuncia presentada por la propia Gisbert, quien acusó a Alvise de cometer delitos de injurias contra funcionario público, coacciones y un presunto delito de odio, a raíz de un llamamiento realizado por el político a través de redes sociales instando a sus seguidores a hostigarla. Las actuaciones de Alvise no se limitaron a opiniones polémicas o comentarios críticos en estas plataformas. Según la fiscal, lo que comenzó como una campaña de descrédito se convirtió rápidamente en una avalancha coordinada de acoso. "Él instaba a sus seguidores a que me llenaran las redes, a que me persiguieran. Había una frase, que era algo así como que a ver si me violaban unos menas", relata la fiscal en una entrevista concedida a ElPlural.com. Este tipo de incitación pública generó una ola de mensajes ofensivos, que no solo afectaron a su entorno profesional, sino también a su vida personal. Asimismo, el hostigamiento tuvo consecuencias inmediatas. "Sus seguidores me torpedearon las redes sociales hasta el punto de que la cuenta de Instagram que yo tenía abierta, me la tuve que hacer privada", explica Gisbert. La presión fue tan intensa que incluso llegó a considerar en no denunciar, aunque finalmente lo hizo por recomendación directa de la Fiscalía: "Estuve planteándome si denunciaba o no, pero al final desde fiscalía me dijeron: 'Te plantees lo que te plantees, esto es un delito perseguible de oficio'". Y añade que "ha recibido muy satisfecha la noticia" de que el Alto Tribunal se abra a investigar a Alvise. El caso de Susana Gisbert tampoco es aislado. Cada vez más mujeres que ocupan cargos públicos, especialmente en el ámbito judicial, político o mediático, sufren un acoso en redes sociales significativamente superior al de sus homólogos varones. Además, en el caso de las mujeres, el acoso va más allá de la crítica legítima; se centra, en muchas ocasiones, en aspectos personales, sexuales o familiares, lo que evidencia el patrón sexista y misógino en la forma de atacar a figuras públicas femeninas. "La verdad es que fue muy desagradable y además lo que más me movió a mover ficha, fue cuando empezó a meterse gente en la cuenta de mi hija y ahí me dije 'esto no puede seguir adelante', y desde la jefatura me apoyaron en todo momento", manifiesta Gisbert. La fiscal es clara en su propósito respecto a la denuncia: "Yo quiero que se haga justicia, que le impongan la pena que corresponda y si corresponde una indemnización, la invertiré inmediatamente en donarla a una causa como la inmigración, que es contra la que él va", avanza. La legislación española contempla mecanismos para perseguir el acoso en redes sociales, sin embargo, en ocasiones...
