Un programa federal implementado en 2021 para asistir a quienes enfrentaban la falta de vivienda o escapaban de situaciones de violencia podría desaparecer en cuestión de meses. La iniciativa, conocida como Vales de Vivienda de Emergencia (EHV, por sus siglas en inglés), proporcionó alivio a decenas de miles de personas en todo el país. Sin embargo, los recursos destinados se agotan a un ritmo acelerado y pone en riesgo a más de 60.000 beneficiarios que hoy evidencian su preocupación.

Una red de contención que ayuda con la renta en EE.UU.

Lanzado como parte del Plan de Rescate impulsado durante la pandemia, este esquema recibió una asignación inicial de US$5.000 millones. El objetivo era brindar un respaldo inmediato a familias vulnerables. Con el aumento del costo de vida, especialmente en zonas urbanas, ese presupuesto no alcanzará para sostener la asistencia más allá del año próximo.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés) ya advirtió a los organismos administradores del programa que no deberían contar con nuevas partidas presupuestarias. De no haber una intervención legislativa que revierta la extrema situación, según señaló Chicago Tribune, miles de personas quedarían expuestas a desalojos inminentes.

Daniris Espinal, residente de Brooklyn, representa a muchas de las mujeres que encontraron en esta ayuda una salida a una vida de maltrato. Luego de escapar de una relación abusiva y enfrentar una deuda de alquiler que superaba los US$12.000, logró estabilizarse con el apoyo estatal. Hoy vive con sus hijas en un departamento por el que paga algo más de US$3.000 mensuales gracias al vale habitacional.

El impacto de perder esa asistencia va más allá de lo económico. Para Espinal, haber accedido a una vivienda segura significó también un proceso de recuperación emocional y reconstrucción personal que podría verse en jaque con una de estas políticas.

Consecuencias que podrían extenderse

Diversas organizaciones como New Destiny Housing, que colaboró con 700 sobrevivientes de violencia doméstica para acceder a estos vales, advierten sobre los efectos de un posible corte. Muchos de los beneficiarios corren el riesgo de regresar a situaciones de inseguridad, ya sea por volver a las calles o retomar vínculos dañinos por falta de alternativas.

Sonya Acosta, analista de políticas del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, lo resumió con claridad y sostuvo que detener este programa implicaría deshacer años de avances personales para miles de familias.

Una propuesta de difícil resolución

La continuidad del plan depende de que el Congreso destine nuevos fondos. Chicago Tribune marcó que la legisladora Maxine Waters propuso un refuerzo de US$8.000 millones, pero el panorama es incierto. La resistencia de sectores conservadores a expandir el gasto público complica las negociaciones. Los grupos que impulsan la defensa del programa ya anticipan una batalla difícil en un contexto, además, donde la asistencia social no es prioridad para gran parte del Congreso.

Los datos muestran una situación crítica y detrás de cada cifra hay vidas transformadas por una política que, aunque fue temporal, ofreció una oportunidad concreta de empezar de nuevo. Si no se renueva el financiamiento, el desamparo llegaría de nuevo a estas vidas.