El presidente Donald Trump emitió un memorando en el que ordena a la fiscal general Pam Bondi llevar a cabo una investigación sobre la actuación de abogados y firmas legales que participaron en litigios contra el gobierno federal. La directriz, anunciada el 21 de marzo, busca sancionar a quienes presenten demandas que el mandatario republicano considera “frívolas, irrazonables y vejatorias”, entre las que pueden incluirse planteos sobre sus políticas de inmigración.

Nuevo memorando de Trump, en línea con sus políticas migratorias más estrictas

Según el documento oficial publicado por La Casa Blanca, la medida pretende responsabilizar a profesionales de derecho que incurran en prácticas que, a criterio del gobierno, afectan la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad electoral.

El memorando establece que la Fiscalía General priorizará la búsqueda de sanciones contra abogados y bufetes que promuevan demandas sin fundamentos jurídicos sólidos. Además, contempla la aplicación de normas disciplinarias en el ejercicio profesional y la revisión de litigios ocurridos en los últimos ocho años.

Las sanciones podrían incluir la revocación de licencias, la pérdida de contratos federales y la reconsideración de autorizaciones de seguridad otorgadas a abogados que hayan representado a inmigrantes o participado en casos contra la administración federal.

La justificación de Donald Trump a la nueva medida contra abogados

Trump justificó su acción al argumentar que ciertas firmas y abogados han tergiversado hechos en tribunales para beneficiar a inmigrantes indocumentados. En ese sentido, aseguró que algunos han recomendado a sus clientes ocultar información o mentir en solicitudes de asilo.

“El sistema de inmigración está repleto de ejemplos de comportamiento inescrupuloso por parte de abogados que socavan la aplicación de las leyes migratorias”, se lee en el memorando.

La Casa Blanca citó la Regla Federal de Procedimiento Civil 11 como base para esta acción, que prohíbe demandas sin sustento jurídico y alegatos sin respaldo probatorio. “Las tergiversaciones y argumentos de mala fe saturan los tribunales y desperdician recursos de los contribuyentes”, afirma el documento.

Impacto en abogados y firmas legales

El anuncio ha generado preocupación entre abogados que defienden a inmigrantes, así como entre organizaciones de derechos humanos. Grupos que brindan asesoría legal gratuita a personas indocumentadas podrían verse afectados si el gobierno decide iniciar investigaciones o revocar permisos para ejercer la abogacía.

El memorando también mencionó a reconocidas firmas legales, como Perkins Coie y Covington & Burling, a las que se acusa de haber promovido litigios en contra de la administración federal en los últimos años.

El futuro del litigio migratorio

Si bien el gobierno argumenta que busca mayor transparencia y disciplina en el ejercicio de la abogacía, este nuevo frente de la administración Trump podría tener consecuencias en el sistema legal estadounidense.

El memorando también deja dudas sobre cuál será el criterio para determinar qué litigios serán considerados “frívolos” o “vejatorios” y cuáles simplemente representan el ejercicio legítimo de la defensa legal. Por ahora, la orden de Trump marca un nuevo capítulo en su lucha por endurecer las políticas migratorias.

Acciones previas de la administración Trump

La ofensiva contra abogados es parte de una estrategia más amplia que Trump ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente ya había cuestionado y eliminado políticas que, según él, favorecían a inmigrantes indocumentados.

Bondi también ha expresado su intención de revisar litigios migratorios de los últimos ocho años y reforzar los mecanismos para evitar que inmigrantes indocumentados accedan a beneficios legales.