Los trabajadores de las oficinas de extranjería se movilizan ante la “falta de recursos” para aplicar el nuevo reglamento

Acumulaban años de colapso pero, a partir del 20 de mayo, las oficinas de extranjería -dependientes del Ministerio de Política Territorial- su carga de trabajo aumentará aún más tras la entrada en vigor del reglamento que pretende facilitar la regularización a cientos de miles de inmigrantes. Tras años de saturación, de bloqueo de citas de extranjería y de retraso de las respuestas, los trabajadores encargados de estudiar las peticiones se movilizarán la semana que viene ante la “falta de soluciones suficientes” antes del inicio de la aplicación de la nueva normativa, cuando se prevé que se dispare la carga de trabajo. 

Comisiones Obreras ha convocado paros de dos horas, de 12:30 a 14:30 horas, en todas las oficinas de extranjería de España el próximo martes 19 de mayo, un día antes de la entrada en vigor de la normativa. La movilización busca denunciar “la insostenible sobrecarga de trabajo, la precariedad laboral de las empleadas y los empleados públicos y la nefasta gestión, que está dejando a miles de ciudadanas y ciudadanos atrapados en un laberinto burocrático sin salida”, según un comunicado del sindicato. 

Este miércoles, el Ministerio de Política Territorial anunció un plan de refuerzo de las oficinas de extranjería, con la contratación temporal de 250 efectivos y la derivación a estos departamentos de parte del personal público de nuevo ingreso, unos 500 funcionarios. Sin embargo, CCOO ve “insuficiente” la respuesta del Gobierno y ha decidido mantener la convocatoria de huelga de dos horas para el próximo 19 de mayo.

“Celebramos el aumento de personal pero es un parche, no cubre todas las plazas vacantes y no da solución al resto de reivindicaciones”, responde César Pérez Gómez, responsable de extranjería de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el Ministerio de Política Territorial y trabajador público en la oficina de Madrid.  

El plan del Gobierno pretende por un lado responder de manera coyuntural al “aumento de la carga de trabajo” previsto durante los “primeros meses” de vigencia del nuevo reglamento, según anunció el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres en un comunicado. El Ministerio incorporará en las 25 oficinas de extranjería de forma “inminente” a 250 efectivos en las 25 oficinas de extranjería, por un periodo inicial de 18 meses con posibilidad de prórroga. 

Otra de las patas del plan busca el “refuerzo estructural” de las oficinas de extranjería, para lo que Política Territorial tiene previsto que alrededor de 500 de los 1.100 funcionarios de nuevo ingreso de los grupos C1 y C2, que en los próximos meses se van a incorporar en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, sean destinados también a las Oficinas de Extranjería de todas las provincias“ con el objetivo de ”adecuarse a los retos que para los próximos años trae consigo el nuevo Reglamento de Extranjería“. 

El anuncio, que Política Territorial califica como un aumento de personal “sin precedentes”, no ha convencido a CCOO. El sindicato ha mantenido el paro convocado para el próximo martes, según ha confirmado a elDiario.es su responsable de extranjería en función pública, César Pérez. “Solo mejora la dotación de personal de las oficinas, pero se mantienen nuestras reivindicaciones: necesitamos más formación, a pocos días de la entrada en vigor el Ministerio está publicando ahora nuevas instrucciones sobre cómo aplicar el reglamento, aún no están adaptados los programas informáticos…”, cuestiona el también empleado de la oficina de extranjería de Madrid. 

El Gobierno aprobó la reforma del reglamento de extranjería el pasado mes de noviembre, pero la norma no entraría en vigor hasta seis meses después. Durante ese tiempo, el Ministerio de Inclusión planeaba realizar los ajustes necesarios para su implantación en coordinación con otros ministerios, lo que incluía la formación, el refuerzo de las oficinas de extranjería y de los consulados, aspectos claves para la puesta en práctica de la normativa. 

Aunque la dotación de 750 empleados es celebrada por CCOO, desde el sindicato consideran que, además de ser “insuficiente”, llega con retraso. “El reglamento entra en vigor el día 20. Esos trabajadores van a llegar en tres fases, poco a poco, ¿quién los va a formar? ¿qué hacemos hasta que lleguen? Han tenido 6 meses para prepararlo y lo hacen ahora, como el estudiante que se prepara el examen el día anterior”, critica Pérez, quien añade que la contratación del nuevo personal “no cubre” el 30% de plazas vacantes en extranjería.

Desde el Ministerio de Política Territorial recalcan que el plan de respuesta es “un refuerzo sin precedentes”, activado porque “el Gobierno es consciente de que la carga de trabajo va a ser mayor a partir del 20 de mayo”. Sobre el mantenimiento de las movilizaciones después del anuncio de la dotación de nuevo personal, las mismas fuentes sostienen que continúan los contactos con representantes sindicales. “La voluntad de diálogo sigue intacta”, añaden.

Las cifras presentadas por un estudio de CCOO evidencian el colapso de las oficinas. En 2024 se resolvieron 1.232.935 expedientes, pero el tiempo medio de resolución ha aumentado de los  22 días hábiles en 2024 a 47 días en 2025. En algunas provincias, como Madrid, este tiempo ha registrado un incremento mayor, pasando de 57 a 74 días hábiles; Barcelona de 64 a 76 días, y Las Palmas de 47 a 68 días, según los datos que maneja el sindicato. Más allá de las condiciones laborales de los empleados, el sindicato recuerda que la saturación impacta en los ciudadanos extranjeros, dado que las largas esperas los deja en “atrapados en un limbo burocrático”. 

Además de la “contratación urgente de personal”, los paros convocados para la semana que viene exigen “mejoras salariales” para los empleados públicos de extranjería, uno de los sectores donde existe una destacable rotación debido a sus condiciones. “Tenemos plantillas de 2006, cuando había un 62% menos de personas extranjeras, y el 30% de los puestos de trabajo están vacantes, porque muchas personas están un tiempo en estas oficinas -una media de 4 años- pero se van a organismos con mejores condiciones, como SEPE, Seguridad Social o Agencia Tributaria”, añade Gómez.

La protesta también pide “la reforma inmediata del sistema de gestión de expedientes para evitar bloqueos y retrasos inaceptables”. El sistema informático que tendrán que utilizar los empleados públicos para tramitar las peticiones de extranjería en base al nuevo reglamento aún no se encuentra disponible para los trabajadores, según ha confirmado este medio. La aplicación se activará el próximo 19 de mayo, un día antes de la entrada en vigor de la norma, por lo que los empleados no han podido familiarizarse con el sistema ni realizar prácticas, denuncian desde el sindicato.

Otra de las quejas trasladadas desde hace años por los empleados de las oficinas de extranjería tiene que ver con la disparidad en los procedimientos, así como en los criterios de decisión en el estudio de los expedientes. La denuncia es compartida por numerosos abogados especializados en inmigración que ven como sus clientes tienen más o menos posibilidades de recibir una respuesta positiva a su permiso de residencia, o se enfrentan a un tiempo mayor o menor de espera, en función de la oficina donde registre su petición. “Pedimos una auditoría interna de los procedimientos. Hay Oficinas con poco personal que funcionan muy bien, otras con mucho personal que lo hacen muy mal... Cada oficina tiene una forma de trabajar y no hay un procedimiento unificado”, afirma Gómez.