Una nueva vuelta de tuerca al negacionismo climático: ocultar que cuesta dinero

Ojos que no ven, bolsillo que no se resiente, debe pensar la administración estadounidense de Donald Trump. Tanto es así que el presidente estadounidense le ha dado una vuelta de tuerca al negacionismo climático y ha prohibido que las agencias que redactan normas o conceden autorizaciones analicen el impacto económico de las emisiones de CO2. Solo podrán hacerlo cuando esté “claramente requerido” por mandato legal.

El memorando remitido el 5 de mayo es una “guía” para aplicar la orden ejecutiva Desatando la energía estadounidense, y cuenta con el visto bueno de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Las directrices resumen: “Ya no es una política federal mantener una estimación uniforme de los impactos económicos monetizados de las emisiones de gases invernadero”. No se traducirá a dinero el daño que las emisiones hacen a la actividad económica o lo que cuesta atender a los afectados por las olas de calor, inundaciones o polución exacerbadas por la inyección masiva de gases a la atmósfera.

Solo en 2024, el país más perjudicado económicamente por los episodios meteorológicos extremos, como los huracanes Milton y Helena, fue, precisamente EEUU, con unos 60.000 millones de dólares, según el cálculo anual de la organización Christian Aid.

“Las ocasiones en las que las agencias [reguladoras] tendrán que analizar el coste económico de las emisiones de gases de efecto invernadero serán pocas o ninguna”, vaticina el documento. El objetivo declarado es “eliminar cualquier barrera (…) que restringa la capacidad de los EEUU de maximizar los beneficios de nuestros abundantes recursos materiales”. Es decir, del petróleo, el gas o el carbón, los tres combustibles fósiles que inyectan CO2 a la atmósfera al quemarse para obtener energía. EEUU es el mayor emisor histórico de CO2 –y segundo en la actualidad– .

Si esas agencias no pueden escaparse de una obligación legal ya establecida, “deberán limitar sus análisis al mínimo exigible para cumplir ese requerimiento legal”.

¿Marcará tendencia?

Tras esta reciente decisión, queda comprobar si la nueva vuelta de tuerca desde EEUU marca una tendencia –el desprecio de Donald Trump por la lucha climática ya ha arrastrado a diversas multinacionales, bancos y fondos para alinearse con sus postulados–.

Las consecuencias económicas de las emisiones de CO2 –que en última instancia derivan en el cambio climático–, “son la mayor amenaza a largo plazo para el crecimiento y la prosperidad además de tener un impacto directo en el bienestar económico de todos los países”. La frase encabeza el análisis sobre la crisis del clima de una institución como el Fondo Monetario Internacional.

Su última revisión de 2024 afirma que “es necesario un urgente recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero”. El título del trabajo da pistas y se llama: ¿Caminando sonámbulos hacia el borde del precipicio?

¿En qué se basa la administración Trump? Echa mano de lo que llama “incertidumbres demasiado grandes” a la hora de “cuantificar los impactos monetizados [calculados en cantidades de dinero]”. Incluso pone en duda “si ,y hasta qué punto, cualquier supuesto cambio en el clima está ocurriendo realmente como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los humanos”.

Evidencia acumulada de décadas

El daño económico que generan las emisiones de gases y el cambio climático tiene más dos décadas de acumulación de evidencia. El economista Nicholas Stern publicó ya en 2006 su Revisión acerca de la economía del cambio climático: la inacción podría llevar a una recesión global. Con todo, el memorando firmado en 2025 por la Casa Blanca despliega todo el arsenal negacionista o, al menos, retardista o tecnoptimista a su alcance que sirve de argumentario.

En este sentido, la guía hace referencia a la “incertidumbre para evaluar la relación entre cambios en el clima provocados por los humanos e impactos económicos”; dudas sobre “cómo proyectar el crecimiento económico de los países en el mundo”, sobre “cómo predecir el crecimiento de la población mundial”, y sobre “cómo tener en cuenta los avances tecnológicos que puedan mitigar las emisiones o facilitar la adaptación de los humanos”.

Las instituciones que vienen poniendo cifras y estudios encima de la mesa sobre la relación entre impactos climáticos y daños económicos son múltiples. El Banco Mundial considera que la crisis del clima empujará a 100 millones de personas a la pobreza en 2030. También ha advertido de que la alteración climática –que supone impactos en la meteorología– “reduce la producción agropecuaria”. Y de igual manera, “perturba las cadenas de distribución y suministro” de las que depende el comercio.

Otra organización como la Cámara de Comercio Internacional publicó en noviembre pasado que los eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático entre 2014 y 2023 habían costado 2 billones de dólares.

Estos impactos económicos “abarcan pérdidas financieras, disrupciones en las infraestructuras esenciales y consecuencias humanas a largo plazo. La interconexión hace que los daños iniciales a activos físicos e infraestructuras deriven en daños a la productividad, desplazamientos de poblaciones y presión sobre los recursos públicos”. Este proceso “subraya la carga significativa sobre las economías”.

España en el epicentro

España está en el epicentro europeo de las pérdidas económicas por fenómenos climáticos como sequías, lluvias torrenciales u olas de calor (en muchos casos empeorados por el efecto invernadero que generan los gases emitidos a la atmósfera). El Banco de España ha analizado que “la actividad económica de España sufriría caídas sustanciales” si los riesgos climáticos se materializan. El análisis, firmado por Pablo Hernández de Cos cuando estaba al frente de la institución, dice que “en un año de sequía o una ola de calor severa se produciría una ralentización notable del crecimiento económico y un aumento de la inflación”.

Solo en los dos últimos años, la sequía de 2023 y la DANA de octubre de 2024 han aparecido en la lista de los diez fenómenos atmosféricos extremos más costosos en el mundo.

El trabajo del Banco de España concluye que “el análisis económico disponible muestra los elevados costes económicos que supondría no ajustar a nivel global la senda actual de emisiones de gases” y que “el retraso en la acción aumenta tanto los costes físicos como de transición del proceso”.